La exministra de Transportes, Raquel Sánchez, y el nuevo titular de esta cartera, Óscar Puente
El regalo envenenado que le deja la exministra a Óscar Puente
La exministra de Transportes fulminada por Sánchez deja una herencia envenenada a Óscar Puente. Renfe deberá explicar su chapuza con los trenes en Asturias y Cantabria
El diseño erróneo de los 31 trenes de Cercanías y media distancia de ancho métrico, destinados a Asturias y Cantabria, que Renfe había adquirido a la empresa CAF, ha sido uno de los mayores escándalos de la ya exministra Raquel Sánchez, fulminada por Sánchez en su nuevo Gobierno. Las medidas de los convoyes no eran las adecuadas y rodaron cabezas, pero nadie fue capaz de explicar el garrafal fallo y que además permaneciera oculto durante tanto tiempo, dado que el concurso fue licitado en 2019.
Tras la investigación llevada a cabo por El Debate, el Ministerio de Transportes ha sido condenado a hacer entrega a este periódico de toda la documentación que obra en su poder, información que ha tratado de ocultar por todos los medios y que demostrará desde cuándo el Ministerio de Transportes tuvo conocimiento sobre unos trenes carísimos que no caben por las vías de Asturias ni de Cantabria.
Transportes no sabía nada. Luego sí reconoció que hay documentación
En virtud de la resolución ejecutiva 969/2023 del pasado 14 de noviembre dictada por el Consejo de Transparencia en el seno del procedimiento regulado por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia y acceso a la información pública, firmada por su presidente, José Luis Rodríguez Álvarez, el exalcalde de Valladolid y ahora flamante ministro de Transportes, Óscar Puente, deberá dar las explicaciones que su predecesora en el cargo se negó a ofrecer, poniendo todo tipo de escollos.
El Ministerio de Transportes se escudó, en una resolución fechada el pasado 5 de abril en propiedad de El Debate, en que el contrato fue suscrito por «una entidad empresarial, con personalidad jurídica y por tanto entidad propia, distinta de este Ministerio, como es Renfe y un suministrador de material rodante de naturaleza privada», por lo que cualquier explicación referente a este asunto corresponde a la empresa ferroviaria.
Tampoco facilitó la «documentación relativa a los controles efectuados por el contratista, ya sea el propio Ministerio o sociedades dependientes, a los efectos de verificar el cumplimiento del contrato adjudicado para la construcción de los trenes fallidos y en su caso, advertencias formuladas a este respecto sobre posibles incumplimientos, tal y como finalmente ha ocurrido, con identificación del autor de tales avisos y destinatario de los mismos».
Resolución del Ministerio de Transportes
Una respuesta firmada por la directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Transportes, María Isabel Badía Gamarra, que además ocupaba un sillón en el Consejo de Administración de Renfe, informando directamente a su jefa, Isabel Pardo de Vera, cabeza de turco de la crisis desatada, junto con la del presidente de Renfe Isaías Taboas.
Los dos altos cargos no cerraron ni mucho menos la crisis. Desde el Ministerio de Transportes se reconocía en un documento oficial del 15 de marzo que en su departamento sí había documentación e informes relacionados con el escándalo de los trenes, pero con el fin de proteger a la ministra en el mismo se apunta que «cabe asimismo indicar que anteriormente no le llegó a la Ministra documentación alguna sobre este asunto».
Fragmento de la respuesta del Ministerio de Transportes
Adif apunta de manera directa al Ministerio
La entidad pública empresarial del Ministerio de Transportes encargada de la gestión de las infraestructuras ferroviarias, ADIF, se quitaba el problema de encima mediante un documento fechado el 12 de abril, firmado por su presidenta María Luisa Domínguez González en el que señala a Renfe al ser la «entidad adjudicadora» del contrato, por lo que «no cabe ninguna duda» de que la relación jurídica entre Renfe y CAF «resulta absolutamente ajena a ADIF».
Asimismo, apunta de manera directa sorprendentemente a la ya exministra, asegurando que «la normativa jurídica existente sobre gálibos», es decir, la legislación que marca las dimensiones de los trenes, «es competencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sin que en ningún caso pueda ser aprobada o modificada por esta entidad pública empresarial».
Respuesta de Adif
Mientras tanto, Renfe ha tratado de hacer uso condición de empresa pública que firma contratos con empresas privadas para evitar informar desde cuándo lo sabía y cuánto tiempo tardó en hacer público el error, así como qué medidas adoptó para evitar el retraso de los trenes, alegando que «supondría hacer pública información privilegiada y sensible cuya utilización descontextualizada causaría perjuicios reputacionales injustificados» y podría resultar perjudicial para sus intereses económicos y comerciales, ya que «los servicios ferroviarios compiten en mercados plenamente liberalizados».
Fragmento de la resolución del Consejo de Transparencia
El CTBG falla a favor de El Debate: Transportes debe hacer públicos los archivos de la crisis
Las alegaciones de Transportes y de su filial Renfe han sido desestimadas íntegramente. El fallo del Consejo «considera que el acceso a la información solicitada no implica un perjuicio para los intereses económicos y comerciales ni de RENFE, ni de la empresa que está diseñando y fabricará el material rodante, mucho menos «al modo ferroviario en su conjunto», como se afirma».
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido condenado y debe hacer entrega a este periódico en un plazo de diez días lo mandado por la Resolución 969/2023 de fecha 14 de noviembre.
Fragmento de la Resolución del Consejo de Transparencia
Ahora será el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, quien deba hacer frente al mandato por el que ha sido condenado su Ministerio, desautorizando a la exministra fulminada por Sánchez. Óscar Puente, uno de los más fieles seguidores del presidente Sánchez, que días atrás reconocía que de no haber necesitado los votos de Junts, no habrían firmado la polémica ley de amnistía, hereda así un regalo envenenado.
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