Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz
Tribunales
El Supremo decide sobre el triple recurso que pide anular el nombramiento de Delgado como fiscal de Memoria Democrática
La Sala Tercera del Alto Tribunal analiza, entre otras, la negativa del fiscal general a que el Consejo Fiscal votase sobre la posible incompatibilidad de la candidata al cargo, por la actividad de su pareja el ex juez Baltasar Garzón
El Supremo analiza, este martes, la posible nulidad del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, como piden los tres recurrentes que impugnaron dicha designación: la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibañez, quien fuera candidato a ocupar dicha plaza de nueva creación. Sobre la mesa de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, la solicitud de retrotraer las actuaciones al momento anterior de la polémica designación en la que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no permitió al Pleno del Consejo Fiscal votar si Delgado incurría en causa de incompatibilidad.
Cabe recordar que el titular del Ministerio Público, «hurtando competencias» que le son propias a su máximo órgano consultivo, descartó la posibilidad de que, como solicitaron los vocales electivos de la AF y la APIF, se debatiese y votase sobre si el hecho de que la pareja actual de Delgado, el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dirija en la actualidad tanto un despacho de abogados, Ilocad, como una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, supondría un conflicto insalvable en el caso de que ambos coincidiesen en una misma causa. En especial, teniendo en cuenta que en el caso de Delgado no hay posibilidad de que sea reemplazada por otro fiscal especializado en la materia ya que el puesto que ocupa es unipersonal.
Sobre la mesa, también, la anulación formulada el pasado noviembre por la propia Sala Tercera, aunque en una sección diferente, de su ascenso a la categoría de fiscal de Sala Togada de lo Militar del Supremo, al entender que el fiscal del Estado inucrrió, en dicha ocasión, en una «desviación de poder». Fuentes judiciales han apuntado a El Debate que «la pérdida de su condición, derivada de la primera sentencia, tiene una cierta influencia» en esta segunda acción, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, porque «habría perdido el requisito exigible para el segundo nombramiento».
Y es que el Supremo se ha emplazado a tomar una decisión, en este sentido, casi un mes después de que el Consejo de Ministros ejecutara el fallo previo que ordenó anular su ascenso a la máxima categoría como fiscal de Sala de lo Militar del Supremo. Aunque dicha resolución no lo decía expresamente, al ordenar que el proceso volviese al origen, se se anulaba el nombramiento de Delgado, con efectos prácticos sobre el acceso a su condición posterior.
Un Consejo Fiscal adelantado
El nombramiento impugnado se decidió el 8 de junio de 2023 en un tenso Pleno del Consejo Fiscal que tuvo lugar tras la polémica generada por la decisión del fiscal general de adelantar la reunión, como reveló en exclusiva por El Debate, prevista inicialmente para el 19 de junio, para garantizar que los nombramientos se materializasen pese al adelanto electoral al 23 de julio.
Una vez iniciada la reunión del órgano consultivo, los siete vocales de AF y APIF insistieron en la necesidad de suspender la deliberación y votación de la plaza a la que optaba Delgado para aclarar antes si la también exministra de Justicia incurría en causa de incompatibilidad por su relación sentimental con el ex juez Garzón.
García Ortiz lo rechazó, por lo que estos siete vocales decidieron no participar ni en la deliberación ni en la votación de la plaza, algo que, según el criterio mayoritario de la AF, impidió que la voluntad del Pleno para informar sobre esta propuesta de nombramiento se formara correctamente y supondría «una nulidad de pleno derecho».
El jefe del Ministerio Público propuso nombrar a Delgado, pese a que ésta tan solo recibió los votos de un vocal de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que ambos pertenecieron, y de las dos vocales natas. El otro vocal de la UPF apoyó a otro candidato. No obstante, cabe recordar que el Consejo Fiscal es un órgano consultivo y que el fiscal general tiene la última palabra.
Al anunciarse la decisión de García Ortiz, la Fiscalía resaltó la «extensa experiencia jurisdiccional» de Delgado «en la investigación y persecución de crímenes contra la Humanidad y violaciones de los Derechos Humanos, tanto a nivel nacional como internacional».
Finalmente, el Gobierno nombró vía decreto a Delgado el 13 de junio. Desde entonces han pasado 11 meses y la exfiscal general continúa en el cargo como fiscal de Sala de Memoria Democrática.
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