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21 de febrero de 2024

Imagen del puerto de Tarragona

La Capitanía Marítima de Tarragona, de la Dirección General de la Marina Mercante, que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha prohibido la entrada al Port de Tarragona al buque Maersk Magellan, con bandera de Singapur, por transportar hidrocarburos procedentes de un buque ruso.

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Imagen del puerto de Tarragona, uno de los lugares donde podrían traspasar las competencias a los Mossos d'EsquadraEuropa Press

Los puertos y aeropuertos podrían ser el próximo objetivo del desmantelamiento de la Guardia Civil

AUGC calcula que podría suponer «el destierro inmediato» de más de 6.000 agentes y sus familias

Un informe de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Guardia Civil desvelado por la asociación AUGC establece que debe hacerse entrega de las competencias que ostenta la Benemérita en todos los puertos de interés nacional y autonómico a la Policía Nacional. Esta medida supondría, además, que las competencias pasarían a las policías autonómicas en aquellas comunidades autónomas que tienen su propio cuerpo.
Según denuncia AUGC, el Ministerio del Interior está acelerando los trámites para «dejarlo cerrado» antes de que acabe la legislatura, «teniendo como efecto inmediato el destierro de más de 6.000 guardias civiles y sus familias de sus localidades».
Para esta asociación, «el secretario de Estado ha firmado ya la primera sentencia de muerte de la Guardia Civil, entregando la seguridad y custodia del puerto y de la frontera marítima a la Ertzaintza en el puerto de Guipúzcoa, accediendo así a las pretensiones de PNV y Bildu para terminar de sacar a la Guardia Civil del País Vasco y quedarse con todas las competencias de seguridad».

Un proceso que ya ha comenzado

Consideran que «este mecanismo se replicará en toda España, en puertos y aeropuertos, en los meses que quedan, y de espaldas a todos los partidos políticos y a la sociedad española».
En opinión de AUGC, "esta actitud para favorecer a la Policía Nacional y autonómicas, mejor posicionada en los ambientes políticos que el instituto armado, tendrá repercusiones negativas, no sólo operativas o familiares entre los agentes y sus familias, sino que supone un paso más en la salida definitiva del Estado en Cataluña y País Vasco ahora también en el control de las fronteras como reconoce el Director del Gabinete de Coordinación en su reciente informe.
Por todo ello, esta asociación de guardias civiles ya anuncia que «plantearemos todas las batallas jurídicas posibles frente a este ataque directo a los guardias civiles y sus familias».
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