El fiscal general pone en valor la ley del 'sí es sí' pese a que ya ha beneficiado a 500 agresores sexuales

Álvaro García Ortiz llevaba meses trabajando en silencio, en ocasiones a espaldas del Consejo Fiscal y, sobre todo, manteniendo un perfil bajo tras su primera experiencia negativa, nada más tomar posesión de su cargo, al hilo de su interpretación, cuando todavía era el Secretario Técnico de la misma, sobre la prescripción de algunos de los crímenes más terribles de ETA que, esta misma semana, recibía un indiscutibles revés de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Pese a ello, el sucesor de Dolores Delgado al frente del Ministerio Público ha comparecido este mismo jueves en el marco de la Comisión de Justicia del Senado para presentar la Memoria Anual 2021 de su Departamento para defender, entre otras cuestiones, el criterio fijado por él mismo en un decreto emitido el pasado noviembre sobre cómo aplicar la 'ley del solo sí es sí' en las revisiones de casos.

En contra de la evidencia y de los datos mayoritarios de las Audiencia Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia que, en base a la polémica norma, ya han rebajado las condenas a más de 500 agresores sexuales y pederastas, García Ortiz ha afirmado que su indicación de mantener las penas antiguas cuando sean imponibles con el nuevo texto es de «entre las distintas interpretaciones constitucionalmente posibles», «la más garantista y respetuosa con los derechos» de las víctimas y «más acorde con el espíritu de los tratados internacionales suscritos por España, particularmente, con el Convenio de Estambul».

Además, el fiscal general ha señalado que «la función del jurista no es puramente aritmética. No es, o no ha de ser, un ejercicio de automatismo. No somos meras calculadoras, debemos ser algo más. Nuestro trabajo es interpretar la norma utilizando para ello todas las herramientas legales, jurisprudenciales y hermenéuticas a nuestra disposición», ha argumentado durante su intervención de esta tarde.

«Les aseguro que no nos hemos inventado nada», ha subrayado para recordar que «la misma conclusión jurídica a la que llega el decreto fue, por ejemplo, la sostenida por nuestro Tribunal Supremo al aplicar la reforma de los delitos de terrorismo introducida por LO 2/2015 y que, como esta, carecía de un régimen transitorio expresamente previsto». Una comparación que no ha parecido la más adecuada al caso dada la corrección aplicada hace unos días a su tesis sobre la prescripción de la responsabilidad penal para los ex dirigentes de ETA a los que la Audiencia Nacional investiga -como autores mediatos- por los asesinatos del juez Querol, el de Miguel Ángel Blanco o el coche bomba del cuartel de Santa Pola, entre otros.

«Los agresores sexuales no pueden tener un tratamiento privilegiado respecto del resto de delincuentes que, a lo largo de las distintas reformas del Código Penal, han sometido sus condenas a revisión», ha concluido García Ortiz.

Cambio de paradigma del 'sí es sí'

Pese a las cifras que, en tan sólo cuatro meses ha dejado sobre la mesa, la crisis de Gobierno provocada por la necesidad urgente de reformarla y la alarma social generada por los «efectos indeseados» de la norma, el fiscal general del Estado no ha dudado en poner en valor que la 'ley del solo sí es sí' «ha supuesto un cambio de paradigma al incluir el consentimiento afirmativo como eje y elemento esencial del delito, en línea con los postulados del Convenio de Estambul, al tiempo que incorpora medidas preventivas, de protección y de reparación».

En este sentido, ha destacado que «una víctima asistida, protegida, amparada, empoderada y con recursos suficientes puede afrontar con mejores herramientas la dureza del proceso penal». Un escenario que, a su juicio, «conlleva beneficios no solo para la propia víctima, sino también para el procedimiento, pues nos asegura una prueba de cargo imprescindible para la persecución y castigo del delito, evitando espacios de impunidad».

Sin embargo, ha querido matizar que no es ajeno «al debate político, social y mediático relacionado con los aspectos punitivos de la ley y con la interpretación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable» al reo.

Defiende su criterio de la malversación

Con la misma vehemencia, García Ortiz ha reivindicado la posición fijada desde la Fiscalía General del Estado para la interpretación, en la práctica, de la reciente reforma del delito de malversación en los casos sometidos a revisión como consecuencia de la misma y para evitar «cualquier espacio de impunidad». Esto es, un nuevo escándalo de excarcelaciones y reducciones de condena para los presos condenados por corrupción política.

No en vano, en el decreto que dictó el pasado 25 de enero para «unificar criterios de actuación tras la modificación de los delitos de malversación» ha explicado que se ofrece «una interpretación de la reforma que garantiza que cualquier atentado contra los caudales públicos tenga una respuesta penal y que evita cualquier espacio de impunidad».

Y que, al mismo tiempo, están trabajando «intensamente» en «la elaboración de toda una batería de documentos y circulares que están llamadas a conformar una verdadera doctrina de la Fiscalía en materia de lucha contra la corrupción y que está previsto sean publicados en los próximos meses».

Promete «unidad de actuación»

Sobre las siempre recurrentes críticas por la falta de independencia de la Fiscalía General del Estado del Gobierno de turno y, a su vez, por la dependencia jerárquica de los miembros del Ministerio a la figura del fiscal general, García Ortiz ha defendido que esta última «debe estar al servicio de la unidad de actuación» y «de la seguridad jurídica y la igualdad de todos ante la ley», en cualquier parte del territorio del Estado. No en vano, ha incidido en que entiende esa jerarquía «como instrumento para la racionalidad jurídica, la eficiencia organizativa y la unificación de criterios».

Una nueva doctrina para «reforzar los sistemas de control y los contrapesos legales» de la Carrera Fiscal, garantizar la «autonomía de todos sus miembros» y mejorar el proceso de «toma de decisiones y de formación de criterio» del Ministerio

Para el titular del Departamento Público, si bien el Reglamento aprobado en 2022 «ha supuesto un hito para la institución», no pueden renunciar a proponer una reforma estatutaria que les confiera «un estatus de autonomía reforzada en todos los niveles: presupuestario, organizativo, normativo y formativo». «Este es el camino por el que tanto el GRECO como el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en Europa nos recomienda seguir avanzando», ha remarcado..

Para concluir, García Ortiz ha añadido que mientras llega esa reforma integral se deben impulsar las modificaciones parciales que sean pertinentes para conquistar mayores espacios de autonomía y transparencia, «así como adoptar las decisiones y las iniciativas correspondientes para, dentro del marco legal actual, potenciar nuestras capacidades de autogestión».