La ministra de Sanidad, Mónica García
Investigación
El alcalde de Cercedilla cambia de criterio sobre la irregularidad del chalet de Mónica García tras ser investido por Más Madrid
El alcalde de Cercedilla (Madrid), David Martín Molpeceres, ha cambiado de criterio con respecto a la irregularidad del chalet de la ministra de Sanidad, Mónica García. Justo antes de las elecciones municipales que le hicieron regidor consideraba que había que recuperar el terreno sobre el que se asentaba la vivienda porque era de pertenencia pública. En cambio, tras recibir el apoyo de Más Madrid para ser investido como alcalde sostiene que no hay un protocolo para recuperar las casas irregulares.
En su programa electoral, Molpeceres, del Grupo Independiente de Cercedilla, se comprometía a «exigir a la Comunidad de Madrid la declaración de la caducidad de los terrenos de Camorritos», nombre del paraje donde se encuentra el chalet de García. Como ha publicado El Debate, la vivienda de la médico está construida sobre un terreno de titularidad pública que gozó temporalmente de una concesión que hoy está caducada. Por este motivo, el Ayuntamiento de Cercedilla mandó el pasado mes de marzo una carta a la ministra y a sus vecinos en la que se les pedía que entregaran las llaves de los chalets y abanonaran las viviendas.
Mónica García junto a Vanesa Laiglesia, concejal de Más Madrid en Cercedilla
Molpeceres sostuvo durante la campaña electoral que los vecinos tenían que dejar esos terrenos y que si no lo hacían tenían que pagar una renta a la corporación municipal. «Si la concesión caducó en 2019, el Ayuntamiento está en la obligación de reclamar a estos vecinos un alquiler por los terrenos. Y no son alquileres baratos. Unas parcelas y casas tan magníficas como esas no se alquilarían por menos de 2.000 euros al mes». El regidor mantenía que era vital recuperar ese suelo «como marca la ley y que el Consistorio aproveche la zona para generar actividad, riqueza y empleo».
El alcalde también sostenía que García y sus vecinos tenían que abonar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que no han pagado desde hace cuatro años, cuando caducó la concesión. «Se debería de ingresar por estos conceptos alrededor de 8 millones de euros, además del IBI que no han pagado desde que espiró la concesión», aseguraba. «Otra cosa sería traicionar al pueblo y a sus vecinos», añadía refiriéndose a las consecuencias de eludir el problema. Molpeceres hablaba en nombre de los vecinos de Cercedilla que consideran injusto que las personas con casa en Camorritos como García eludieran el pago de impuestos.
“El Ayuntamiento debe defender los intereses de todos los vecinos y no de unos pocos, sería prevaricar no ir a juicio y estoy seguro de que se ganaría«, decía. »Tiene que volver a salir una nueva concesión, en libre concurrencia, y que generará unos ingresos vitales para el futuro de Cercedilla", concluía. Sin embargo, todas estas palabras se esfumaron cuando tomó posesión como alcalde. A pesar de que las elecciones las ganó el PP, Molpeceres logró mayoría para ser investido como regidor. Fue investido con el apoyo del Más Madrid, representado en el municipio por Vanesa Laiglesia, por el PSOE y por Juntos por Cercedilla.
Un procedimiento de desahucio
A día de hoy la opinión del alcalde es completamente distinta. Desde que tomó posesión el pasado mes de junio, no ha vuelto a mencionar el asunto. También ha paralizado el envío de cartas a García y a sus vecinos para que abandonen sus viviendas. Este periódico desveló que el anterior regidor mandó el pasado mes de marzo una misiva en la que se pedía la entrega de lleves a los propietarios. El Debate ha podido saber que una vecina de García acudió al Consistorio hace varios días a entregar las llaves y la respuesta de la corporación municipal fue reconocer que «no contamos con ningún protocolo para recibir las llaves».
informe monica
Además, el alcalde oculta la existencia de un informe jurídico que encargó el anterior regidor que concluye que el Ayuntamiento tiene competencia para iniciar procedimientos de desahucio para los vecinos que se nieguen a entregar las casas. «Sí, el Ayuntamiento tiene el derecho y el deber de proteger todos sus bienes (...) Las administraciones públicas están facultadas y obligadas a proteger y defender su patrimonio y a desahuciar en vía administrativa a los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido el título que ampara la tenencia», se afirma.
También se menciona la posibilidad de imponer multas a García y a sus vecinos. «El Ayuntamiento tiene derecho a imponer las multas coercitivas de las que hemos tratado en el anterior apartado, hasta un cinco por 100 del valor de los bienes ocupados, reiteradas por períodos de ocho días hasta que se produzca el desalojo (...) Sin perjuicio de lo anterior, la Comunidad de Madrid podría sancionar a los ocupantes de dichos terrenos por ocuparlos ilegalmente una vez finalizada la concesión», dice el documento.
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