Montaje del Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Investigación
Sánchez usó una treta para no informar al Rey de posibles pactos con Puigdemont, Junqueras y Otegi
Aunque le enfadó que propusiera a Feijóo, Sánchez no comunicó a don Felipe los apoyos que podía tener y ahora alega que se lo calló porque el resultado del 23-J aún no era definitivo
Tres días después de las elecciones generales del pasado 23-J, Pedro Sánchez mantuvo su último despacho con el Rey antes de marcharse de vacaciones a las Islas Canarias y a Marruecos y, pese a presumir públicamente desde el primer momento de liderar una «mayoría social», no le informó al jefe del Estado de cómo pensaba lograrla.
El silencio de Sánchez, más llamativo si cabe por su presión posterior a la Casa Real para que no encargara la investidura al candidato más votado, el popular Alberto Núñez Feijóo, se justifica ahora en un documento oficial de la propia Moncloa con un argumento de lo más peregrino: el recuento oficial del 23-J aún no se había dado por finalizado.
En concreto, el líder socialista no informó al Rey en su despacho ordinario celebrado el 26 de julio con el jefe del Estado tras las convulsas elecciones del 23-J, y antes de marcharse de vacaciones, sobre el estado de los «posibles pactos a alcanzar» para su hipotética investidura, teniendo en cuenta «el impacto real» que los mismos «podrían tener sobre la arquitectura constitucional de nuestro actual Estado de Derecho».
Su intención de negociar con Junts y las cesiones que está dispuesto a hacer para volver a reeditar el Gobierno de coalición, entre las que se encuentra una futura amnistía para los implicados en el procés y tal vez la celebración de un referéndum en Cataluña por otros cauces distintos a los señalados por la Constitución, no ha sido un secreto precisamente guardado bajo llave en la Moncloa.
Así consta en un documento en propiedad de El Debate en el que este periódico preguntó a la Moncloa el pasado 31 de julio acerca de la posible investidura de Sánchez tras haber perdido las elecciones, dado que la misma «depende del partido liderado por el prófugo Puigdemont» y teniendo en cuenta el impacto que tales pactos podrían tener sobre el actual marco constitucional.
Sánchez no le quiso informar al Rey de sus posibles pactos, pero presionó públicamente para que no designara a Feijóo
El prófugo residente en Waterloo fue claro a este respecto, tras imponer la concesión de una amnistía y la celebración de un referéndum para la independencia de Cataluña como requisitos innegociables para que Sánchez obtuviera su apoyo.
Las preguntas formuladas por El Debate inciden en que «tales asuntos de máxima importancia debieron ser objeto de análisis pormenorizado e informar al Rey como jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia según el artículo 56 de la Constitución Española».
Sin embargo, nada de todo ello parece merecer la atención de la Moncloa. La Secretaría General de Presidencia, mediante un documento firmado el pasado 29 de agosto por la Directora de Coordinación Técnica y Jurídica de Presidencia, sostiene tras calificar las preguntas de este periódico como «situación hipotética», que no dispone de ninguna documentación remitida a la Casa Real, «comunicando o informando de los resultados de las pasadas elecciones del día 23 y, en su caso, de las actuaciones previstas por el actual presidente del Gobierno en funciones para presentarse a la sesión de investidura así como de los posibles pactos a alcanzar para ello y del impacto que en su caso los mismos pudieran ocasionar».
Y lo despacha con una excusa de lo más peregrina al señalar que «el órgano competente en la materia, la Junta Electoral Central, no había publicado el resultado electoral definitivo».
El despacho entre Sánchez y Felipe VI en la Zarzuela se celebró el pasado 26 de julio y no fue hasta el 28 cuando se llevó a cabo el recuento del voto exterior, algo que no le impidió presentarse como ganador de los comicios desde la propia noche electoral, cuando se negó incluso a felicitar al vencedor en votos, el aspirante del PP.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez
Tras la ronda de contactos del Rey con los diferentes partidos y una vez que se había constituido la Mesa del Congreso, el presidente en funciones aseguró en una rueda de prensa, que «solo hay una mayoría parlamentaria posible, una mayoría progresista liderada por el PSOE. No hay otra alternativa que reeditar un Gobierno de progreso», algo que ha sostenido desde que se celebraron los comicios.
Además, a preguntas de los periodistas acerca de la constitucionalidad de una posible amnistía que parece estar claramente sobre la mesa, aseguró que no le «corresponde decir qué es constitucional o no; afortunadamente tenemos al Tribunal Constitucional», un órgano que se cuidó de poblar de magistrados afines al PSOE, con Cándido Conde Pumpido al frente.
A esto, añadió que «el diálogo es el método, la Constitución es el marco», insistiendo en su discurso de que Cataluña está ahora mejor que en 2017 y que si es elegido presidente va a «continuar en esa senda de trabajar por la convivencia». Unas palabras que pronunció, precisamente, desde la sala de prensa de la Moncloa en lugar de hacerlo desde el Congreso de los Diputados como hicieron otros líderes parlamentarios como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo o la de Sumar, Yolanda Díaz.
Sin embargo, el monarca designó finalmente a Feijóo, como candidato a la investidura, una vez que cuatro de los potenciales apoyos de Sánchez, ERC, Bildu, Junts y el BNG, no acudieron a la cita en Zarzuela y por tanto, de manera que Sánchez no pudo decir con qué apoyos contaba para ser reelegido de nuevo presidente.
De esta forma, la Casa Real informó que elegía a Feijóo como líder del partido más votado, una vez que «no se ha constatado, hoy en día, la existencia de una mayoría suficiente» para que el PSOE pudiera formar Gobierno
La Moncloa también calla sobre los negociadores
La Moncloa también se niega a aclarar si Sánchez en persona ha mantenido contactos en las residencias presidenciales para las negociaciones en curso tras las elecciones o si ha dado orden a algún miembro del Gobierno, servidor público o también sujetos a título personal, entre los que podría figurar el propio Zapatero, para llevar a cabo las negociaciones con Puigdemont y su partido. La Moncloa se ha negado igualmente a explicar si dichos encuentros se han llevado a cabo en residencias o edificios oficiales.
También aquí, la Moncloa define igualmente las preguntas formuladas por este periódico de mera hipótesis. Sánchez ha reiterado en numerosas ocasiones que ostenta tal condición desde que es nombrado hasta su cese, actuando ahora en funciones. Su equipo ideó este argumento cuando una sentencia pionera de la Audiencia Nacional le obligó a rendir cuentas de sus múltiples viajes privados a bordo del polémico Falcon.
Para ello, argumenta que «las negociaciones para la formación de gobierno se circunscriben al ámbito de actuación de los partidos políticos en los términos recogidos en la Carta Magna, los cuales no se encuentran incluidos en el ámbito subjetivo del ejercicio del derecho de acceso a la información pública recogido en el artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno».
Fraude de ley en quebranto de la Constitución
No es la primera vez que la Moncloa trata de ignorar el derecho constitucional a obtener información de carácter público referente a la Corona y remitida desde el Gobierno, alegando que solo cuando se trata de cuestiones administrativas procede el conocimiento de asuntos de esa naturaleza.
Con el Rey llueve sobre mojado: Sánchez tampoco le informó formalmente de su política hacia Marruecos y el Sáhara
Sin embargo, la RCTBG 577/2021 de 31 de enero de 2021, firme y que no fue recurrida por el Gobierno, ordenó a este a hacer pública la información entregada al Rey sobre la crisis originada por el ingreso clandestino del líder del Frente Polisario en La Rioja, detonante de la crisis marroquí posterior.
Se negaba el acceso a una información que hasta el momento el Gobierno había ocultado alegando su carácter secreto. También fue obligado el Gobierno a informar sobre el número de despachos mantenidos por Sánchez con el jefe de Estado para informarle de todo ello.
El Gobierno fue condenado a hacer pública la información al estimarse que se trataba de asuntos de Estado, sobre los que según dispone el artículo 62.g) corresponde al Rey «Ser informado de los asuntos de Estado (…)».
Y lo hizo atendiendo a la naturaleza de la Jefatura del Ejecutivo, desempeñada por Sánchez, al señalar que «(…) cabe advertir que la información relacionada con las actividades institucionales del presidente del Gobierno en el ejercicio de sus funciones de dirección de la acción del Gobierno y representación del mismo puede considerarse que se trata de 'información pública' en los términos definidos por el artículo 13 LTAIBG».
En un sentido más concreto, si atendemos al tenor literal de la solicitud de acceso –el número de despachos mantenidos entre el presidente del Gobierno y el Rey Felipe VI, modalidad, fechas y duración– cabe apreciar que se trataría de información que, de modo razonable, estaría comprendida en la denominada agenda institucional del mismo.
Jaume Asens, Carles Puigdemont, Yolanda Díaz y Toni Comín
La Moncloa recurre una y otra vez a tratar de justificar que todo cuanto hace Sánchez lo es en tanto presidente del Gobierno, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, de manera ininterrumpida. Así ha justificado, por ejemplo, el uso del Falcon para sus viajes privados, el de las residencias oficiales invitando a amistades o el cambio de posición unilateral sobre el Sáhara sin informar de ello al Rey ni al Congreso.
La gran pregunta que cabe plantearse es si las negociaciones que se están llevado a cabo para reeditar el pacto de investidura a cambio de prebendas que vulnerarían la Constitución, a tenor de las propias manifestaciones de Puigdemont, Junqueras, Urkullu o del viaje de la vicepresidenta Yolanda Díaz para reunirse con Puigdemont en Bruselas para «normalizar» las relaciones y cerrar la investidura, asumiendo que la del candidato Feijóo escogido por el Rey estaría abocada al fracaso, no constituyen una serie de actuaciones en claro fraude de ley contra el texto constitucional.
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