La banca 'popular' aplaude a Mariano Rajoy durante el segundo día de la moción de censura presentada por el PSOE en 2018
El cambio de opinión del PSOE: propuso en 2013 reprobar a los presidentes que mintieran en sede parlamentaria
En la iniciativa, los socialistas buscaron regular el llamado «impeachment»para forzar a Mariano Rajoy a dimitir. Un intento que acabó fracasando
Durante los más de cinco años que lleva Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, el presidente del Gobierno se ha caracterizado por mostrar una opinión realmente cambiante, motivo por el que sus promesas han dejado de calar incluso entre sus seguidores más acérrimos.
Esta constante, mantenida durante el último lustro, ha explotado en los últimos meses, concretamente con los pactos con EH Bildu y con la polémica ley de amnistía.
En lo que concierne a los acuerdos con la formación abertzale, en 2015 el por aquel entonces secretario general de los socialistas dejaba muy claro que la intención del PSOE no era ni mucho menos pactar o negociar con los proetarras. «Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces», explicaba en aquel momento Sánchez durante una entrevista en Navarra Televisión. Sin embargo, ocho años después consumaba la traición a España vendiendo Pamplona a los herederos de la banda terrorista.
Más de lo mismo si analizamos la ley de amnistía, un texto que se aprobará definitivamente el próximo mes de mayo. Antes de las últimas elecciones generales del pasado 23 de julio, Sánchez renegaba de la ley de amnistía en el programa Al Rojo Vivo, señalando el escaso «recorrido» que tendría, rechazándola como la vía para avanzar en la mesa de diálogo con el secesionismo catalán.
De hecho este rechazo por parte de Pedro Sánchez no viene de ahora. Desde que tomara las riendas del Gobierno, el líder del Ejecutivo ha sido realmente duro con las demandas del independentismo catalán. Una dureza que, tal como hemos visto, dependía de su necesidad para mantenerse en el poder.
Doble vara de medir
Esta estrategia, desmontada de nuevo por la hemeroteca, vuelve a demostrar los continuos cambios de opinión de un partido que no hace mucho tiempo protagonizó una persecución hacia el anterior inquilino de la Moncloa, Mariano Rajoy.
Tenemos que retroceder más de una década, concretamente al año 2013. En aquel entonces, los socialistas presentaron una proposición de ley con el objetivo de reformar los tres artículos del Reglamento de la Cámara Baja para que «la mentira en sede parlamentaria» no pudiera quedar impune. Una iniciativa –puesta en marcha por la ya extinguida formación UPyD– que surgía tras las declaraciones de Mariano Rajoy en relación con el extesorero de los 'populares' Luis Bárcenas.
Los socialistas presentaban una interpelación urgente dirigida al expresidente del Gobierno sobre «las responsabilidades políticas derivada de las falsedades vertidas en sede parlamentaria» en relación con el escándalo de la financiación ilegal del PP, con el objetivo de forzar una moción «reprobando al presidente».
La entonces portavoz socialista, Soraya Rodríguez, señalaba que esta propuesta era «absolutamente necesaria a la vista de los hechos que estamos viviendo y de la cobardía de Mariano Rajoy, al ampararse en su mayoría parlamentaria para no comparecer en el Parlamento». Una persecución cuyo único objetivo era el de alcanzar la presidencia del Gobierno a través de una moción de censura o, incluso, con una propuesta de reforma constitucional para regular el llamado «impeachment», que obligara a Mariano Rajoy a dimitir por supuesta «mentira en sede parlamentaria». Un intento que acabó fracasando.
Más de diez años después, parece que la memoria socialista se ha reseteado, olvidando cada una de las acusaciones vertidas sobre los 'populares' y sobre un Mariano Rajoy que acabaría abandonando la presidencia en 2018.
Ahora, con la izquierda en el poder y con un Pedro Sánchez cada vez más suelto a la hora de contradecirse a sí mismo, surge la duda de qué habría pasado si hubiera sido el Partido Popular el responsable de pactos –así como constantes falsedades en sede parlamentaria– con el independentismo vasco y catalán.
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