García Ortiz «consintió» la filtración sobre el novio de Ayuso desde el momento en que «renunció a investigarla»

La semana que acaba ha sido una de las más reveladoras en la causa por la que el Supremo investiga al fiscal general como presunto autor de un delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. La no declaración del principal imputado, Álvaro García Ortiz, negándose a responder a las preguntas del juez instructor, Ángel Hurtado; la estrategia de defensa elegida por la Abogacía del Estado, abonada al terreno de la nulidad de las actuaciones como base para un futuro y eventual recurso de amparo ante el Constitucional , y la comparecencia de la coimputada fiscal Pilar Rodríguez, que se aferró a la obediencia debida dentro de la Institución para desvincularse de lo ocurrido, no auguran un horizonte despejado en el futuro procesal del máximo responsable del Ministerio Público.

Además, a ello se suman otras pruebas de indicios «sólidos» que, a medida que avanza el procedimiento, han contribuido a despejar el hilo temporal de los hechos. Entre ellas, dos detalles que, si bien hasta la fecha han quedado en un segundo plano, son para algunos expertos penalistas reveladores en el esclarecimiento del papel que jugó cada uno de los tres imputados hasta la fecha.

En el caso de García Ortiz, el hecho de que los miembros de la Fiscalía «se hayan amparado en la dación de cuentas» que, jerárquicamente, les obliga a cumplir con las «órdenes de sus superiores», le sitúa en la «cúspide del ilícito», sostienen los juristas consultados por El Debate.

Es decir, cuando este jueves la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, aseguraba que ni se había «concertado» con nadie para hacer nada de lo ocurrido –tampoco la redacción de la polémica nota de prensa que recogió datos confidenciales de Alberto González Amador–, ni ostentó el «dominio de la acción» que implica intervenir en el delito de manera que se está en posición de decidir qué se ejecuta o qué no, en realidad no sólo estaba buscando exculparse en el procedimiento sino, también, señalando que la autoría fue obra y gracia «directa» de su superior jerárquico, el fiscal general del Estado.

«Cuando [el fiscal general] me da una instrucción tengo que actuar, no cuestionarlo», aseguraba ante el magistrado. «No se me dieron explicaciones. Sólo cumplí órdenes», apuntillaba.

Una posición, ésta, compartida con las versionas aportadas por el fiscal Julián Salto, el encargado de la cuestión tributaria del novio de Ayuso, que remitió la cadena de comunicaciones protegidas a la fiscal provincial. O también la dada por la jefa autonómica de Madrid, Almudena Lastra, que corroboró ante el instructor las prisas de García Ortiz por combatir el «relato» que había trascendido sobre el asunto, a los medios de comunicación: «Es imperativo. Almudena, hay que sacar la nota ya».

Así las cosas, tampoco sumaría «en favor» de la actuación de García Ortiz el hecho de que «ni siquiera abriese una investigación interna» para averiguar qué sucedió con el expediente de González Amador al que (pese a ser confidencial y estar especialmente protegido en el marco de las negociaciones para alcanzar un pacto de conformidad con la Fiscalía) de acuerdo con la versión de la propia fiscal Rodríguez accedieron unas 500 personas.

De todas ellos, unas 60 habría tenido conocimiento directo, además, del contenido de la denuncia de Fiscalía y el expediente tributario de González Amador, con el polémico correo de 2 de febrero entre el fiscal Salto y el abogado Carlos Neira, a partir del día 5 de marzo.

Si estos datos «son ciertos», reflexionan varios especialistas, «como mínimo García Ortiz consintió». De lo contrario «no se entiende que el fiscal general del Estado lo dejase pasar sin instar un procedimiento de averiguación para depurar responsabilidades, corregir errores y sancionar, disciplinaria o penalmente al causante o causantes», en último término, del «daño reputacional» que, como ya apuntaba el juez Hurtado en su último auto, se causó al novio de Díaz Ayuso a quien, desde la filtración, se le ha tratado públicamente, como «defraudador confeso».

Llegados a este punto, cabe recordar que la Inspectora Fiscal, María Antonia Sanz Gaite –la número tres de la cúpula de Fortuny, que ha cerrado filas entorno a García Ortiz– fue una de las profesionales que, como reveló El Debate al hilo de las pesquisas policiales, cambió de número de móvil al día siguiente de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accediese al registro del despacho del fiscal general del Estado.