El expresidente de la Generalidad Catalana y prófugo de la justicia, Carles Puigdemont
Investigación
Un asesor de Puigdemont fue interceptado pidiendo fondos a un mafioso ruso para mantener la casa de Waterloo
La Guardia Civil interceptó a Josep Lluís Alay, jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, pidiendo fondos económicos al mafioso ruso Zajari Kalashov, considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo. Esta petición de financiación, que tenía como objetivo poder seguir manteniendo la vivienda que Puigdemont usa en Bélgica, se llevó a cabo a través de un empresario ruso afincado en Barcelona. A pesar de que esta investigación policial se llevó a cabo en 2020 quedó acreditada la injerencia rusa en el referéndum ilegal del 1-O.
El Debate ha tenido acceso al informe policial que elaboraron los investigadores encargados del caso, en el que se refleja el volcado telefónico de Josep Lluís Alay, jefe de gabinete de Puigdemont. Los agentes interceptaron varios mensajes de Alay mencionando expresamente su deseo de llegar a contactar con el mafioso ruso Kalashov. En concreto, las personas a las que les comunicó el asunto fue por un lado a Alexander Dmitrenko, nexo de Puigdemont con el entorno del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y por otro Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán.
Estas comunicaciones fueron intervenidas en 2020, justo después de que la Policía detuviera a Alay tras ser identificado por los investigadores como uno de los cerebros de la trama financiera del procés. Precisamente, el objetivo de contactar con el criminal ruso era poder conseguir más fondos con los que mantener a Puigdemont en la casa de Waterloo, en Bélgica, en la que reside desde que huyó de España. Alay, de hecho, envió a sus contactos una imagen del mafioso Kalashov para que, además de que se conociera la identidad se conociera su rostro.
Los agentes plasmaron en su informe una fotografía de Kalashov acompañado de los también mafiosos rusos Vladislav Leontyev y Vyacheslav Ivankov. La imagen fue tomada en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, en 2006. Kalashov es uno de los números uno de la mafia rusa. Hasta 2014 estuvo encarcelado en España, donde se le consideró el preso más peligroso del país. Llegó a Madrid por orden de la Audiencia Nacional procedente de Dubái, donde fue detenido. Es tan peligroso que durante el vuelo estuvo custodiado durante todo el viaje por cazas militares por miedo a un secuestro de la aeronave.
Tras recibir el mensaje de Alay el 28 de agosto de 2020, Boye, abogado de Puigdemont, contestó que Kalashov «es muy peligroso». Por su parte, Alay afirma que fue el fiscal José Grinda el que intervino en su causa desde la Audiencia Nacional, quien contribuyó a su condena y que justo después lo extraditaron a Rusia. Según los agentes, lo que más molestó a Alay de la situación es que “el fiscal hizo declaraciones vinculado al Kremlin, sede de Gobierno de Putin, con la mafia rusa. Por su parte, Boye afirmó que el abogado Javier Gómez de Liaño fue clave para que se pudiera liberar al criminal ruso.
De hecho, el abogado de Puigdemont afirmó que Gómez de Liaño «ganó mucho dinero» con este trabajo jurídico. Para la Guardia Civil, el objetivo de seguir en contacto con los rusos y tratar de llegar al capo Kalashov tenía un sólo objetivo: conseguir más fondos para poder sufragar los gastos de Puigdemont en el extranjero. En la actualidad, Alay es jefe de la secretaría de la oficina que Puigdemont tiene como expresidente de la Generalitat. Esta oficina está financiada con fondos públicos, por lo que él, a día de hoy, percibe un salario mensual con cargo a los presupuestos autonómicos.
Viajes a Rusia
Los agentes, además, interceptaron un viaje de Alay a Moscú un año antes de que se produjeran estas conversaciones. La Guardia Civil logró acreditar que el trayecto fue pagado con fondos públicos. Primeramente fue abonado por la Consejería de Presidencia de la Generalitat, que después recibió el pago de la oficina de Puigdemont. En concreto, el viaje de Alay se llevó a cabo el 5 de marzo de 2019.
A diferencia de las oficinas de otros expresidentes catalanes, la de Puigdemont no tiene publicados ni su presupuesto ni qué hace con el dinero. Tan sólo se explica que el responsable de la oficina es Alay. A continuación se describen sus funciones: dirigir y organizar el personal de la oficina; controlar los actos, audiencias, visitas y viajes del expresidente; gestionar y controlar el presupuesto de la oficina; y llevar las relaciones de protocolo y prensa de Puigdemont.
A finales del mes de agosto se pronunció sobre la hipotética amnistía comentando en Twitter una publicación de Odón Elorza, ex alcalde del PSOE de San Sebastián. Olorza escribió: «No espero nada de Puigdemont ni de la cobardía política. Un político que no afronta sus responsabilidades. Ni ofrece solvencia democrática ni puede ser útil a Cataluña. Si Puigdemont permite que PP y Vox presidan el Congreso, será el final de Junts». Por su parte, Alay le respondió: «Sólo por la soberbia que gasta esta gentuza del PSOE ya merecen quedarse sin nada».
Comentarios
