Álvaro García Ortiz
Justicia
García Ortiz, el fiscal del Gobierno que evita criticar la amnistía y el lawfare para seguir en el cargo
El mandato del sucesor de Dolores Delgado se cierra de la misma manera en la que llegó al mismo, envuelto en la polémica
¿Qué cabe esperar de un fiscal general que llegó al cargo tratando de dar carpetazo a la causa judicial reabierta en la Audiencia Nacional contra los autores intelectuales del secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cambiando el criterio de la Fiscalía sobre la prescripción del caso? ¿Cómo interpretar que al término de su mandato la Fiscalía sea la única institución que no se ha pronunciado en contra de la amnistía, ni haya sido capaz de salir en defensa de los cuatro fiscales del procés que se han visto señalados por el lawfare contenido en el acuerdo entre PSOE y Junts? Álvaro García Ortiz llegó al frente del Ministerio Público como se irá: envuelto en la polémica.
No importa si su salida se produce en los próximos días, una vez cesado con el Gobierno de la anterior legislatura con el que decae su mandato, y a la espera de la renovación del mismo –tras las elecciones generales del 23-J– o si, por el contrario, consigue su ansiada renovación y repite durante los próximos cuatro años al frente de una institución a la que ha dejado gravemente comprometida en los momentos más críticos de la misma.
Desde expedientar «sin pruebas» al fiscal que se negó a defender la caducidad de la causa del joven concejal popular asesinado por ETA hasta ponerse de perfil ante un Consejo Fiscal al que ha hurtado, al menos en dos ocasiones, competencias exclusivas, García Ortiz no ha dejado nunca de devolver los favores debidos a quienes le eligieron para suceder a Dolores Delgado en un puesto que le ha permitido, además, situar a un buen número de fiscales afines en los puestos más destacados de la Carrera, en los dos últimos años.
Corría el mes de julio de 2022 cuando El Debate publicaba en exclusiva la sorprendente renuncia del fiscal Vicente González Mota –encargado desde sus comienzos de la causa reabierta junto con su superior, Miguel Ángel Carballo– por discrepancias insalvables con la cúpula del Ministerio Público que le pidió separarse de la línea «dura» que había mantenido a favor de la solicitud de medidas cautelares para los tres etarras investigados como «autores mediatos» del atentado que acabó con la vida del político vasco, hasta la llegada de García Ortiz a la dirección de la Fiscalía.
Una maniobra que, tal y como avanzó El Debate en primicia, se repetiría hace unos días al hilo de cambio de opinión del Ministerio Público en la calificación jurídica de la causa de Tsunami Democrátic como terrorismo.
Lo que antes de las pasadas elecciones generales se veía como un delito terrorista mutaba, tras el resultado imposible de las mismas, a desórdenes públicos agravados en un informe reformado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional para «hacer de la necesidad virtud», como en la amnistía. También, en esta ocasión, el fiscal Carballo se presentaba como responsable inmediato de un cambio de opinión desde la cúspide que ha empezado a ser tan sospechosamente habitual en la Fiscalía como lo es en boca del presidente del Gobierno porque... ¿de quién depende, al fin y al cabo?
Como adelantó en exclusiva El Debate
La Fiscalía renuncia al terrorismo de Tsunami Democràtic y sale al rescate de Puigdemont tras su imputación
El nuevo Ejecutivo tendrá que designar a un nuevo fiscal general y que García Ortiz quiere continuar es un secreto a veces. Por eso se ha puesto de perfil ante la petición de seis vocales electos del Consejo Fiscal, de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), a la celebración de un Pleno extraordinario para pronunciarse sobre la amnistía; y, tampoco ha querido defender abiertamente a los cuatro fiscales al frente de la acusación del procés –Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno– tras ser señalados por la izquierda al hilo del lawfare (guerra judicial) contenido en el acuerdo suscrito por socialistas y separatistas para la investidura.
El que fuera brazo ejecutor de las decisiones más polémicas de Dolores Delgado, como secretario técnico de la Fiscalía, ha terminado por confirmar una y otra vez los mismos cuestionables comportamientos durante un mandato que ya está agotado y que, todavía, no tiene la certeza de si podrá reeditar.
Sus maniobras para situar en los puestos más relevantes del escalafón judicial a sus afines, procedentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que fue miembro, la falta de motivación en los nombramientos, dos de ellos a favor de su predecesora y amiga que todo apunta que anulará el Tribunal Supremo; y, la mecánica de una Fiscalía, gestionada como un «sultanato», durante la mayor parte del tiempo, han dejado sumida a la institución en la «peor» etapa de nuestra democracia y se han convertido en una herencia envenenada para el futuro del Ministerio Público.
Una amplia hoja de servicios prestados
En el imaginario colectivo quedarán ya, para siempre, la persecución al fiscal del caso Villarejo, Ignacio Stampa; el doble expediente abierto al responsable del Ministerio Público en la investigación de la «autoría mediata» o intelectual del secuestro y asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, a manos de ETA, en la Audiencia Nacional; el doble nombramiento del fiscal del Menores que, en las mismas ocasiones, ha sido anulado por el Supremo (TS); el señalamiento público a la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, faltando a la verdad; o el ascenso de su propia mentora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la Carrera, como fiscal togada de la Sala de lo Militar del TS, que podría ser próximamente revocado por la Sala Tercera del propio Alto Tribunal.
Por no hablar de la inenarrable designación de su amiga y compañera, una vez más, con la oposición de la mayoría amplia del Consejo Fiscal, como titular del puesto de Memoria Democrática bajo sospechas de incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones por un presunto «conflicto de intereses» entre las competencias propias de la plaza y el trabajo como abogado experto en Derechos Humanos de su pareja actual, el exjuez Baltasar Garzón.
Pero, sobre todo, la cobardía de un fiscal general que, en lugar de salir en defensa de la legalidad y velar por la impecable labor de los hombres y mujeres que integran la Fiscalía, ha dado por bueno un pronunciamiento escueto sobre el papel de la institución, que no ha cumplido escrupulosamente en todo este tiempo, y pese a la gravedad del contexto. No puede olvidarse que su continuidad en el puesto está en juego y... para qué, llegados a este punto, incomodar al Gobierno.
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