Rafael Arenas, catedrático catalán de Derecho Internacional
Entrevistas Jurídicas
Rafael Arenas: «La amnistía destruye la convivencia e impone el sometimiento»
El catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona analiza, en exclusiva para El Debate, las consecuencias jurídicas del pacto PSOE-Junts
Rafael Arenas (Castrillón, Asturias, 1967) es un catedrático catalán de Derecho Internacional Privado que desarrolla su labor investigadora y docente en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Es autor de más de 150 publicaciones de temática jurídica y ha sido colaborador de varios diarios desde los que, en los últimos años, ha venido denunciando los riesgos y planes del separatismo catalán.
Ha participado activamente en la movilización de la sociedad civil desde diferentes iniciativas para compartir el relato independentista. Entre 2015 y 2016 fue presidente de Sociedad Civil Catalana, organización civil a la secesión de Cataluña. Y, en la actualidad es vicepresidente de la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano, además de cofundador -junto con la también catedrática Teresa Freixes y el ex magistrado Manuel Aragón- del Foro de Profesores, una entidad con más de 250 docentes que, en los últimos días, ha puesto en conocimiento de la autoridades europeas cómo el acuerdo alcanzado para el borrado penal del procés es incompatible con el Derecho de la UE.
Los independentistas ven en la amnistía un medio para poder seguir trabajando en su programa de desconexión de España.
Rafael Arenas
- No me ha sorprendido. Cuando en 2018 Pedro Sánchez llegó a La Moncloa gracias a los votos de los nacionalistas tuve, por unos meses, la esperanza de que la alianza entre ellos era tan solo coyuntural y que, en un plazo razonable, el PSOE desarrollaría políticas constitucionalistas en Cataluña. El hecho de que el Ministro de Asuntos Exteriores fuera Josep Borrell, uno de los que más han luchado contra el nacionalismo, alentaba esas esperanzas.
Cuando Borrell fue apartado del Gobierno y las cesiones aumentaron ya no tenía dudas de que el acuerdo entre los socialistas y los nacionalistas es estructural. El papel que jugaron los socialistas, por ejemplo, en la obstaculización de la ejecución de la sentencia del 25%, fue determinante para acabar de constatar que nada se puede esperar de ellos. En la misma noche del 23 de julio sabíamos que el acuerdo con Junts acabaría llegando y que cederían ante lo que le pidiera Carles Puigdemont.
- ¿Esperaba que las cesiones fuesen tan absolutas como han resultado finalmente?
- Sí, y mucho me temo que serán aún mayores en los próximos meses. Por ejemplo, en el documento se prevé una negociación entre el PSOE y Junts que contará con la presencia de un mediador internacional. Mucho me temo que en los próximos meses esa negociación se convertirá en una entre el Gobierno de España y el de la Generalitat con la presencia de ese mismo observador internacional. Tal como venimos denunciando varios desde hace tiempo, la Mesa de Diálogo bilateral debilita enormemente la posición de España en relación al desafío nacionalista. Si se le añade un mediador internacional la soberanía de España quedaría afectada de una manera significativa.
Hay que tener en cuenta que el documento con Junts es un acuerdo con un partido y que habiendo otro implicado, Esquerra (ERC), las auténticas cesiones las comenzaremos a ver una vez que se produzca la investidura. El documento que el PSOE ha firmado con los de Oriol Junqueras, que ha merecido menor atención que éste, ya incluía aspectos de un enorme calado como la mención a la Mesa de Diálogo entre gobiernos, por lo que el verdadero alcance de lo concedido no se percibe más que cuando se examinan conjuntamente los pactos con ERC y Junts.
En cualquier caso, él tendría que esperar a una resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía.
- ¿Considera que el hecho de que Puigdemont esté imputado por terrorismo en la AN complica su regreso a España?
- No veo en el horizonte cercano un regreso de Puigdemont a España. En primer lugar, tiene que aprobarse la Ley de Amnistía, pero una vez aprobada habría que solicitar, sobre la base de ésta, el sobreseimiento de las actuaciones que se están desarrollando en relación a él. El magistrado encargado de ello probablemente plantearía una cuestión de constitucionalidad, lo que impedirá que exista un pronunciamiento sobre dicho sobreseimiento , en tanto en cuanto no haya una decisión del Constitucional; y, por rápido que quisiera ir el Tribunal no me imagino una sentencia que se dicte en el plazo de semanas en un tema de esta magnitud.
Por supuesto, la acusación de terrorismo dificulta pero en la medida en la que todo parece indicar que la amnistía cubriría ese tipo de delitos, por los que ya están siendo investigadas varias personas que podrían beneficiarse de ella, tanto si se acusa a Puigdemont de terrorismo como si no, los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional deberían abordar ese debate; por lo que la acusación directa en relación a Puigdemont no altera los tiempos.
- Hoy hemos sabido que la Fiscalía ha salido al rescate en la Audiencia Nacional, ¿cree que hay una orden política detrás?
- No puedo saberlo pero es legítimo que haya sospechas, desde el momento en el que, por una parte, todos recordamos aquello que dijo Sánchez de: «¿Y, la Fiscalía de quién depende?. Pues eso», indicando que había una dependencia de la Fiscalía respecto al Gobierno que, en realidad, no debería existir. Por otra parte, sabemos que la Fiscalía cambió su calificación de terrorismo en relación a Puigdemont pocos días después de las elecciones generales alegando que se había producido un error. No se puede afirmar nada, pero la existencia de indicios debería llevar a explicaciones, porque si no confiamos en la actuación de la Fiscalía y acabamos viéndola como una prolongación del Gobierno, la seguridad jurídica se ve afectada.
- El verdadero ‘tsunami’ jurídico se ha producido con todos los comunicados remitidos por instituciones, entidades, asociaciones jurídicas, colegios profesionales...
- Nunca había visto una reacción así pero porque nunca nos habíamos visto enfrentados a una situación de esta gravedad. El Ejecutivo y los partidos que lo apoyan llevaban tiempo erosionando la independencia del Poder Judicial mediante críticas completamente impropiadas de las actuaciones judiciales. Estas críticas fueron denunciadas ante la Comisión Europea ya que, aunque en España esto no se percibe con la suficiente claridad, está generalmente admitido en Europa que el Gobierno no puede criticar las decisiones de los jueces de forma tal que se ponga en riesgo la confianza de la opinión pública. Existe una resolución del Consejo de Europa del año 2010 en este sentido.
Ahora se ha dado un paso más. Tras haber acusado al Tribunal Constitucional, por ejemplo, de participar en un golpe de Estado (lo que sucedió en diciembre de 2022, cuando el Tribunal Constitucional paralizó la tramitación por vía de enmienda de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), ahora se asume como principio la desjudialización; esto es, limitar el acceso a los tribunales de quienes ven vulnerados sus derechos, y se acusa a los jueces de haber ejercido de manera abusiva la función jurisdiccional.
El lawfare significa que, desde ahora, la Generalitat solamente cumplirá la ley y obedecerá las sentencias judiciales cuando le vengan bien
- ¿Pone en riesgo la separación de poderes?
- Se trata de un ataque sin precedentes a la división de poderes y a principios democráticos básicos que ha originado una respuesta de magnitud equivalente a la gravedad del contenido del pacto entre el PSOE y Junts en este punto.
En el año 2017 hubo cuatro elementos clave que impidieron la secesión (que no fue ninguna ensoñación, sino un riesgo real): el Rey, la policía, la movilización ciudadana y los jueces. Los nacionalistas son conscientes de ello y están intentando debilitar todas ellas. En estos momentos, el acento lo están poniendo en los jueces y el PSOE está dispuesto a colaborar con ellos en esta tarea.
- ¿Resolverá una ley de amnistía, llegado el caso, lo que los independendistas han dado en llamar el ‘conflicto catalán’?
- En absoluto. Los independentistas ven en la amnistía un medio para poder seguir trabajando en su programa de desconexión de España. No es que lo diga yo, es que lo dicen ellos con toda claridad. La amnistía, al igual que antes lo indultos y la modificación del Código Penal solamente les da más fuerza para continuar con el desafío.
- Usted que conoce bien el fenómeno, ¿cree que la amnistía y el borrado penal mejorarán la convivencia en Cataluña? ¿A cambio de empeorar la de toda España?
-Éste es el punto más doloroso. En la pregunta anterior me hablaba del «conflicto catalán». Desde la perspectiva de los constitucionalistas catalanes el conflicto es que vivimos sometidos a una administración que actúa al margen de la ley y que desprecia nuestras reivindicaciones.
Cataluña es una sociedad sin consensos, puesto que mientras una parte de la población desea la independencia, otra parte mantiene con firmeza su voluntad de seguir participando en ese proyecto común que es España.En una sociedad sin consensos lo único que puede mantener la convivencia es el respeto a la ley, porque si una de las partes en el conflicto puede saltársela impunemente, ¿qué le queda a la otra?. En Cataluña, en cambio, el poder público, la Generalitat, hace expreso que solamente cumplirá la ley y obedecerá las sentencias judiciales cuando le venga bien.
La amnistía supone poner fin a eso, supone cerrar esa última puerta a la esperanza, supone imponer el sometimiento, porque decir que aquellas actuaciones que eran ilegales y, por tanto, injustas, eran justas y legales y que lo que deberíamos haber hecho era habernos sometido hace tiempo.
Y estoy hablando de Cataluña, porque lo que pasa en Cataluña afecta al conjunto de los españoles. Me niego a diferenciar aquí entre Cataluña y el resto de España.
-El Poder Judicial está en el punto de mira... ¿tiene margen de maniobra todavía pese a estar debilitado?
- Creo que aquí hay que diferenciar entre el gobierno del Poder Judicial que es el CGPJ y los jueces y tribunales.
El primero está ciertamente debilitado y maniatado y con una capacidad de maniobra limitada; pero, lo realmente importante son los jueces y tribunales, que siguen ejerciendo plenamente su función jurisdiccional con la misma independencia que les ha caracterizado siempre (por mucho que le pese al Gobierno). Los tribunales siguen siendo nuestra esperanza aunque debamos s
er conscientes de que en una crisis institucional como la que se ha planteado no todo lo pueden hacer los jueces. Hay una enorme responsabilidad del conjunto de la sociedad. La proliferación de comunicados que hemos visto estos días dan cuenta del compromiso de muchos que deberá continuar en las próximas semanas y meses en función de las actuaciones del Gobierno.
- ¿Cómo augura el papel del Tribunal Constitucional en la futura validación de la norma?
- Es difícil saberlo pero no creo que los magistrados hagan nada que sea contrario a Derecho. Todo es interpretable, por supuesto, pero confío en que, siendo inevitable que unos y otros vean los problemas jurídicos desde perspectivas distintas, el contenido de las decisiones, al final, sea uno que podamos explicar sin sonrojo en las Facultades de Derecho.
Dependerá, por tanto, del contenido de la norma, pero también del debate jurídico que se desarrolle en estos próximos meses. Los jueces no deciden desde una burbuja y es importante que haya análisis rigurosos de la norma que faciliten la tarea de los magistrados.
Los nacionalistas están intentando debilitar al Rey, la policía, la ciudadanía y a los jueces porque, en 2017, frenaron la sedición
- Europa parece ser la tabla de salvación ante este despropósito... ¿confía en que habrá reacción y sanciones?
- Europa ha comenzado a moverse y lo ha hecho muy significativamente por poco que parezca. Que el comisario de Justicia haya remitido una carta al Gobierno español, incluso antes de que exista un texto sobre la amnistía es una señal clara de que están encima del problema.
Más allá de las sanciones, que tardarían mucho en llegar, creo que es importante que cambie la percepción de las instituciones europeas en relación a este tema. En este sentido, creo que el papel del grupo socialista en el Parlamento Europeo y los cargos socialistas en las distintas instituciones será muy relevante.
En los últimos años le han dado su confianza a Sánchez (como, por otra parte, era esperable); pero si eso cambiara, si vieran el nacionalismo no como un movimiento simpático de liberación, sino como lo que son: una muestra de totalitarismo y conectados con países que lo que quieren es debilitar la Unión, cambiaría también su percepción sobre Sánchez. Y manejarse por Europa perdiendo el aura de «buen chico» y teniendo que dar explicaciones por cada movimiento no es agradable.
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