​Puigdemont acepta como rescate un decreto a su gusto y una falsa cuestión de confianza

Desde que terminó el confinamiento, Pedro Sánchez no suele prodigarse por la sala de prensa de la Moncloa. Pero este martes hizo una excepción. La ocasión lo merecía. Acababa de llegar a un pacto con Carles Puigdemont que le permite abandonar la casilla del pozo a la que le había castigado el líder de Junts y avanzar en el tablero hasta la siguiente: la de los Presupuestos Generales de 2025. Al menos, la de su negociación. A Sánchez se le veía satisfecho después de estar seis días escuchando que la legislatura es inviable y que la mayoría de investidura está rota. Un acuerdo «por el bien común», así lo definió.

El presidente que dijo «el Gobierno ha hecho su trabajo»; el que se negaba a trocear el decreto ómnibus porque todas las medidas en él contenidas eran importantes; el que durante mes y medio se ha negado a admitir a trámite siquiera la proposición no de ley de Junts instándole a someterse a una cuestión de confianza; ése mismo escribió ayer un nuevo capítulo de su Manual de resistencia.

Uno que incluye renunciar a medio centenar de las 80 medidas que incluía el anterior decreto ómnibus -caen todas las fiscales y económicas, solo se salva el escudo social- y hasta aceptar que la Mesa del Congreso dé curso a la proposición no de ley de los de Puigdemont. Pero el presidente y los suyos consideran que ganan más de lo que pierden. De ahí la satisfacción que trasladaban este martes en la Moncloa.

Ganan que el prófugo levante oficialmente la suspensión de las negociaciones sectoriales con el PSOE que él mismo había anunciado en una comparecencia el 17 de enero. Y, con ello, ganan que la mayoría de investidura parezca recompuesta de cara a la negociación presupuestaria. Al menos, hasta la próxima crisis.

La cuestión de la cuestión

Por contradictorio que parezca, la cuestión de confianza es lo único en lo que no solo ha cedido Sánchez, sino también Puigdemont. El presidente ha aceptado que se tramite, debata y vote en el Pleno del Congreso la proposición no de ley instándole a que se someta a esa cuestión y su socio ha aceptado retocar su texto y que Sánchez haga caso omiso al resultado de esa votación, que casi con toda probabilidad saldrá adelante.

La diferencia entre la moción de censura y la cuestión de confianza es que la primera la presenta la oposición y la segunda, el presidente

Una moción de censura la presenta la oposición. Una cuestión de confianza la presenta el presidente, solo él. Y las Cortes no pueden obligarle a pasar por ese aro. Pero ambos, tanto Sánchez como Puigdemont, necesitaban llegar a un punto intermedio. Al tercer intento, la Mesa del Congreso del 4 de febrero admitirá a trámite la iniciativa de Junts. En cada Pleno se debaten dos proposiciones no de ley (PNL). Una vez que la Cámara Baja retome el periodo ordinario de sesiones, en la segunda semana de febrero, la lista empezará a correr por el PP y el PSOE, que son los grupos parlamentarios mayoritarios. Así que, según fuentes parlamentarias, la PNL de los de Puigdemont podría debatirse y votarse la última semana de febrero o la segunda de marzo (la primera de marzo no hay Pleno).

Junts no pretende utilizarla como bala de plata contra el presidente, sino para visibilizar que, como reiteró Míriam Nogueras ayer por la tarde, el Gobierno «no tiene mayoría». Aunque no tenga efectos prácticos, lo previsible es que voten a favor el PP, Vox, Junts y UPN, 178 diputados en total. No obstante, este martes Junts matizó que aún no ha decidido el sentido de su voto, añadiendo más surrealismo a la jugada.

Sánchez tocó a rebato el domingo cuando comprobó que dilatar la reinstauración de las ayudas al transporte o la revalorización de las pensiones no estaba desgastando al PP como los socialistas esperaban, sino a él y su Gobierno, que son quienes manejan el BOE. Aquel día se comprometió a «buscar votos hasta debajo de las piedras». Cuando comprobaron que Junts se abría a negociar para tener un nuevo decreto ómnibus este mismo martes, el presidente dio orden de pisar el acelerador.

Tal es así que el comienzo del Consejo de Ministros, previsto inicialmente para las 9.30 horas, se retrasó tres horas. El Ejecutivo adelantó la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que en principio debía celebrarse después, y pospuso el Consejo de Ministros para dar tiempo a que las negociaciones fructificaran. Como así fue. Los ministros del PSOE y de Sumar, al menos la inmensa mayoría, entraron a la sala sin saber qué llevaba el nuevo decreto ley.

En realidad, nadie lo sabe a ciencia cierta hasta que este miércoles sea publicado en el BOE, donde quedarán negro sobre blanco sus términos. Las versiones de ambas partes coinciden en que incluye la revalorización de las pensiones y del ingreso mínimo vital, las ayudas a la DANA y al volcán de La Palma, la prórroga de seis meses de las bonificaciones al transporte público y la prohibición, durante un año más, de los desahucios a colectivos vulnerables. Pero esto último a cambio de medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos que los okupas o morosos pudieran ocasionar en las viviendas. Ello mediante un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos.

Sánchez considera este decreto ómnibus un salvoconducto para seguir adelante con esta legislatura, que transcurre al filo de lo imposible. Y Puigdemont, como la evidencia empírica de que el Gobierno y la gobernabilidad de España están en sus manos.