El abogado de la educadora asesinada en su puesto de trabajo afirma que «algo ha fallado» en el sistema

El abogado de la familia de la educadora asesinada en una vivienda tutelada en Badajoz, Raúl Montaño, ha afirmado que, a pesar de que el curso legal de la instrucción del suceso determinará posibles responsabilidades civiles, cuando alguien «muere en su puesto de trabajo sin actuación negligente o temeraria» es porque ha habido fallos.

Montaño, que ejercerá la representación legal de la acusación particular de la familia por este asesinato, ha aseverado que «había denuncias previas, incidencias y conocimiento por parte de todas las administraciones de lo que estaba ocurriendo», tanto en relación con los menores implicados como con otros. Este es un hecho que han afirmado también compañeros de profesión de la víctima que desempeñan sus funciones con miedo y temeridad por sus vidas.

Tras este suceso se ha abierto de nuevo el debate de la falta de seguridad y condiciones precarias que tienen los trabajadores sociales en su puesto de trabajo, llegando incluso a poner en peligro sus vidas. Estos profesionales piden que un suceso de tal magnitud ponga en el punto de mira del Gobierno una remodelación para el correcto desempeño de su oficio.

La familia de la auxiliar técnica educativa asesinada, desea que «sea ella la última que deba pasar por una situación así» y exige que, a raíz de esta muerte violenta, se acometan modificaciones, ha dicho el letrado, en cualquier tipo de reglamentación y normativa en torno al trabajo de los profesionales que desempeñan esta labor.