Irene Montero escucha una intervención de Pedro Sánchez, el 2 de noviembre en el Congreso
En la encrucijada
Sánchez pone a Montero entre la espada y la pared: reformará la ley del 'solo sí es sí' con ella o con el PP
Los socialistas presentarán una proposición de ley en el Congreso para modificarla. Intentarán alcanzar un pacto con Unidas Podemos, pero si no se produce la decisión está tomada
La decisión de Pedro Sánchez de modificar la ley del 'solo sí es sí' para que actúe como torniquete y detenga la sangría electoral del PSOE ha puesto en pie de guerra a Podemos y, especialmente, a la ministra de Igualdad. Pero el presidente del Gobierno ya ha hecho saber a Irene Montero que la ley será reformada con o sin su colaboración: por las buenas o por las malas, situándola así entre la espada y la pared.
El grupo parlamentario socialista presentará en los próximos días una proposición de ley en el Congreso en ese sentido, que en el PSOE esperan pactar con Unidas Podemos. No obstante, seguirán adelante tanto si el socio minoritario se aviene a un acuerdo como si no. «La posición del PSOE si no se llegase a ese acuerdo está clara. Debemos corregir esos efectos indeseados», ha adelantado la portavoz socialista, Pilar Alegría, desde Ferraz.
El PSOE tiene los votos suficientes de antemano para aprobar esta modificación, puesto que Alberto Núñez Feijóo ya le ha ofrecido los de sus 88 diputados, más que suficientes. La ironía sería que Sánchez acabara enmendando la ley estrella de su socio de Gobierno con los votos del PP.
Y ese escenario es más que posible si la ministra Montero sigue tensando la cuerda. Sánchez no la va a cesar, porque un hipotético cese equivaldría a la ruptura del Ejecutivo de coalición. Pero para la titular de Igualdad sería un sapo difícilmente digerible ver su ley del solo sí es sí endurecida por acuerdo de socialistas y populares. Por eso en el PSOE confían en que entre en razón y poder cerrar esta polémica.
De momento, los morados se niegan siquiera a valorar la propuesta del Ministerio de Justicia porque afirman que es calcada a otra que presentó el PP en diciembre. De hecho, la portavoz de Podemos, Isa Serra, ha acusado este lunes a los «sectores conservadores» de «estar presionando» al PSOE para acabar con el consentimiento y, por tanto, con la espina dorsal de la norma.
«Hay jueces que han decidido aplicarla incorrectamente (en alusión a la ley), no respetar el derecho transitorio. Son una minoría», ha insistido Serra, sin cambiar un ápice el argumentario que han mantenido los morados desde que se produjo la primera revisión de condena a la baja: la ley está muy bien como está, son los jueces los que la están interpretando de forma errónea.
El consentimiento
No obstante, lo que ha salido del departamento de Pilar Llop es un borrador -adelantado por la SER- en el que Justicia propone recuperar las penas previas en los casos más graves: de uno a cinco años de cárcel cuando exista violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima y de seis a 12 cuando la agresión sea con penetración, entre otros supuestos.
Desde Ferraz, Alegría ha insistido en que en esa reforma habrá una línea roja: «No se va a tocar el artículo referido al consentimiento explícito de la mujer porque es el corazón de esta ley». Por el contrario, la idea de los socialistas pasa por «subir las penas a los agresores sexuales».
El Ministerio de Igualdad, por su parte, ha contraatacado presentando un plan de 10 medidas. Pero ninguna de ellas pasa por tocar una sola coma de la ley, sino que Montero y sus colaboradoras sugieren doblar los juzgados específicos de violencia machista, reforzar la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer y ampliar la formación de género del personal de la administración de la Justicia.
Montero sigue en sus trece. La diferencia es que, hasta ahora, Sánchez había respaldado a su ministra de Igualdad; si no por acción, al menos por omisión. Y ya no.
Su motivación, y la de los socialistas, no son los 300 agresores sexuales cuyas penas que han visto sus penas rebajadas desde que la ley del solo sí es entró en vigor, en octubre. Su motivación es el altísimo coste electoral que el PSOE está pagando por enrocarse durante casi cuatro meses.
Hasta hace solo días, tanto el presidente del Gobierno como sus ministros repetían machaconamente que no moverían ficha hasta que el Tribunal Supremo unificara doctrina: «Tenemos la confianza en que se vaya a producir esa unificación de su doctrina y que se pueda valorar la ley en su conjunto», señaló la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, cuando la ley cumplió sus tres primeros meses en vigor. El alto tribunal no ha unificado doctrina, ni a favor ni en contra de la tesis de Igualdad. Pero a Sánchez le han entrado las prisas.
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