El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, realiza declaraciones antes del debate
Unión Europea
Brusco debate sobre la amnistía en el Comité Europeo de las Regiones del Parlamento
Las consecuencias para el Estado de derecho de España siguen dando de qué hablar en Bruselas
El Comité Europeo de las Regiones es una de las instituciones en Bruselas cuyo fin es dar voz a las regiones fuera de los cauces habituales de las relaciones entre Estados miembros. Los grupos EPP y ERC han conseguido que en la reunión mantenida este miércoles se haya debatido una vez más las consecuencias de la ley de amnistía al Estado de derecho en España.
En un primer momento surge la duda de la utilidad de un debate en esta cámara, pero dado que interviene en distintas fases del proceso legislativo y trabaja estrechamente con autoridades nacionales, regionales y locales de la Unión Europea, era una buena oportunidad para dar a conocer la problemática real fuera de los círculos diplomáticos y mediáticos. Se trataba de hacer ruido y se hizo.
Como se esperaba, ha vuelto a ser un debate bronco. Junto al presidente del Comité, Vasco Alves Cordeiro, estuvo el eurodiputado socialista español Juan Fernando López Aguilar en calidad de presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justica y Asuntos Internos (LIBE). Perdió de nuevo los papeles, al igual que en el debate de Estrasburgo junto a su compañera Iratxe García, portavoz del grupo S&D.
López Aguilar, gritando, aseguró que «es falso que la ley contemple el lawfare» y que todo es «culpa del PP» por permitir lo que ocurrió en 2017 y ahora por «difamar España y pretender que el Estado se derrumba».
El debate se produjo en el contexto de la votación de un nuevo marco anticorrupción para la Unión Europea y tanto EPP como ECR lo plantearon bajo esa lógica: no hay un caso de corrupción más evidente que el intercambiar apoyos políticos por una amnistía. Votos a cambio de beneficios.
La estrategia socialista y de la izquierda pasa por sacar el debate de esos términos y llevárselo al marco constitucional. Siguen apostando a que la ley se ha escrito de manera impecable para pasar todos los filtros nacionales y europeos porque saben que más pronto que tarde se llevará a revisión en el Tribunal Europeo.
Por parte de los populares de España habló el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras quien aseguró que la ley «elimina delitos a petición de los delincuentes» y se preguntó cómo podría explicar a sus conciudadanos que «los delitos son o no en función de donde vivas».
Mayor presencia tuvo el ECR de mano de los italianos de Fratelli d’Italia. Por un lado, Marco Marsilio, presidente de la Región de Abruzos y de la delegación del ECR en el Comité de las Regiones, dejó claro que amnistía es un «verdadero ataque al Estado de derecho en España con el silencio culpable de la Comisión Europea» ya que «un político que amnistía a otros políticos por corrupción es el delito más grande que existe».
«El presidente Sánchez quiere borrar delitos como la malversación, la insurrección incluso el terrorismo por siete votos para formar gobierno», añadió. «Es increíble que no se entienda que esta no es una decisión autónoma de un parlamento soberano, creo que Europa tiene que tomar cartas en el asunto», apuntó en declaraciones a El Debate.
El miembro del Consejo Municipal de Pistoia, Lorenzo Galligani, volvió a señalar a la Comisión por «tan solo enviar una carta» preguntándose si de verdad esto que está ocurriendo en España «son los valores de Europa».
La última en defender el Estado de derecho español fue María Isabel Urrutia del ministerio de la Presidencia del gobierno de Cantabria. «El presidente de España ha elegido ser rehén de los independentistas que ponen contra las cuerdas al Estado», apuntó, «menos España significa menos Cantabria pero también menos Europa».
En el lado opuesto y sacando el debate desde el punto de vista de la corrupción estuvo Miquel Royo Vidal, secretario de Asuntos Externos de la Generalidad. Señaló que la amnistía «es normal porque se considera en las constituciones de otros Estados» y es legal porque «forma parte de la Constitución española».
Para terminar, tuvo de nuevo la palabra el presidente del Comité, Alves Cordeiro, quien aseguró que presenciar el debate «ha sido como ver un partido de fútbol» y se lamentó del mismo porque «estamos en un parlamento que debe tratar temas serios».
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