El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, durante su entrevista en la redacción de El Debate
El Gobierno amenaza por escrito a Castilla y León si aplica las medidas provida
El Ejecutivo ha emitido un tajante comunicado en la tarde de este domingo donde advierte que aplicará todo tipo de acciones legales contra la iniciativa de que se escuchar el latido de feto y ver su ecografía
Pasadas las siete de la tarde y de un domingo. De esta manera el Gobierno de Pedro Sánchez ha amenazado por escrito a la Junta de Castilla y León de utilizar «todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición» si llega a aplicar las medidas provida anunciadas por su vicepresidente Juan García Gallardo el pasado jueves 12 de enero.
Tras la reunión del Gobierno castellano leonés del pasado jueves, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León anunció un protocolo en defensa de la vida para reducir el número de abortos en esta Comunidad. Así, las madres que acudan a la atención primaria recibirán un trámite «preferente» y «una atención psicosocial específica». Además, las madres podrán acceder durante las semanas seis y nueve a una ecografía para que se vinculen emocionalmente al bebé y puedan observar «una imagen del bebé con sus rasgos y gestos faciales, manos, dedos, pies y resto de cuerpo». Y también podrán escuchar los latidos de su corazón.
Por el contrario, al Gobierno de Pedro Sánchez no parece gustarle que exista un vínculo entre madre e hijo y mediante una nota de prensa firmada por Presidencia del Gobierno, el Ministerio que dirige Félix Bolaños, asegura que «utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo».
Mediante un comunicado, el Gobierno ha anunciado que el Ministerio de Sanidad ha enviado este mismo domingo un requerimiento oficial para «que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual que regula la interrupción del embarazo», «el cese inmediato de cualquier protocolo que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico», y «también se exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual».
«Acciones jurídicas adicionales»
No contento con «exigir» la interrupción de una acuerdo adoptado por un Gobierno, el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales», aunque no especifica a qué se refiere con lo de «adicionales». En opinión del Gobierno, «la aplicación de las medidas anunciadas por parte de la Junta de Castilla y León podrían vulnerar el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y también se extralimitan de las competencias que corresponden a esta Comunidad Autónoma».
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