Así usó «Su Excelencia Señora Begoña Gómez» la invitación de la mujer de Lula para rehuir del juez Peinado

«A su Excelencia Señora Begoña Gómez, cónyuge del presidente del Gobierno de España». Así comienza la «traducción no oficial» de la «invitación a los cónyuges de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del G20 e invitados», cursada en octubre por Janja Lula da Silva, ‘primera dama’ de Brasil, y que sirvió a la esposa de Sánchez como excusa para no acudir a declarar ante el juez Peinado el pasado 18 de noviembre y posponer su comparecencia un mes más, en la causa que la investiga por los delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo.

El Debate ha accedido a este documento en el que las autoridades del país invitaban a «Su Excelencia» a participar en la cumbre, donde tendría un asiento reservado en «la sala plenaria», así como «una sala reservada a los cónyuges y de un espacio para las reuniones bilaterales que desee organizar».

Además, consideraban su participación «muy importante y significativa», ya que su presencia permitiría «debatir nuestras experiencias personales y profesionales» sobre temas como la «igualdad de género», «acabar con la misoginia y la violencia de género» o «género y acción climática», que son algunas de las prioridades de las «actividades del Grupo de Trabajo sobre el Empoderamiento de la Mujer creado en la cumbre de Nueva Dheli».

Sin embargo, cabe recordar que Begoña Gómez no ostenta ningún cargo público reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, aunque Presidencia en el escrito remitido a El Debate junto a esta invitación, fechado el pasado 4 de marzo y firmado por la responsable del departamento jurídico de Moncloa, Beatriz Rodríguez, intenta justificar su presencia en la cumbre en base a «necesidades de protocolo y representación».

De hecho, este fue, también, el argumento que utilizó la defensa de la esposa de Sánchez para no acudir al juzgado en noviembre, cuando el instructor le atribuyó la supuesta comisión de delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional, aunque Peinado permitió el aplazamiento al considerar que aunque esa visita «tiene el carácter de voluntaria, y la aceptación de la invitación, podría haberse excusado» Gómez «tiene una especialísima relevancia social, por su condición de esposa del actual Presidente del Gobierno de España». Por lo que el juez consideró que se debían «tener en cuenta» ciertos «especiales privilegios que la distinguen de cualquier ciudadano en quien no concurren dichas circunstancias».

Además, el juez también rechazó la petición de las acusaciones populares para que se le retirase el pasaporte, ya que «en el presente supuesto es difícilmente contemplable que pretenda eludir la acción de la Justicia y residir en cualquier otro país, con carácter prolongado en el tiempo».

Exteriores no aclara si goza de pasaporte diplomático

Sin embargo, Exteriores, a preguntas de El Debate, prefiere mantener en secreto si Gómez goza de algún privilegio diplomático a la hora de realizar sus viajes por el mundo, ya sea en forma de pasaporte diplomático o de otro estatus que facilite su entrada en los países de destino, al igual que tampoco ha querido desvelar la relación de países con los que Albares ha tenido que mediar o realizar gestiones para facilitar su entrada, habida cuenta de la situación judicial en la que se encuentra y que no posee ningún cargo oficial que justifique sus viajes.

Sea como fuere, la esposa del presidente no se libró de dar explicaciones ante el juez Peinado, y negó en su declaración como investigada en lo referente a los delitos de apropiación indebida e intrusismo –dos de los cuatro delitos por los que está investigada–, que el Instituto de Empresa (IE) la contratase por ser mujer del presidente del Gobierno, además de insistir en que «el proyecto de la cátedra y el proyecto de los másteres en ningún momento tenía ningún ánimo de lucro».

Unos proyectos que han terminado por colocar al círculo más cercano a Sánchez en Moncloa bajo la lupa, pues el juez ha abierto una pieza separada y ha acordado tomar declaración en calidad de testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el 16 de abril a las 10.30 horas al entender que puede existir un delito de malversación en la contratación de la asesora Cristina Álvarez por parte de Moncloa. Una decisión que ya ha sido recurrida tanto por la Fiscalía como por parte de la defensa de Álvarez.

Presidencia esconde el salario de la asesora y sus funciones

Cabe recordar que, tal y como desveló El Debate, Sánchez lleva meses escondiendo, precisamente, los motivos por los que se contrató a Álvarez y el salario público que la asesora percibe por ello. En concreto, Presidencia debería haber remitido a este periódico el «importe de las retribuciones abonadas desde su nombramiento hasta la actualidad, desglosando los conceptos y anualidades», además de una «copia de la documentación donde consten las funciones a desempeñar, justificación de la contratación y copia de la resolución de nombramiento como asesora».

Sin embargo, pese a que ya se ha cumplido el plazo previsto para ello, Moncloa no lo ha hecho aún, pese a las órdenes reiteradas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Previamente, desde Moncloa se falsearon los gastos públicos relacionados con la contratación de la secretaria de la mujer del presidente, al negar que destinase recursos públicos a las actividades de Begoña Gómez, más allá de las relacionadas con su seguridad, ignorando las retribuciones que se han abonado a Álvarez.

Según los juristas consultados por este periódico, «podríamos encontrarnos ante una conducta de clara tipicidad penal, al tratarse de un posible delito de falsedad en documento público en concurso con uno de prevaricación».

Además, la propia Cristina Álvarez ya figura en la lista de imputados en la causa, pues el instructor considera que se puede deducir su «participación» en la causa en la que se investiga a la esposa del jefe del Ejecutivo, pues sus labores solicitando fondos y respondiendo correos relacionados con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía Gómez podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias y de un delito de corrupción en los negocios.