26 de septiembre de 2022

Oficinas de Playbol SA, la fábrica de plásticos del padre de Pedro Sánchez

Oficinas de Playbol SA, la fábrica de plásticos del padre de Pedro SánchezPaula Argüelles

Exclusiva

El padre de Sánchez pidió al juez pagar la pensión mínima a la trabajadora de Playbol que quedó incapacitada

Pedro Sánchez Fernández se negó a asumir la prestación por incapacidad permanente a una empleada suya que estuvo a punto de perder una mano en un accidente laboral

El padre del presidente del Gobierno y dueño de la fábrica de plásticos Playbol, Pedro Sánchez Fernández, solicitó al juez pagar la pensión mínima a una trabajadora suya que sufrió un accidente laboral. La Seguridad Social pidió al empresario que asumiera un 10% extra de la pensión por incapacidad, pero él se negó alegando que el accidente ocurrió por imprudencia de la víctima. Al final, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le obligó a hacerse cargo de la prestación al encontrar responsabilidad empresarial en el percance en el que la empleada estuvo a punto de perder una mano.
Como ha desvelado en exclusiva El Debate, Sánchez Fernández está condenado por un accidente laboral que tuvo lugar en su empresa en el año 2015. Por este hecho, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid le impuso dos multas de un valor total de 7.046 euros, que se opuso a pagar. En concreto, los inspectores concluyeron que el dueño de Playbol puso «en riesgo grave» la integridad física de sus trabajadores al contar con una máquina industrial «que carecía de los certificados y sistemas de seguridad obligatorios». Este aparato, una cortadora térmica modelo Arvor 1490 GGL, fue el artefacto que provocó el accidente laboral.
Tras ocurrir el accidente, el padre de Sánchez presentó una demanda a tres contra la trabajadora accidentada, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Éste último organismo estableció que la empleada de Playbol tenía que ser beneficiaria de una prestación «por incapacidad permanente total cualificada». Si bien en un primer momento se calificó el accidente como «leve», con el tiempo las secuelas de la trabajadora aumentaron y la Seguridad Social, que inicialmente estableció una pensión por «incapacidad temporal», decidió incrementar la asignación.
El Debate

Sentencia condenatoria Playbol SA (I)El Debate

La Seguridad Social estableció este aumento mediante una resolución emitida el 8 de octubre de 2018. Este cambio de criterio suponía que Sánchez Fernández, en calidad de administrador único de Playbol SA, pasara de hacerse cargo del 30 al 40% de la pensión. Así lo argumentó el juez: «Estamos ante un recargo de prestaciones impuesto a la empresa recurrente por omisión de medidas de seguridad en el accidente de trabajo sufrido el 11 de noviembre de 2015». Ese día, la empleada de Playbol estuvo a punto de perder la mano derecha al meter su brazo en la cortadora térmica para desatascar una avería.

«El mínimo legal»

Sin embargo, el padre de Sánchez se opuso a la subida del 10%. Para ello, alegó que la trabajadora había tenido el accidente por tener una actitud imprudente al coger una banqueta e introducir su mano en los rodillos con la máquina en funcionamiento. Por su parte, el juez rebatió este argumento explicando en su sentencia que, si bien el procedimiento de la víctima debía valorarse, «no excluye necesariamente la imposición del recargo de la empresa empleadora». Las pretensiones del dueño de Playbol fueron afeadas por parte del juez que le reprochó que quisiera pagar «el mínimo legal».
Playbol

Sentencia condenatoria Playbol SA (II)El Debate

El juez tumbó la tesis de la imprudencia que adujo Sánchez Fernández apuntando que en Playbol SA nadie había dado ninguna instrucción a la trabajadora sobre cómo actuar ante la situación en la que se vio inmersa. De esta manera, «no puede estrictamente calificarse como imprudencia la realización incorrecta de una operación necesaria para la continuidad de la producción en ausencia de instrucciones y criterios sobre otra forma para realizar la misma de manera segura», concluye la sentencia. El padre de Sánchez también alegó la antigüedad de la empleada en la compañía alegando que era un motivo para saber cómo proceder.

El juez confirmó el aumento de la pensión por incapacidad permanente al 40%

En efecto, la trabajadora accidentada llevaba trabajando trece años en Playbol con categoría de peón y operaria de corte. Sin embargo, el juez estableció que «en ese sentido la antigüedad de la trabajadora no es un criterio que necesariamente favorezca a la empresa, puesto que si bien pudiera revelar que por su experiencia tenía conocimiento del riesgo asumido, también puede revelar que la forma en que se produjo el accidente constituye una operativa ordinaria y habitual tolerada en el trabajo».

Las multas y la deriva judicial

El Debate ha publicado que, como consecuencia del accidente laboral, el 14 de diciembre de 2017 Inspección de Trabajo levantó un acta en la que sancionó al padre de Sánchez por la práctica de dos infracciones graves. La multa fue de 5.000 y 2.046 euros respectivamente. De manera paralela, la Consejería de Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid emitió una resolución con fecha de 18 de abril de 2018 en la que acordó confirmar el expediente sancionador. En total 7.046 euros, que el dueño de Playbol se negó a pagar y decidió judicializar.
El Debate

Sentencia condenatoria Playbol SA (III)El Debate

En un primer lugar, el asunto recayó en el Juzgado de lo Social número 35 de Madrid y Sánchez Fernández perdió. El 20 de junio de 2019, tras la celebración de los pertinentes actos procesales de tramitación y del correspondiente juicio oral, el juez dictó una sentencia desfavorable para el dueño de Playbol. Desestimó la demanda y confirmó las multas que se le habían impuesto tras el accidente laboral.
Al conocer la resolución, el dueño de Playbol presentó un recurso de suplicación y la causa llegó a la Sección Segunda de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y, de nuevo, un juez tumbó sus pretensiones. El 11 de diciembre de 2019 se volvieron a ratificar las sanciones iniciales mediante una sentencia. Además, condenó al padre del presidente del Gobierno a pagar las costas, que ascendieron a 500 euros.
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