Un coche de la guardia civil, atacado en los días previos al 1-O
El Gobierno redobla el desmantelamiento de la Guardia Civil en Cataluña, País Vasco y Navarra
Unidad a unidad, la presencia de la Benemérita se reduce en las autonomías donde ERC y Bildu, socios preferentes de Sánchez, tienen la llave del gobierno
El próximo 1 de abril desaparecerán los Grupos de Especialistas en Desactivación de Explosivos de Álava, Guipúzcoa, Gerona y Lérida. Será la culminación a un proceso que ya adelantó El Debate el pasado mes de octubre por el que desaparecerán casi en su totalidad en País Vasco y Cataluña uno de los grupos más experimentados, con medio siglo recién cumplido de eficacia a la hora de localizar y neutralizar explosivos y también otro tipo de armas biológicas.
Dice el Boletín Oficial de la Guardia Civil que se trata de «necesidades organizativas» y que se hace «con la finalidad de actualizar la distribución territorial». No le falta razón. Son las necesidades organizativas que requiere la concesión progresiva de competencias a las policías autonómicas que exigen los partidos independentistas, ERC y Bildu, para continuar respaldando al Gobierno de Pedro Sánchez.
Estos regalos se vieron especialmente el pasado mes de diciembre cuando Bildu pactó con el Gobierno la ejecución de un acuerdo ya firmado con los nacionalistas, la expulsión de la Guardia Civil de las carreteras navarras, a cambio del voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado.
Estas no son las únicas concesiones, ni mucho menos. Los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña, los conocidos GREIM, de dos puntos cruciales del Pirineo como son el Roncal (Navarra) y Puigcerdá (Gerona) desaparecerán. Y también por «necesidades organizativas». Tienen que dejar espacio para los grupos de rescate de montaña autonómicos, los bomberos de Navarra y los Mossos d'Esquadra en Cataluña.
Concesiones de tapadillo
Estas son las concesiones de papel, las firmadas tras los pactos, normalmente presupuestarios, que se ganan los independentistas año a año. Pero, además, las asociaciones y sindicatos policiales denuncian otro tipo de concesiones que pasan desapercibidas porque no aparecen en el Boletín Oficial, son las concesiones de tapadillo.
Así, hace casi dos años que Jucil denunció el convenio de la Dirección General de Marina Mercante con el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña para la formación de la policía autonómica de cara a asumir las competencias de vigilancia marítima.
Y también denunciaron la actitud de los gobiernos autonómicos que, ya que ellos no pueden echar a la Guardia Civil motu propio de sus regiones, al menos las marginan en otro tipo de situaciones como ocurre con las llamadas al teléfono de emergencias, donde la Benemérita y la Policía Nacional no tienen conexión directa con las salas del y tienen que esperar a que los servicios autonómicos les llamen, cosa que no hacen ya que desvían la emergencia directamente a las policías autonómicas de cada región.
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