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29 de marzo de 2024

Jaume Asens

Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en el CongresoEFE

Puigdemont y Moncloa llevan tres años negociando su regreso a España a través de Jaume Asens

Es la figura clave de la negociación por su perfil independentista, su gran influencia dentro de En Comú Podem, y su relación de confianza con Yolanda Díaz y con Colau

El 4 de junio de este año, en medio del fragor de un debate parlamentario, Gabriel Rufián le espetó a Jaume Asens: «deja de ir tanto a Waterloo», y es que el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos ha sido desde el momento de huida de Puigdemont a Bélgica el principal valedor de su regreso a España sin imputación alguna. Este mismo lunes ha defendido la necesidad de «desactivar el delito de sedición».
Durante la campaña electoral para las elecciones de diciembre de 2019 Pedro Sánchez prometió que traería a Puigdemont de vuelta a España, pero una vez comprobó que necesitaba los votos de Podemos, ERC, Bildu, etc. para lograr la investidura se olvidó de sus intenciones.
Ante la necesidad del Partido Socialista de mantener un canal de comunicación abierto con el expresidente de la Generalitat y la imposibilidad, debido a la mala relación entre las partes, que dicha correa de transmisión fuera ERC, todo el mundo dio por válido que el mensajero fue Asens.
Las reuniones y contactos entre Puigdemont y Asens, quien mantiene especial buena relación con Toni Comín, exconsejero de Sanidad de la Generalitat, actualmente eurodiputado y también huido en Bélgica, son incontables en los últimos cinco años. La primera de ellas se mantuvo el 10 de noviembre de 2017, pocos días después de la fuga a Bruselas del expresidente de la Generalitat. Asens no hace públicos todos sus encuentros con Puigdemont, pero en esa ocasión tuiteó que «es una gran idea irse a Bélgica para así internacionalizar el Procés». Lo que sí que Asens hace tras cada contacto es poner en conocimiento de Ada Colau, Yolanda Díaz –desde que fue designada sucesora de Pablo Iglesias– y Moncloa los detalles de la reunión.
En algunas ocasiones ha sido Puigdemont el encargado de difundir sus encuentros con Asens, como sucedió en mayo de 2019, cuando al finalizar una reunión el expresidente publicó en su cuenta de Twitter: «El valor del compromiso se pone a prueba cuando defiendes derechos fundamentales a pesar de la discrepancia ideológica y las incomodidades que comporta. Es lo que Jaume Asens siempre ha hecho cuando ha abordado la represión de que somos víctimas, sea yendo a las prisiones o al exilio. ¡Gracias!». Poco después, en octubre de 2019, Asens reconoció en una entrevista que había asesorado a los políticos fugados sobre su huida de España.
La relación entre el Partido Socialista y la llamada Casa de la República en Waterloo, el pretencioso chalet alejado del centro de la capital europea donde reside Puigdemont protegido de la mirada de turistas y funcionarios europeos, se ha ido engrasando los últimos años mediante la intervención de Asens y otros cargos socialistas catalanes procedentes de la Diputación de Barcelona donde el PSC y el partido de Puigdemont gobiernan juntos y donde trabaja la mujer de Puigdemont con un sueldo de 6.000 euros mensuales por realizar un programa de TV de 30 minutos semanales.
La reforma del delito de sedición parece que sea algo que ha puesto encima de la mesa ERC a cambio de dar su voto favorable a los presupuestos generales del Estado, pero la realidad es que las negociaciones a tres bandas entre Puigdemont, la Generalitat y el Gobierno ya remontan a hace más de tres años.
Asens es la figura clave de la negociación por su perfil independentista, su gran influencia dentro de En Comú Podem, partido con presencia en el Consejo de Ministros a través del Ministro de Universidades, Joan Subirats, y su relación de confianza con Yolanda Díaz y con Colau.
Asens no es un negociador imparcial, sino de parte. Su visión del tema, decantada hacía las posiciones más radicales del independentismo unilateralista quedan reflejadas en unas declaraciones recientes en la que calificó al delito de sedición de «anomalía democrática», y consideró que «la sedición no puede impedir el ejercicio de derechos fundamentales» entre los que él cuenta el de la ruptura unilateral llevada a cabo por una minoría. Ese mismo día en una entrevista en la televisión autonómica catalana, TV3 garantizó que «el Gobierno estaba comprometido con la reforma del código penal en relación a la sedición»

Apoyo al retorno sin cargos

El retorno de Puigdemont libre de toda imputación es defendido por medios de comunicación y círculos de influencia económica y social en Cataluña. El 1 de octubre de 2021, coincidiendo con el referéndum ilegal de 2017, Jordi Juan, director de La Vanguardia tituló su billete diario «No sin Puigdemont», en el texto afirmaba que «a Puigdemont se le debería buscar una salida pactada, como se hizo con Oriol Junqueras». Juan proseguía: «Pensar que se puede llegar a un acuerdo global en Catalunya sin contar con el expresidente y el resto de dirigentes huidos es no conocer bien la realidad del mundo independentista. Gustará más o menos pero no puede haber solución al conflicto en Catalunya si no se le encuentra una salida al futuro de Puigdemont».

Un debate oportuno para Puigdemont

El debate sobre la reforma del delito de sedición lanza un mensaje a la justicia europea que favorece los intereses independentistas en un momento crucial para el futuro judicial de Puigdemont y sus acompañantes de fuga.
Los próximos 24 y 25 de noviembre el Tribunal General de la Unión Europea, primera instancia del Tribunal de Luxemburgo, dirimirá primero la petición de Puigdemont y sus seguidores de protección al Parlamento Europeo frente a la perdida de inmunidad, y el 25 será una fecha clave en la que se verá la demanda contra el suplicatorio concedido por el pleno del Parlamento Europeo. Si el tribunal rechaza la demanda de Puigdemont la aplicación de la euroorden, que depende de una instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE, estaría más cerca, pero no hay duda de que los anuncios de reforma del delito de sedición crean un ambiente procesal favorable a los intereses de los prófugos.
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