Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar, en una imagen de archivo
El silencio del Ministerio
El PP lleva el palacete del PNV al Tribunal de Cuentas ante la opacidad del traspaso
Los populares solicitan un informe de fiscalización especial para saber cuánto va a pagar el Estado de alquiler mensual. Vox presentó una querella contra el Consejo de Ministros días atrás
Ni el PP ni Vox dan por cerrado el capítulo del palacete de París que el PSOE ha entregado al PNV, con el argumento de que es su legítimo dueño e invocando «los principios inspiradores de la legislación sobre Memoria Democrática y sobre restitución de bienes incautados a partidos políticos».
Los populares han iniciado los trámites para pedir al Tribunal de Cuentas que elabore un informe al respecto, dada la opacidad de la transmisión. No en vano, el Ministerio de Política Territorial no ha concretado ni en cuánto dinero está valorado actualmente el inmueble de la Avenida Marceau -se estima que en no menos de 15 millones de euros- ni tampoco qué alquiler mensual pagará el Estado al partido de Andoni Ortuzar hasta 2030 para que siga como sede del Instituto Cervantes.
A petición del PP, la Mesa del Congreso de este martes dará traslado a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para recabar un informe de fiscalización especial, según ha podido saber El Debate de fuentes parlamentarias. Además del palacete, los populares quieren que el órgano investigue cuál es la compensación que el PSOE ha pactado con el PNV «por la privación del inmueble sito en Noyon (Francia), conocido como Hotel de Mont Renaud, Boulevard Carnot, n.º 77, y del localizado en Compans (Francia), denominado Ferme de I'Hotel de Dieu, Rue Mitry, s/n», también recogidos en el decreto ómnibus. En el segundo y en el primero.
La última vez que el Tribuna de Cuentas se refirió al palacete de París fue en su informe de fiscalización del Instituto Cervantes correspondiente al ejercicio 2001. En él estimaba el valor del edificio en 5.096.739 euros, una cifra de hace más de dos décadas que ha quedado absolutamente desactualizada.
Los populares sospechan que pudiera haber indicios de financiación ilegal, como también Vox. El partido de Santiago Abascal presentó la semana pasada una querella contra el Consejo de Ministros por los delitos de prevaricación y malversación de fondos y caudales públicos.
En ella, Vox recordaba que, en el año 2003, el Tribunal Supremo desestimó un recurso del PNV para obtener la cesión del inmueble. El alto tribunal argumentó entonces que la titularidad del inmueble no estaba clara y que, en cualquier caso, la documentación aportada por el partido apuntaba más a una propiedad del gobierno vasco que del partido. Una tesis que también mantiene Bildu,
El grupo parlamentario popular pedirá al Tribunal de Cuentas un segundo informe de fiscalización especial, en este caso de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, entre los ejercicios de 2018 y 2024. El CNIO ha sido objeto de un escándalo que la semana pasada se saldó con el cese de la directora científica y el director gerente, María Blasco y Juan Arroyo, respectivamente.
El pasado miércoles, el Juzgado de Instrucción número 13 abrió diligencias contra Blasco por posibles delitos de estafa y malversación, por usar -presuntamente- donativos de investigación médica para la compra de obras de artes, cuadros y esculturas, como informó este periódico.