Ilustración de Pedro Sánchez flanqueado por Junqueras y Puigdemont
Sánchez aprovecha el Día de las Personas con Discapacidad para intentar forzar una reforma constitucional a su medida
Los secesionistas catalanes y vascos están aprovechando la ocasión para tratar de abrir en canal la Carta Magna
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento «a todas las fuerzas parlamentarias» para reformar el artículo 49 de la Constitución con el objeto de suprimir el término «disminuidos» como reclaman las personas con discapacidad.
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Sánchez ha publicado un mensaje en X en el que considera que «desterrar la discriminación de nuestra Carta Magna es impulsar una España mejor y más justa».
«Hago un llamamiento expreso a todas las fuerzas parlamentarias para que esta sea la Legislatura en la que reformemos el art. 49 de la Constitución», propone Sánchez para alcanzar ese objetivo.
Esta reclamación se produce en plena negociación del PSOE con el separatismo. Un separatismo que ya ha advertido a las claras que aprovecharía esa reforma constitucional para introducir sus reivindicaciones independentistas. De hecho, y como adelantó El Debate el pasado mes de enero, el independentismo catalán coló su reivindicación de una ley de amnistía en las enmiendas presentadas al proyecto de ley de reforma del artículo 49 de la Constitución.
En teoría, esta reforma impulsada por el Gobierno es para algo tan inocente como cambiar el término «disminuidos» por «personas con discapacidad». Pero, en la práctica, los secesionistas catalanes y vascos están aprovechando la ocasión para tratar de abrir en canal la Carta Magna. En especial, el Título Preliminar, que define a España como una monarquía parlamentaria y proclama su «indisoluble unidad»; y el Título VIII, que articula la organización territorial del Estado.
Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, presentó una enmienda en la que proponía añadir un nuevo apartado al artículo 117 (sobre el Poder Judicial). En concreto, éste: «Por ley orgánica se regulará el ejercicio del derecho de gracia mediante el indulto y la amnistía». Como el melón constitucional no se abrió, ahora Puigdemont vio la puerta abierta gracias a su apoyo a la investidura de Sánchez.
Una reclamación que el PSOE también ha incluido en el manifiesto que ha emitido para conmemorar el día de las personas con discapacidad y en el que reitera «la voluntad del gobierno de Pedro Sánchez» de culminar la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término «disminuidos» y reforzar así «la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad».
«Esta modificación permitirá adaptar la terminología constitucional a los mejores estándares internacionales y blindar así los derechos de las personas con discapacidad», explica el PSOE, que, al igual que Sánchez, apela «a la responsabilidad y compromiso de todos los grupos parlamentarios» para su aprobación definitiva.
El manifiesto expone que la defensa de la igualdad es una de las principales señas de identidad del PSOE y por ello, «en los 5 años en los que Pedro Sánchez ha encabezado un gobierno progresista, hemos vuelto a priorizar el objetivo de la plena inclusión de las personas con discapacidad; un objetivo que había sido abandonado por los gobiernos del Partido Popular».
Iniciativas legales
Entre las iniciativas puestas en marcha, el PSOE destaca un real decreto, aprobado en consejo de ministros el pasado 16 de mayo, que mejora el acceso a la jubilación anticipada para las personas con una discapacidad superior al 45 %, informa Efe.
«Para este colectivo se han reducido los años de cotización exigidos de 15 a 5 desde el diagnóstico de la discapacidad», apunta el manifiesto.
Además, el pasado año -añade- «el Gobierno de España aprobó la Estrategia Española de Discapacidad 2022-2030, una hoja de ruta ambiciosa para que el Estado, todas las administraciones y poderes públicos, hagan efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias». En cada cinco hogares españoles vive al menos una persona con discapacidad.
A esto se suma la Ley Orgánica de modificación del Código Penal que sacó este año adelante el Gobierno para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, así como la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Estas normas se unen a la aprobación en 2018 de la modificación del régimen electoral general, que garantizó el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.
También, continúa el manifiesto, ha sido promovida la normativa necesaria que permitirá «actualizar y mejorar el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad».
«A nivel europeo, la regulación de las Tarjetas Europeas de Discapacidad y Estacionamiento es un asunto clave en la agenda de las organizaciones de la discapacidad en España, que ha tenido un importante impulso durante este semestre de presidencia Española de la Unión Europea», destaca el PSOE.
En este sentido, el pasado 27 de noviembre los ministros de Empleo y Política Social de la Unión Europea adoptaron su posición negociadora en la Directiva por la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para Personas con Discapacidad, con el objetivo de poner fin a las diferencias entre los países.
Este año, prosigue, también ha concluido la elaboración del Reglamento para el reconocimiento de las lenguas de signos en España y que se ha realizado «según las señas de identidad de las políticas socialistas y por ello ha sido participada con colectivos, expertos y familias de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas».
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