El PP fija como líneas rojas la proporcionalidad, la estabilidad presupuestaria y el respeto institucional en su marco de acuerdos con Vox

El Partido Popular ha fijado las bases para los futuros acuerdos de gobierno en la España autonómica con un documento marco que sitúa en el centro el respeto a la proporcionalidad emanada de las urnas, a las instituciones autonómicas y a la Jefatura del Estado.

El texto, hecho público este lunes, ordena las negociaciones con Vox y establece las condiciones para garantizar gobiernos estables, empezando por Aragón y Extremadura.

El denominado «Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables de la España autonómica» nace tras el acuerdo entre las direcciones nacionales del PP y Vox para abrir una nueva etapa de diálogo. Según los populares, cualquier pacto debe asegurar la estabilidad institucional mediante el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos de cada legislatura autonómica, así como mediante un sistema de seguimiento que garantice el cumplimiento efectivo de lo acordado.

El PP subraya en el texto su «identidad política propia» y deja claro que alcanzar acuerdos «no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo». En este sentido, advierte que podrá ampliar las ofertas con las que concurrió a las elecciones, pero nunca contradecirlas. De forma expresa, rechaza propuestas «que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición».

El respeto al reparto competencial vigente en España figura igualmente entre las condiciones esenciales. Asimismo, el documento establece que el reparto de poder, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo, deberá ajustarse estrictamente a la proporcionalidad que los ciudadanos hayan determinado en las urnas.

Entre los dieciocho «ámbitos prioritarios de acuerdo» que el PP enumera, ocupa un lugar destacado la inmigración irregular, que ha alcanzado niveles «intolerables» y está deteriorando la convivencia y los servicios públicos en barrios y municipios. El texto defiende que quien venga a trabajar y a respetar las leyes debe ser bienvenido, pero que quienes cometan delitos graves o hagan de la delincuencia su modo de vida deben ser expulsados.

En materia climática, el PP rechaza «las políticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria», y apuesta por un enfoque que, en su planteamiento, compatibilice desarrollo económico y protección social sin perjudicar el tejido productivo.

El documento también aborda la violencia en todas sus formas. La condena debe ser «inequívoca», incluyendo las violencias políticas, terroristas, machistas, domésticas o de cualquier clase. En este ámbito, el PP propone prescindir de partidas que se hayan demostrado inútiles o contradictorias con el objetivo de erradicarla.

En el terreno social, el texto apuesta por una «solidaridad activa» con los más vulnerables, distinguiendo entre personas necesitadas y quienes se aprovechan del sistema, y evitando perpetuar un modelo de subsidios que, según señala, desincentive el trabajo.

La vivienda es otro de los ejes prioritarios. «España necesita construir, no intervenir», sostiene el documento, que propone un «shock» de oferta mediante más suelo, menos burocracia urbanística, plazos más cortos y movilización del suelo público disponible. Frente a la ocupación ilegal, plantea desalojo exprés, empadronamiento nulo en viviendas ocupadas y plena seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.

En el ámbito fiscal, el PP denuncia que los españoles «pagan demasiado para lo que reciben» en un «infierno fiscal» que asfixia a ciudadanos y empresas. Por ello, se compromete a utilizar todas las competencias tributarias autonómicas para bajar impuestos, con el único límite de garantizar los servicios públicos esenciales.

Finalmente, el documento apuesta por reducir la burocracia y evitar la creación de barreras regulatorias entre comunidades autónomas que fragmenten la unidad de mercado, reforzando así la cohesión económica y la igualdad entre españoles.