La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, junto al secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo
Vox insta al Gobierno a reconocer a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo
El partido ha presentado una batería de iniciativas para exigir entre otras cosas la mejora de las condiciones en que los agentes desempeñan su misión
El grupo parlamentario de Vox ha registrado este lunes varias iniciativas para que se reconozcan como profesiones de riesgo a las de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como para mejorar las condiciones de ejercicio de la profesión de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la vigilancia de seguridad privada, a través de tres proposiciones no de ley para su discusión en el Pleno del Congreso, o en las comisiones de Interior y de Defensa en su caso.
El partido de Santiago Abascal denuncia que el «aumento constante de la criminalidad en nuestro país es directamente proporcional a las agresiones que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)», y señala que una de las causas por las que se producen las agresiones y ataques a los agentes, según trasladan sindicatos y asociaciones del sector, es «la laxitud con la que se aplica la legislación en esta casuística».
También subraya que existe una «falta de voluntad» por parte del Gobierno de dotar a los agentes de medios materiales y humanos suficientes para hacer frente a la criminalidad, algo que, apunta Vox, se evidencia sobre todo en la provincia de Cádiz, concretamente en el Campo de Gibraltar. La formación critica en su iniciativa que tras el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate en febrero a manos de unos narcotraficantes, «el Gobierno no ha mejorado ni incrementado el material de las FCSE».
Ante esta situación, Vox considera que la declaración de profesión de riesgo «permitiría confirmar normativamente» que ser miembro de las FCSE «supone un riesgo diario contra la integridad física e, incluso, contra la vida». Esta declaración conlleva –señala el partido– la rebaja de la edad ordinaria de jubilación para los grupos o actividades personales «cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad».
Además, apunta que esta actuación vendría a corregir la «situación de agravio comparativo con otros cuerpos policiales», como ocurre con la policía autonómica de Cataluña, el País Vasco o Navarra, a quienes, como explica Vox, «se les aplica un coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados». Pone como ejemplo el caso de los agentes de la Ertzaintza, que puede acceder a la jubilación a los 60 años.
El partido de Abascal propone además declarar Zonas de Especial Singularidad aquellos lugares del territorio nacional donde tenga que haber una mayor presencia de las FCSE «por la especial incidencia de la criminalidad». También, aumentar las plantillas y dotar a los agentes de medios humanos y materiales necesarios y del «respaldo institucional» que se necesita para que se garantice el principio de autoridad.
Respecto a las Fuerzas Armadas, Vox pide, además de que se declare profesión de riesgo, la equiparación salarial entre su personal y el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se mejoren las condiciones del ejercicio de su profesión, o que se equiparen los grupos de clasificación del personal militar al de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas. «Es de justicia que los hombres y mujeres que componen nuestras Fuerzas Armadas, que empeñan su vida al servicio de España, reciban el agradecimiento de la sociedad a través del cumplimiento de las justas demandan que plantea», subraya la formación.
Y en cuanto al sector de la seguridad privada, el partido exige mejorar su «condición jurídica» de forma que se reconozca «de forma inequívoca» el carácter de agente de la autoridad de los profesionales vigilantes de seguridad privada en el ejercicio de sus funciones. Tal como recoge en su iniciativa, pide también que se actualice y se mejore la regulación en lo que respecta a la dotación de los medios necesarios de defensa, que se desarrolle una normativa en materia de prevención de riesgos laborales y que se mejoren los planes de formación del personal de seguridad, estableciéndose una formación reglada, entre otras medidas.
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