Los móviles que se han convertido en pieza clave para el Supremo contra la corrupción política del Gobierno

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez y el ex secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato han visto sus comunicaciones, incluidas las conversaciones de Whatsapp, de sus teléfonos móviles, diseccionadas bajo el microscopio de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El contenido de sus terminales incautados a los implicados, por el momento, en una presunta trama de revelación de secretos, preocupa y mucho tanto a sus titulares como a los terceros que, próximos a ellos, podrían verse salpicados por delitos graves, como la revelación de secretos. Pero lo cierto es que los dispositivos se han convertido en pieza clave en las causas que se siguen, tanto en la Audiencia Nacional como el Supremo por supuesta corrupción, contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

La preocupación es máxima en el Ejecutivo central pero, también, para los propios interesados. Y, buena prueba de ello es el amparo solicitado al juez instructor Ángel Hurtado por el propio García Ortiz que teme que de lo que se conozca del contenido de sus efectos tecnológicos puedan trascender cuestiones que no tengan vinculación con el caso. Cabe recordar, llegados a este punto que no sólo el horizonte temporal sobre el que pueden indagar los policías judiciales está perfectamente acotado sino que, además, el magistrado ha defendido, recientemente, que «no cabe poner reproche» al trabajo realizado por «una unidad tan especializada» como la UCO.

No hay más que remitirse a las conclusiones de los agentes en el primer informe, ya entregado al juez, que detallaba las mensajes intercambiados por su subordinada, la titular de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, con varios miembros más del Ministerio Público –entre ellos la jefa del fiscal asignado al proceso tributario del novio de Isabel Díaz Ayuso, Virna Alonso, responsable del departamento de Delitos Económicos; o, el teniente fiscal de la secretaría técnica de Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe–.

En dicho documento se desgranaron los hilos temporales y el contenido de las comunicaciones intercambiadas en el seno del Ministerio Público, con el objetivo de utilizar datos confidenciales de la pareja de la presidenta de Madrid, el empresario Alberto González Amador, para desgastarla políticamente. Un plan en el que, por el momento, ha trascendido que el fiscal general tuvo una «participación preeminente».

También, y no menos importante, se confirmaba que el fiscal general del Estado conoció el asunto de González Amador días antes de que se produjesen dichas filtraciones y que, como publicó en exclusiva El Debate, había solicitado recibir todo el expediente judicial en un mail personal, no institucional.

Así las cosas, todo dependerá de lo que, en último término, arroje el contenido del móvil del propio García Ortiz, así como de lo que se deduzca del 'clonado' del terminal del ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, a quien se le confiscó el móvil durante su comparecencia en el Supremo a petición del abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). El letrado, y ex fiscal, Juan Antonio Frago Armada, solicitaba al juez que se descargase la totalidad de la conversación mantenida entre el socialista y la alto cargo de Moncloa, jefa de gabinete del Ministro Oscar López, Pilar Sánchez Acera quien, presuntamente fue la encargada de facilitarle el pantallazo de la carta donde la representación jurídica del novio de Ayuso reconocía dos delitos fiscales.

La cuestión es determinar el nexo conector que desde la Fiscalía facilitó al Gobierno, o viceversa, la información secreta de la pareja de Díaz Ayuso, en sus pleitos con Hacienda, para perjudicarla como rival política. Y, para ello, serán también determinantes los datos que, a futuro, puedan extraerse de los dispositivos de la propia Sánchez Acera a quien, por el momento, el juez Hurtado mantiene al margen del caso, como de otros miembros del Ejecutivo que podrían haber estado al tanto de la maniobra contra la presidenta de Madrid.

No en vano, días antes de que trascendiese a la opinión pública que Lobato se había dirigido a una notaría para recoger en un acta oficial cómo accedió a parte de los mails confidenciales del empresario Alberto González Amador, con la Fiscalía, que exhibió en la Asamblea de Madrid, Pedro Sánchez designaba al ministro Oscar López para sustituirle como candidato en la comunidad autónoma. López es el jefe directo de Sánchez Acera.