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Tribunales
El PSOE y Sumar recurren ante el TC la supresión de la exigencia del catalán en la sanidad de Baleares
Los recurrentes consideran que la norma impulsada por el Gobierno del PP balear atenta contra el artículo 3.3 de la Constitución, que regula las lenguas cooficiales
Diputados de PSOE y Sumar en el Congreso han presentado este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional, promovido por la Obra Cultural Balear (OCB), contra el decreto del Gobierno de Baleares de la 'popular' Marga Prohens que elimina el requisito del catalán en sanidad.
La presentación del recurso la han dado a conocer este miércoles en una convocatoria ante los periodistas en la puerta del Tribunal Constitucional los portavoces parlamentarios de los socialistas balreates y MÉS en el Parlamento autonómico, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, y el miembro de la junta directiva de la OCB Antoni Llabrés.
Fin de las políticas nacionalistas
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El representante de la OCB ha agradecido a PSOE y Sumar su predisposición a presentar este recurso a través de sus grupos parlamentarios en el Congreso y ha advertido que esta entidad hará uso de «todos los instrumentos a su alcance» para «hacer frente a las agresiones contra la lengua propia de Baleares».
Para Llabrés, el decreto «vulnera la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, en relación con el mandato de protección de todas las lenguas españolas del artículo 3.3 CE, y con el principio jurisprudencial de no regresión, en este caso en materia de derechos lingüísticos, puesto que la eliminación de las garantías para el ejercicio del derecho de opción lingüística, proclamado en el artículo 14.3 del Estatut constituye un retroceso del estatus jurídico de la lengua catalana que no es razonable ni proporcionado, y contrario a los mandatos de normalización».
A su vez, consideran que se hace un «uso fraudulento» de la figura del decreto ley, alegando que «no se trata de un caso de extraordinaria y urgente necesidad».
«No se contiene una definición explícita y razonada de la situación, como exige la jurisprudencia constitucional, que pueda legitimar la actuación del Gobierno; ni se da tampoco lo que el Tribunal Constitucional denomina 'conexión de sentido' entre la situación declarada como extraordinaria y urgente y las medidas concretas que en el Decreto Ley se adoptan por considerarlas necesarias para paliarla», explican.
Según ha afirmado Antoni Llabrés, «los ciudadanos de las Islas Baleares verán mutilado su derecho a comunicarse con la administración sanitaria en su lengua de preferencia, si ésta es la catalana, lo que supone una vulneración del derecho de opción lingüística recogido en el art. 14.3 del Estatut».
Un acuerdo del PP y Vox
La supresión del requisito de catalán en el acceso a la sanidad pública era uno de los puntos del acuerdo de gobernabilidad alcanzado entre PP y Vox en Baleares. Iba incluida dentro de un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios en la Comunidad, y fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno entrante.
Con esto, el catalán vuelve a considerarse un mérito, revocando los cambios normativos que introdujo el Ejecutivo de Francina Armengol. A finales de septiembre el Parlament validó el decreto que recogía esta medida con los votos en contra de PSIB, MÉS y Unidas Podemos.
Edificio del Tribunal Constitucional en Madrid
Este mismo martes el pleno ha aprobado una moción de Vox que solicita garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la toda la función pública, y no sólo en sanidad. El diputado de Sa Unió (coalición participada por el PP en Formentera) se ha desmarcado absteniéndose.
Con todo, el portavoz del Gobierno balear, Antoni Costa, indicaba hace unos días que no está previsto extender la medida a toda la función pública a corto plazo, y aseguraba que el acuerdo no implica la eliminación total del requisito de catalán en el conjunto de la función pública: «No lo dice en ninguna parte».
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