Rescate de un parapentista en el Puig de Galatzó (Baleares) el pasado día 8
Los nacionalistas impiden el acceso de Guardia Civil y Policía Nacional al 112
Son las policías autonómicas quienes deciden si avisan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
Los gobiernos nacionalistas impiden que la Guardia Civil y la Policía Nacional tengan acceso directo a la sala de control del teléfono 112 y priorizan a las policías autonómicas. Así sucede al menos en Cataluña y País Vasco, donde gobiernan ERC y PNV respectivamente. Pero también en Navarra donde el Gobierno de la socialista María Chivite está sustentado por la marca foral del PNV, Geroa Bai.
El Real Decreto 903/1997 derivaba la gestión de la sala de control del 112 a las comunidades autónomas y son éstas las encargadas de firmar convenios con los diferentes cuerpos policiales para disponer de una sala conjunta o, al menos, para permitir su acceso a la información del 112, lo que requiere voluntad política.
El pasado mes de noviembre, el coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra, Santiago Martín, pidió que se cumpliera el acuerdo firmado hace diez años en Navarra para acceder a la sala de control del 112 y así proceder de una forma más rápida y eficaz en caso de una emergencia. «El actual procedimiento establecido para atender las emergencias impide en muchas ocasiones que el ciudadano sea atendido por el recurso policial que tiene más próximo», afirmó en unas jornadas sobre seguridad.
Cataluña y Euskadi
Este miércoles, el secretario general de la asociación de guardias civiles Jucil, Ernesto Vilariño, también pidió al ministro Marlaska que se permita el acceso al 112 de la Guardia Civil de Cataluña. «En caso de rescates en aguas exteriores, por ejemplo, los guardias civiles no son informados», explicó Vilariño.
Tampoco lo hay en el País Vasco. «Nunca nos han permitido el acceso», explican fuentes conocedoras de la situación en el País Vasco.
Voluntad política
Y voluntad no falta. O eso dicen. El propio ministro Marlaska aseguró, tras reunirse con el conseller de Interior de Cataluña Joan Ignasi Elena en noviembre, que «tanto el Ministerio del Interior como el Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña compartimos la convicción de que la cooperación y coordinación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra es imprescindible porque es eficaz y rinde valiosos beneficios a la sociedad catalana».
Un guardia civil de tráfico en sus funciones
Por ejemplo, en Navarra, cada cuerpo policial tiene su propia sala de control y solo ellos conocen la geolocalización de sus patrullas. Si un navarro llama a la sala del 112, su situación será derivada a la Policía Foral y serán éstos quienes decidan sin conocer la geolocalización de efectivos de otros cuerpos que puedan estar en mejor disposición.
A este respecto, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, afirmó hace unas semanas que «el modelo actual en Navarra funciona pero se ha constatado que es mejorable y podemos dar un paso más si avanzamos hacia la geolocalización de todas las patrullas policiales en tiempo real».
El ejemplo de Cantabria
Pero lo cierto es que herramientas de coordinación hay. Cantabria, por ejemplo, dispone desde el año pasado de una plataforma informática, sustentado en este caso por el programa Séneca de Telefónica, en la que están integrados los servicios de emergencias del Gobierno de Cantabria, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
El pasado noviembre, el trabajo conjunto del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y del GREIM de la Guardia Civil permitió el rescate de 11 personas en Cabrales
Ni tan siquiera es necesaria la presencia física que agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la sala de control del 112 que tantos sarpullidos provocan a los partidos nacionalistas. Se trata de una plataforma informática que hace que los datos que recoge el asistente del 112 sean visionados por todos los servicios de emergencia al mismo tiempo sin necesidad de que vayan pasándose los datos unos a otros.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno cántabro, Paula Fernández Viaña, aseguró que «fortalecemos el acceso universal del 112 en el marco de la normativa europea y conseguimos más coordinación operativa entre los servicios de emergencia, más agilidad, más rapidez y más eficacia».
Y el coste no es desproporcionado para un Gobierno autonómico. La inversión que supuso para el Gobierno de Cantabria la implementación de esta plataforma fue de 137.000 euros.
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