La senadora de Vox Paloma Gómez interviene durante una sesión plenaria
Vox se queda solo apoyando en el Senado su moción para ilegalizar a Junts y ERC
El partido de Abascal apela a la Ley de Partidos de 2002 y alerta del «riesgo» la supervivencia de la nación española y el ordenamiento jurídico
El PP les acusa de traer la iniciativa para «buscar un forzado protagonismo»
Vox llevaba este martes al Pleno del Senado una moción para la ilegalización de los partidos separatistas ERC y Junts, apoyos del Gobierno de Pedro Sánchez, para su debate y votación. Sin embargo, en su turno de intervención, los portavoces de los sucesivos grupos parlamentarios han adelantado su 'no' a la iniciativa.
La senadora Paloma Gómez Enríquez ha sido la encargada de exponer la propuesta, una moción que «revela que está en riesgo lo importante: la supervivencia de la nación española, el ordenamiento jurídico y la convivencia y la igualdad entre los españoles». Según ha expresado, la ilegalización de los partidos separatistas ha sido un tema «tabú» estos años, y ahora, apelando al artículo 9 de la ley de Partidos Políticos, Vox ha traído este debate a la mesa.
«¿Tenemos que seguir aguantando el chantaje del separatismo? Nosotros creemos que no», ha expresado desde la tribuna, recriminando a los socialistas acordar con estos partidos, entre otras cosas, una ley de amnistía para lograr los apoyos a la investidura de su candidato. Además, ha indicado que, en 2021, ERC registró en el Congreso una ley de amnistía –«de similar contenido» a la de los socialistas– que el entonces letrado mayor de la Cámara declaró inconstitucional y fue inadmitida a trámite.
El citado artículo de la ley del año 2002 concretamente recoge las causas por las que un partido debe ser declarado ilegal y señala que lo será «cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático» mediante alguna de las conductas que cita acto seguido, como la de «vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales» o la de «complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional».
En este último punto, por ejemplo, Vox remarca que tanto Carles Puigdemont, de Junts, como Marta Rovira, de ERC, han sido imputados hace unas semanas en la causa que investiga la Audiencia Nacional contra Tsunami Democràtic, y que ambos partidos exigieron que la amnistía incluyera entre los beneficiados a los encausados de esta plataforma.
A la moción se habían presentado dos enmiendas, una de Junts y otra del PSOE, ambas para la supresión del texto. En el primer caso, el senador Josep Lluis Cleries ha acusado a Vox de carecer de «valores democráticos» y «no aceptar la democracia» y ha sostenido que la moción de Vox es «fruto de un enfado» por los acuerdos de investidura ; y el segundo, el socialista José María Oleaga ha acusado de igual modo a la oposición de «poner en marcha la espiral del odio».
El partido de Abascal esperaba que el PP apoyara su moción o se abstuviera, aunque tenía dudas de que lo fuera a hacer, como expresó Gómez Enríquez en su entrevista con El Debate. Sin embargo, los populares, con mayoría en la Cámara, han reprochado a Vox que lleve esta iniciativa buscando «un forzado protagonismo» y un «altavoz que les haga parecer los mayores defensores de España, principalmente frente al PP», ha sostenido la popular María Yolanda Ibarrola.
La parlamentaria ha aludido a la posición que su partido mantuvo cuando Vox llevó al Congreso en 2020 una moción para ilegalizar a Bildu para señalar que esta no había cambiado. En este sentido, ha defendido el «pluralismo político» como «un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico». Ibarrola ha señalado que en el «remoto caso» de que la moción prosperase en el Senado, no lo haría en el Tribunal Supremo, el tribunal competente, y ha trasladado que desde la Cámara Alta harán «todo lo que en derecho quepa para frenar la deriva tiránica del Gobierno».
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