El juez Hurtado admite un informe pericial que «descarta» a la Abogacía en la filtración sobre el novio de Ayuso

El juez Ángel Hurtado, instructor de la causa que se sigue en el Supremo contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos, ha ordenado incorporar en las diligencias de investigación un nuevo informe pericial que «descarta» que la filtración irregular del contenido confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso tuviese su origen en la Abogacía del Estado, durante el periodo acotado por el magistrado: desde las 00:00 horas del 2 de febrero de 2024 hasta las 09:30 horas del 14 de marzo de 2024.

En el documento técnico (encargado por la abogada del Estado que representa a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, coimputada junto con su máximo superior jerárquico, Álvaro García Ortiz) y en la providencia posterior dictada por el magistrado para su incorporación al sumario, a los que ha tenido acceso El Debate, se acredita que el letrado público que recibió el correo confidencial del abogado de la pareja de Díaz Ayuso, de fecha 2 de febrero de 2024, «nunca reenvió la comunicación». Una conclusión que despeja líneas importantes sobre el origen de la filtración que, por descarte, ha de situarse en otro foco.

No en vano, el perito confirma que en «absoluto existe evidencia que respalde el reenvío del correo objeto del dictamen o el contenido de la carta publicada en prensa» desde la cuenta de correo asignada a la Abogacía del Estado.

Es decir, cierra la puerta a una de las tesis planteada por la Fiscalía que, desde el inicio de las pesquisas, insistía en cómo el Ministerio Público no era la única Institución conocedora del contenido de dicho e-mail antes de su difusión no autorizada.

Así se desprende del contenido del escrito de 36 páginas en las que, con todo detalle, el ingeniero informático que lo firma analiza los registros del sistema de correo electrónico Microsoft 365 de la Abogacía del Estado. Esto es, el rastro de las comunicaciones entrantes y salientes de la cuenta asignada al abogado del Estado que intervino en el asunto tributario del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid.

Cabe recordar que en el correo remitido por el abogado fiscalista de González Amador, Carlos Neira, y cuya revelación el Supremo atribuye, de manera indiciaria, a García Ortiz, el letrado admitía que su cliente había «ciertamente» cometido dos posibles delitos fiscales y planteaba a la Fiscalía la posibilidad de un pacto de conformidad para cerrar el asunto de manera ágil y consensuada.

No «existe evidencia» contra la Abogacía

El cotejo realizado por el ingeniero especialista refuerza y ratifica esta conclusión. No en vano, el interlineado y el espaciado entre párrafos del correo recibido por el abogado del Estado no son coincidentes, «en absoluto» con los de la información publicada en prensa. Lo que significa que dicho pantallazo no pudo ser ni una impresión directa del correo recibido en la Abogacía, ni un documento nuevo copiado y pegado a un archivo de texto, tipo Word, para su posterior reenvío como adjunto por el letrado.

«De haberse producido esta acción, el análisis del buzón de correo lo habría detectado sin margen de duda», afirma el responsable técnico del dictamen incorporado por el instructor a la causa judicial.

Además, el experto indica que no ha podido tener acceso al contenido del correo que fue recibido por el Ministerio Fiscal, donde sigue puesta la lupa de la investigación .