Salvador Illa, líder del PSC
Investigación
Illa compró test por 38 millones a una empresa a la que Sanidad filtró el modelo que se necesitaba
Alguien próximo al exministro filtró que se necesitaban test del fabricante chino «Guangzhou Wondfo Biotech»
El exministro de Sanidad y actual líder del PSC, Salvador Illa, adjudicó durante el primer mes de la pandemia un contrato de 38 millones de euros para la compra de test para detectar el coronavirus. Tal y como ha podido saber El Debate, la empresa que acabó siendo seleccionada recibió un chivatazo por parte de Sanidad del modelo exacto de test que se necesitaba comprar. La compañía, denominada Hans Biomed, multiplicó por diez sus ingresos gracias al megacontrato que le otorgó el Gobierno y a día de hoy ha logrado esquivar cualquier investigación judicial.
En un primer lugar, Sanidad optó por comprar los test que detectaban pequeñas partes del virus en las fosas nasales. En cambio, al llegar el material a España, Illa se vio obligado a informar que se trataba de material defectuoso. Esos test sólo contaban con un 30 % de sensibilidad y, para más inri, su fabricante, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ni siquiera tenía licencia para comercializar el producto. Este periódico ha tenido conocimiento de que en medio del caos que generó la situación, un empresario de reconocido prestigio del sector sanitario trasladó por escrito a la dirección de dos hospitales públicos de Madrid la recomendación de los test del fabricante chino «Guangzhou Wondfo Biotech». A parte de la nota, también mandó una muestra de los test donde figuraba la dirección del fabricante asiático.
El contrato con Hans Biomed tenía como objeto el modelo del chivatazo que dio Sanidad
Dos semanas después de que Sanidad canalizara esta propuesta, Illa firmó la concesión de 38 millones de euros a Hans Biomed para que compraran a ese fabricante 5,5 millones de test. En 2019, antes de que la compañía catalana recibiera el megacontrato, registró una facturación de 4,6 millones y el año anterior tan sólo dos millones. Tras el fichaje de Illa, los ingresos de la empresa se dispararon hasta los 49 millones. El cambio que Sanidad consiguió con estos nuevos test fue clave porque las pruebas pasaron a centrarse en los anticuerpos, un modelo que se convirtió en imprescindible para complementar las pruebas PCR, que eran mucho más lentas.
El mismo día que Sanidad firmó el contrato con esta empresa, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común, alto cargo de Illa que, redactó un escrito para autorizar a Hans Biomed como «proveedor oficial del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España». Con ese documento, que hoy reproduce El Debate, esta compañía pudo acceder de manera ventajosa a compras de material sanitario en el mercado internacional. Sobre todo en países como China, que fue el que más exportó al extranjero. Para los profesionales del sector sanitario llama la atención que Sanidad autorizara por escrito a una empresa que, inicialmente, no se dedicaba a este ámbito.
Illa autorizó en tiempo récord a Hans Biomed como «proveedor oficial del Gobierno»
En efecto, Hans Biomed tenía hasta que llegó la pandemia fijada como actividad principal la medicina estética. De hecho, el contrato que Illa firmó con la compañía cuenta con una cláusula de confidencialidad que impide conocer quién les avisó del modelo exacto de test que necesitaba Sanidad y que, de pronto, ellos tuvieron la capacidad de comprar. Según el Registro Mercantil, detrás de Hans Biomed, cuyas oficinas centrales se encuentran en Terrassa (Barcelona) –próximas a La Roca del Vallés, donde vive Illa–, están los hermanos Sergi y Eric Casas Lloveras.
Una orden de Illa
Alfonso Jiménez Palacios, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), declaró el 7 de abril de 2022 en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid que escogía a las empresas adjudicatarias tras recibir una «orden ministerial comunicada del ministro». Es decir, del propio Illa. También explicó que en 2020 se creó un equipo multidisciplinar de expertos que proponían qué empresas tenían que ser contratadas.
«Era una situación realmente dramática y, en esos momentos, a mí se me encargó una orden comunicada del ministro para adquirir de emergencia todo el material que pudiésemos para hacer frente a esa situación», sostuvo Jiménez Palacios. Posteriormente desveló la existencia de asesores externos que influían en la elección de las empresas adjudicatarias. «El Gobierno decidió reforzar a Ingesa con un equipo multidisciplinar de altos funcionarios donde había gente de Hacienda, de la Agencia Tributaria, del Instituto de Comercio Exterior, de Industria, del Ministerio de Asuntos Exteriores, de AENA, etc», dijo.
«Muchos organismos, que fue el equipo que se dedicó a localizar a los proveedores y luego me pasaban a mí la propuesta, en muchos casos ya con la factura proforma correspondiente, y yo ponía en marcha todo el procedimiento administrativo de compra como, por ejemplo, la memoria justificativa», afirmó. Ante estas explicaciones la juez le preguntó: «¿O sea que son otras personas las que eligen al vendedor?». Su respuesta fue: «Las que lo buscan y me lo proponen. Obviamente, el que lo firmo soy yo. No es que quiera quitarme responsabilidades, en absoluto».
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