El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz tras tomar posesión de su cargo en el Supremo
Tribunales
La Junta de fiscales frena la maniobra de García Ortiz y avala que el Supremo procese a Puigdemont por terrorismo
La mayoría de la Sección del Alto Tribunal encargada del caso ha rechazado, por 12 votos contra 3, el informe que el ponente, Álvaro Redondo, confeccionó tras despachar con el fiscal general y en sentido contrario a su primera versión del mismo
la Junta de fiscales de Sala del Supremo ha puesto pie en pared contra el intento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de influir en el enfoque del informe con el que el Ministerio Público debe posicionarse sobre la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo, avala investigar al ex presidente catalán por dicho delito y admite la competencia del Alto Tribunal para hacerlo.
Según adelantan varias fuentes a El Debate, en primicia, la mayoría de los miembros de la Sección encargada del caso, 12 fiscales contra 3, han rechazado los argumentos del ponente, Álvaro Redondo, para oponerse a la exposición motivada con la que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitó a la Sala Segunda del Supremo que se hiciese cargo de la causa de Tsunami Democràtic por terrorismo.
Además, once fiscales frente a cuatro han admitido que existen indicios suficientes para que el supremo proceda contra Puigdemont y, también, el diputado de ERC Rubén Wagensberg que también está fugado, en Suiza.
La mayoría de los fiscales aprecia indicios suficientes para investigar por terrorismo a Carles Puigdemont
Sin embargo, al existir «discrepancias» en la interpretación de la causa entre los dos fiscales jefe de la Sección, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa, y tras aplicar el artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el cometido recaerá en la número dos del organigrama de la institución, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde. Así las cosas, Redondo queda apartado de la misión encomendada y no tendrá que elaborar un nuevo borrador de propuesta a favor de la admisión del caso en el Alto Tribunal, en línea con el primero que había confeccionado y que cambió en tan sólo 72 horas, tras despachar con el fiscal general García Ortiz sobre el caso.
La tormenta estallaba en el seno de la institución después de conocerse que Álvaro Redondo, el fiscal encargado de defender en el Supremo una posición negativa a la imputación por terrorismo del ex presidente de la Generalitat de Cataluña y prófugo de la Justicia española, había cambiado su dictamen jurídico por otro en el que decía lo contrario, que fue el que validó con el fiscal jefe de la Sección, Fidel Cadena, y con el que ambos estaban de acuerdo.
De poco o nada han servido las explicaciones aportadas por Redondo en un inaudito comunicado emitido desde la oficina de prensa de la Fiscalía para desmentir que su titular, Álvaro García Ortiz, le hubiera dado «instrucciones» o «sugerencias» para defender una posición opuesta a la primera. El resultado final, a una reunión «tensa» de casi cuatro horas, ha sido avalar al magistrado García Castellón y respaldar los indicios que apuntan a la necesidad de investigar por terrorismo a Puigdemont.
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