Malestar por la última cesión de Sánchez a Cataluña: 43 millones para renovar los coches de los Mossos
El Gobierno acordó en el primer Consejo de Ministros del curso político subvencionar la flota de vehículos de la policía autonómica, a la que otorgó por primera vez la seguridad de la Vuelta
En medio de las negociaciones para tratar de investir de nuevo presidente a Pedro Sánchez, el Gobierno acordó en el primer Consejo de Ministros del curso político, la semana pasada, subvencionar con dos subvenciones de 43 millones de euros «actuaciones de transición energética en edificaciones y en las flotas de vehículos del Cuerpo de Mossos d'Esquadra».
Este gesto se produce apenas dos años después de que el Ejecutivo catalán anunciara que iba a renovar la flota de su policía autonómica con la adquisición de 529 nuevos coches por un importe de 58,7 millones para el periodo 2024-2029, por lo que el grueso del montante correrá a cargo de caja común. Esta situación ha indignado a parte de otros cuerpos policiales, que ven un nuevo agravio comparativo y se sienten «como moneda de cambio» según el color político de los distintos gobiernos, como denuncia la Confederación Española de Policía.
«Tenemos compañeros patrullando a pie en algunas localidades porque no hay vehículos, porque no tenemos coche, porque están rotos, porque tardan muchísimo en repararlos o porque ha acabado el renting y pagamos los coches a los Mossos. Nosotros no tenemos y a ellos que no les falte de nada», lamenta, por ejemplo, David Pola, portavoz del sindicato de la Policía Nacional CEP, quien demanda un pacto de Estado de seguridad pública.
Esta subvención, que se produce cuando el PSOE y su socio preferente, Sumar, necesitan del apoyo parlamentario de los partidos independentistas catalanes Junts y ERC –que ostenta actualmente el Govern–, no ha sido el último movimiento del Ejecutivo de coalición que ha irritado a los uniformados al interpretarse como un regalo para contentar a los políticos catalanes independentistas.
Y es que durante estas mismas últimas jornadas, el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, sorprendía con la decisión de apartar a la Guardia Civil de las funciones de seguridad de la Vuelta ciclista a España 2023 a su paso por Andorra. Una competición que, además, está siendo boicoteada desde el independentismo radical, con la colocación de clavos y jabón en el firme, y con un plan para lanzar 400 litros de aceite sobre la calzada al paso del pelotón.
Una decisión, adelantada por El Debate, que para la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) es «indigna» y causa «preocupación y desconcierto» al suceder «por primera vez en la historia», según un comunicado en el que señalan que enviaron una carta a Marlaska protestando por quitarles lo que considera un «rol histórico». Un nuevo episodio de la pérdida de competencias de los dos cuerpos nacionales y que dan mayor protagonismo a una policía en manos de gobiernos que pretenden la fragmentación de España.
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