El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras la el Consejo de Ministros
Las grandes lagunas del Plan del Gobierno con el que pretende que la Iglesia indemnice los abusos prescritos
El Ejecutivo no ha concretado cómo va a reconocer extrajudicialmente la condición de víctima
El titular de cartera de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, presentó tras el Consejo de Ministros de esta semana su plan «sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica», con el que pretende que la Iglesia asuma las indemnizaciones por estas acciones. Tal y como relató el miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el objetivo de la medida es otorgar compensaciones económicas para las víctimas de los abusos prescritos, o que no hayan sido juzgados, para así «salvar la deuda» con estas personas.
La regulación que pretende llevar a cabo el Gobierno –que estará vigente entre 2024 y 2027– se basa en las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo en su informe sobre abusos a menores en el seno de la Iglesia, presentado en octubre del año pasado. En el documento se cifró, según las estimaciones de esta entidad, en el 1,13 % de la población adulta las víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia, hasta 440.000 personas. «Son cifras muy altas que nos deberían impactar», dictaminó Bolaños.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños
Así las cosas, El Debate ha pedido al Gabinete de Comunicación del Ministerio Justicia que concrete a este periódico qué aspectos recoge el Plan y cómo se va a materializar lo que quiere realizar el Gobierno, pero no ha tenido respuesta. Sin embargo, el diario progubernamental El País indica en una de sus noticias que ha tenido acceso al borrador, y que este recoge que la intención del Ejecutivo es crear junto a la Iglesia «un órgano especial e independiente de carácter temporal para la reparación de las víctimas cuyos casos hayan prescrito».
Los obispos ya han rechazado las medidas propuestas por la Moncloa dado que «el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado». «Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones», señaló monseñor César García Magán en un vídeo.
Problemas jurídicos
El periódico del Grupo Prisa explica que «si la Iglesia rechaza colaborar (tal y como parece que va a ocurrir) la segunda opción sería la aprobación de 'un proceso administrativo' que reconozca la condición de víctima y 'las medidas reparadoras que sean adecuadas'».
En consecuencia, la Administración Pública –que el Gobierno dirige– crearía un procedimiento sui géneris, no judicial, para determinar qué personas han sufrido abusos sexuales; no probados por ningún juzgado o tribunal, para después concretar la indemnización que les corresponda. Sobre este extremo Bolaños no explicó nada tras el Consejo de Ministros, aunque El País apunta que «el plan no incluye un baremo de cantidades ni tampoco los procesos que tendrán que seguir los afectados para obtener su reparación y su condición de víctima».
De hecho, el informe elaborado por el Defensor del Pueblo recoge en un epígrafe concreto «la problemática de la prescripción» de los delitos. Esta figura penal supone que si unos hechos presuntamente delictivos no son juzgados en un periodo de tiempo –máximo de 20 años– se extingue la responsabilidad penal. Así, el dosier sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia del organismo que encabeza el exministro socialista Ángel Gabilondo asevera que «en el momento actual existen reivindicaciones muy activas que tienen como objetivo ampliar la edad a partir de la cual comienza a computar el plazo de prescripción de estos delitos (...) o declararlos imprescriptibles, como se ha hecho en algunos países»
Igualmente, la legislación vigente establece que la responsabilidad civil derivada del delito –es decir, las indemnizaciones que se reciben tras un juicio del orden penal por los daños sufridos– prescribe a los cinco años.
«La prescripción de la responsabilidad civil puede producirse aunque no haya prescrito el delito del que deriva, algo que está sucediendo en la práctica» advierte el Defensor del Pueblo para después reivindicar «la necesidad de abordar una reforma de estos plazos legales de prescripción para las acciones civiles».
Así las cosas, el procedimiento que quiere poner en marcha Bolaños genera la problemática de que no se ha materializado cómo se va a acreditar quién ha sido víctima de estos abusos sexuales –ya que judicialmente no ha recaído sentencia y el presunto delito y su indemnización han prescrito– ni cuál sería la cuantía que se debería abonar.
Además, la propia Iglesia ha puesto sobre la mesa que es «discriminatorio» que solo se desee resarcir a las personas que han sido víctimas en esta institución, y no a todos los ciudadanos que han sufrido una agresión o abuso sexual. «Siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a nueve de cada diez víctimas», alertó el obispado español.
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