Pedro Sánchez y Pere Aragonès
El plan se acelera
Sánchez y ERC pactaron por escrito en enero de 2020 el guion de la consulta catalana
Los caminos del presidente del Gobierno y de Oriol Junqueras confluirán la próxima legislatura (si Sánchez sigue) en la aprobación de un nuevo Estatut que, a su vez, abra la puerta a una consulta
La reforma del Código Penal que este jueves aprobará el pleno del Congreso ha acelerado el guion que comparten el PSOE y ERC. El lunes, los republicanos propusieron las bases de un nuevo referéndum de autodeterminación (50 % de participación, 55 % de síes); el martes, los ministros Félix Bolaños e Isabel Rodríguez negaron que vaya a producirse; y el miércoles el líder del PSC, Salvador Illa, planteó la posibilidad de una consulta pactada en Cataluña.
Es aquí donde confluirán los caminos de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras: en la aprobación de un nuevo Estatut la próxima legislatura que, a su vez, abra la puerta a una «consulta pactada». Solo para los catalanes. Si es que Sánchez sigue para entonces en la Moncloa, puesto que ésa es la condición sine qua non: el artículo 149 de la Constitución confiere al Estado la potestad exclusiva para la «autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum», de manera que sin Sánchez como presidente no hay nada que hacer. Bien lo saben los independentistas.
Todo está escrito
En realidad, está todo escrito desde el comienzo de la legislatura. En concreto, en el acuerdo que Sánchez suscribió con ERC para garantizarse la investidura, mediante la abstención de los 13 diputados de Esquerra. Fue el 2 de enero de 2020, en plena resaca de Año Nuevo. Y se plasmó en un documento titulado Acuerdo para la creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat de Catalunya para la resolución del conflicto político (puede consultarlo aquí).
En ese documento, ambas partes acordaban superar la «judicialización» de lo que calificaban como un «conflicto de naturaleza política en relación al futuro» de Cataluña. Asimismo se comprometían a constituir una «mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre gobiernos» a la mayor brevedad y también a una consulta futura: «Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político», rezaba aquel acuerdo. He ahí el quid de todo lo demás.
Fragmento del acuerdo entre el PSOE y ERC en enero de 2020
Esto último, a su vez, abría la puerta a articular nuevos «mecanismos» para encajar esa consulta en el ordenamiento jurídico español, donde a día de hoy hay un escollo con nombre propio: el Tribunal Constitucional, que en junio de 2010 anuló artículos enteros del anterior Estatut. Sería indispensable que sus magistrados validaran ese nuevo marco legal autonómico y el encaje constitucional de una consulta a los catalanes.
De ahí las prisas de Sánchez por acabar cuanto antes con la actual mayoría conservadora en el TC y cambiarla por una de izquierdas y sensible a la causa independentista. No es casualidad, en este sentido, que el Gobierno haya elegido como una de sus dos candidatos a una jurista de la cantera del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, Laura Díez. En junio, este Consejo emitió un dictamen en el que avaló por unanimidad la ley que Pere Aragonès se sacó de la manga para incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 25 % del castellano en las aulas.
Aquel acuerdo entre Sánchez y ERC fue ratificado por el Consell Nacional de los republicanos por una abrumadora mayoría del 96,4 % de los votos, dadas las ventajosas condiciones para ellos. Pero no solo: también fue bendecido por el Comité Federal del PSOE.
El plácet del PSOE
En febrero de 2020, el máximo órgano del partido entre congresos dio vía libre a Sánchez vía libre para negociar lo que creyera oportuno con Esquerra. Sin límites ni líneas rojas. «Tenemos claro lo que hemos venido a hacer: recuperar la normalidad institucional, propiciar el diálogo y afianzar el reencuentro», señaló el secretario general socialista aquel día delante de sus compañeros.
Casi tres años después de aquello, Emiliano García-Page y Javier Lambán se llevan estos días las manos a la cabeza al comprobar lo lejos que está siendo capaz de llegar el presidente. «Malversar fondos públicos para financiar un delito tan gravísimo como el de independentistas catalanes debería tener una consideración agravada», señaló este miércoles el presidente de Aragón.
También este miércoles, pero en el Parlament de Cataluña, Pere Aragonès presumió de su capacidad de persuasión sobre Sánchez, mientras Junts per Catalunya y la CUP apretaban al presidente catalán para que vuelva a la vía unilateral. Sin embargo, para ERC está resultando mucho más fructífera la vía pactada.
Por qué no será un referéndum
La fórmula para volver a poner a las urnas en Cataluña, pero esta vez de forma pactada, no puede ser la de un referéndum de autodeterminación. No en vano, ello obligaría a Sánchez a impulsar una reforma agravada de la Constitución, al afectar al Título preliminar (artículo 1.2, «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» y artículo 2, «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas»). Supondría, por lo tanto, disolver las Cortes, convocar elecciones y que el Congreso y el Senado aprobaran la reforma por mayoría de dos tercios.
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