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29 de abril de 2024

Santiago Abascal, Pepa Millán, José María Figaredo, durante un pleno en el Congreso

Santiago Abascal, Pepa Millán, José María Figaredo, durante un pleno en el CongresoEuropa Press

Por qué Vox ve discriminatorio el nuevo artículo 49 de la Constitución y pide un referéndum

El partido de Abascal propone preguntar a los españoles si quieren o no «consagrar la desigualdad entre los hombres y mujeres». Necesita sumar dos diputados más a sus 33 para promover la consulta

abascal sorprendía este sábado anunciando que pedirá un referéndum vinculante sobre la recién aprobada reforma del artículo 49 de la Constitución. Vox fue el único partido que votó en contra de la modificación constitucional, pese a estar a favor del cambio de término que venía a traer. Y lo hizo, entre otras razones, porque, como denunció, el nuevo texto venía a introducir una discriminación por sexo en la Carta Magna.
La proposición de ley de reforma fue registrada por el PSOE y el PP de forma conjunta el pasado diciembre tras llegar a un acuerdo. La modificación se había planteado en la legislatura anterior, pero los populares se mostraban reacios al respecto ante el riesgo que podía entrañar: que los separatistas lo tomaran de pretexto para abrir el melón de la reforma constitucional. Finalmente, el partido de Alberto Núñez Feijóo aceptó bajo la promesa de Pedro Sánchez de garantizar que se aprobaría el texto pactado, sin enmiendas.

¿Qué decía y qué dice el artículo?

El texto que hasta la semana pasada figuraba en la Constitución señalaba lo siguiente: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
Tras la reforma acordada por los socialistas y los populares queda así:
«1. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».
Vox está de acuerdo con que se sustituya el término «disminuidos» por «personas con discapacidad», pero se muestra en contra de la coletilla final, que, según subrayan, viene a «consagrar» la desigualdad entre hombres y mujeres.
Con ella, lo que recoge el artículo 14 de la Carta Magna –que establece que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»– queda en entredicho, al otorgarse una atención especial a las mujeres sobre los hombres por el hecho de serlo, y no según el grado de discapacidad.
En la toma en consideración de la proposición de ley, Vox se abstuvo por estar a favor del cambio terminológico pero no con el momento en que se producía ni con el procedimiento elegido para hacerlo. Una vez se votó en el Pleno, su posición finalmente fue el 'no'. «No es de recibo incluir la ideología de género contemplando una asistencia especial a la mujer simplemente por ser mujer», criticó la diputada Lourdes Méndez.
Vox tampoco estaba de acuerdo con que se elimine el término «amparo», dado que hay personas que no pueden ser autónomas por el grado de discapacidad que presentan. Y criticaba también, por otro lado, que se pretendiera reformar la Carta Magna «con un Gobierno que está dando un golpe» contra ella, un acuerdo que a su juicio solo iba a contribuir a «blanquear» al Ejecutivo de Sánchez.
En la Constitución, el artículo 167.3 establece que «aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras», es decir, 35 diputados. El partido de Abascal, tal como anunció este fin de semana, pretende buscar el apoyo de dos parlamentarios más que se sumen a los 33 de Vox para promover esta consulta y que «los españoles decidan sobre algo tan importante como es una reforma constitucional».
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