Pedro Sánchez subiendo a la tribuna del Congreso, en una imagen de archivo
Le ordena repetirla
Un tribunal anula la adjudicación de las urnas de las próximas elecciones por irregular
El Gobierno ha estrenado este curso electoral con un mal presagio: un varapalo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por anormalidades en un concurso público
El curso electoral ha empezado con mal pie para el Gobierno. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que vela por la legalidad de los concursos públicos, ha anulado la adjudicación de las urnas encargadas por el Ministerio del Interior para los próximos procesos electorales.
Se trata de un contrato por valor de 1,28 millones de euros (IVA incluido) que la Dirección General de Política Interior del departamento de Fernando Grande-Marlaska adjudicó a la empresa Plasty S.A. el pasado 19 de mayo, para el aprovisionamiento de urnas para las elecciones locales, autonómicas y generales de 2023 y las que se convoquen los tres años siguientes.
En la resolución, a la que ha tenido acceso El Debate, el órgano administrativo estima que Interior –el adjudicador– excluyó del concurso de forma irregular a la firma Cafesa División Comercial S.L., una de las tres aspirantes; y se lo adjudicó a Plasty S.A. de manera arbitraria. Así que declara el concurso nulo y obliga al Ministerio a desandar el camino andado.
Ello cuando la cuenta atrás de los comicios de mayo ha comenzado y el tiempo apremia. De hecho, desde los primeros compases de este curso, en la política nacional se ha instalado un ambiente preelectoral que lo impregna todo.
La resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que orgánicamente depende del Ministerio de Hacienda aunque es independiente, ha actuado en respuesta a un recurso interpuesto por la perjudicada, Cafesa. Según la versión del Ministerio de Grande-Marlaska, durante el proceso pidió a Cafesa que le enviara más documentación y la empresa no atendió sus requerimientos, así que la excluyó del concurso.
Sin embargo, la empresa mantuvo en todo momento que no atendió tales requerimientos de Interior porque no los hubo: «NUNCA se requirió la subsanación de deficiencia alguna, NUNCA hubo requerimiento concreto hacia dicho licitador, NUNCA y POR NINGÚN MEDIO se comunicó a CAFESA DIVISION COMERCIAL, S.L que debía aportar, reformar o rectificar documento o acto alguno, por lo que es absolutamente imposible que dicho licitador no cumpliera con un supuesto requerimiento que nunca existió. Insistimos, CAFESA DIVISION COMERCIAL, S.L. ha cumplido con todos los trámites», fue lo que alegó la compañía ante el tribunal administrativo, según consta en el expediente en poder de este diario.
El TACRC considera demostrado que Cafesa tenía razón y por eso estima su recurso y anula la adjudicación: la Dirección General de Política Interior requirió documentación a la empresa, pero en ningún momento llegó a especificar cuál. «Este Tribunal observa que no se acredita por el órgano de contratación cuál era el contenido de la notificación válidamente practicada, esto es, no consta resolución/acuerdo alguno por el que se efectuara el requerimiento de conformidad con el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público», señala.
Un concurso gafado
El proceso de compra de material electoral para los próximos comicios parece gafado. El Ministerio del Interior convocó un macroconcurso en noviembre de 2021, por valor de 13,25 millones de euros, IVA incluido.
Irónicamente, fue solo unos días después de que el Gobierno de Pedro Sánchez sacara adelante sus Presupuestos Generales de 2022 en el Congreso, que supuestamente eran los de su tranquilidad (porque le permitían, o aún le permiten, agotar la legislatura aunque no fuese capaz de sacar adelante unas nuevas cuentas para 2023 y tuviera que prorrogar los de 2022).
Dada la elevadísima cuantía, la Dirección General de Política Interior lo dividió en cinco lotes: urnas de votación, casi 1,28 millones de euros; cabinas y señales de locales y mesas electorales, 3,47 millones; sobres, 5,35 millones; actas, impresos y manuales para los miembros de las mesas electorales, 2,16 millones de euros; y kits de material de oficina, algo más de 981.000 euros.
El concurso de las urnas de votación ha sido anulado, y los de otros dos lotes han quedado desiertos de momento, sin adjudicatario: el de las cabinas y señales de locales y mesas electorales; y el de los sobres. Así que por ahora lo único que tiene resulto el Ministerio del Interior son las actas, impresos y manuales para los miembros de las mesas electorales y los kits de material de oficina.
En paralelo, a finales de junio la Dirección General de Política Interior convocó otro concurso multimillonario, por valor de 39.930.000 euros, para el recuento y difusión provisional de los resultados electorales de los comicios venideros. De momento éste va aún más retrasado. En teoría, la primera noche electoral a la vista será la del 28 de mayo de 2023.
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