El Pleno del CGPJ informará mañana sobre la renovación del fiscal general García Ortiz

La polémica renovación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en su cargo se someterá al filtro del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convocado para mañana jueves. El máximo órgano de gobierno de los jueces cumplirá así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.1.4ª y 599.1.2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La inclusión de este punto en el orden del día del Pleno ordinario de noviembre se ha producido después de que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del que es titular Félix Bolaños, haya comunicado formalmente a la institución que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer se aprobó un acuerdo por el que se recaba del CGPJ la audiencia preceptiva sobre la propuesta de nombramiento del que llegara a lo más alto del organigrama del Ministerio Fiscal, tras la dimisión de su predecesora y amiga, Dolores Delgado.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 29.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el mandato del fiscal general del Estado puede ser renovado en el caso de que el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años. Y Álvaro García Ortiz fue nombrado fiscal general del Estado por Real Decreto 675/2022, de 1 de agosto por lo que, a priori, cumple con el único requisito formal exigible para continuar en el desarrollo de sus funciones.

Cabe recordar, sin embargo, cómo su llegada a la cúspide de la Fiscalía fue muy cuestionada en la anterior ocasión ya que, apenas unos días antes de tomar posesión del cargo, le salpicaba el escándalo tras apartar al fiscal encargado de la causa reabierta en la Audiencia Nacional contra los autores intelectuales del secuestro y asesinato del concejal vasco Miguel Ángel Blanco. Al frente de la secretaría técnica sus maniobras contra el fiscal de la causa Púnica, Ignacio Stampa, condicionaba su idoneidad para asumir la máxima responsabilidad al frente de la Fiscalía General.

A esta nueva andadura, García Ortiz llega con el aval del Gobierno y bajo las fuertes críticas de la mayoría de la Carrera Fiscal que, no sólo le han afeado su falta de posicionamiento en defensa de la legalidad en relación con la ley de amnistía que prepara el PSOE para Carles Puigdemont y los acusados del procés. Su «pasividad» le ha hecho merecedor de varios pronunciamientos contrarios de los fiscales al frente de la causa judicial contra el referéndum ilegal del 1-O, respaldados por los dieciocho compañeros de la Sala de lo Penal del Supremo que trabajan codo a codo con ellos.

Además, hasta en dos ocasiones, un total de seis vocales del Consejo Fiscal han solicitado al titular de la FGE que convoque un Pleno extraordinario, que está «obligado» a celebrar, para tratar tanto la Proposición de Ley de Amnistía como la necesidad de amparo a los miembros de la Carrera más expuestos al señalamiento de separatistas y la izquierda política, por su participación en las causas judiciales del procés.

En el seno de una institución fuertemente desprestigiada por su gestión y la de Dolores Delgado, no ha gustado que el premio del Ejecutivo a García Ortiz sean cuatro años más de mandato, después de conocerse que el TS le condenó a anular la designación, y el consabido ascenso de su amiga y mentora, como fiscal Togada de la Sala de lo Militar por incurrir en una «desviación de poder» manifiesta.