Derrota de Conde-Pumpido contra la revisión de la sentencia de los ERE: «Querer impedirlo fue pegarse un tiro en el pie»

En los mentideros del Poder Judicial no se comenta otra cosa. Hasta para Cándido Conde-Pumpido ha sido demasiado lo ocurrido con la cuestión prejudicial que prepara la Audiencia de Sevilla para consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre la malversación en la sentencia del TC en el caso de los ERE. «Tratar de impedirlo ha sido pegarse un tiro en el pie», apuntan distintas fuentes.

No en vano, el presidente de la Corte española de Garantías ha quedado retratado en un empeño personal que ni tiene recorrido jurídico, ni por supuesto, ha encontrado respaldo entre el resto de magistrados.

Es más, la posición ha sido clara: a los jueces españoles no se les puede «convencer o advertir con sanciones» porque discutan, como está previsto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento (TFUE), el encaje de una decisión en el Derecho comunitario. Y ello, con independencia de si la resolución que se cuestiona es del TC o de otro órgano de instancia. Hay «límites» al supuesto «poder omnímodo que se ha querido afirmar que existe» en su caso particular.

El Constitucional cerraba el Pleno de este miércoles el «debate jurídico» que se abrió en el anterior cónclave, a iniciativa de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, por la intención del órgano provincial sevillano de acudir a Luxemburgo para desoír el fallo en el que se reinterpretó el delito de malversación en el mayor escándalo de la historia de muestra democracia, por el que fueron absueltos una decena de condenados.

El turno de intervenciones finalizaba sin acuerdo alguno ante la falta de apoyos internos que han encontrado las tesis del magistrado sobre la «defensa de la jurisdicción propia» inviable en este escenario. Ni lo ha habido, «ni lo habrá», aseguran las fuentes consultadas por El Debate. «El tema está zanjado definitivamente. Los jueces de Madrid y Sevilla pueden estar tranquilos», añaden.

La polémica se desató después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anunciara en una providencia, donde pedía opinión a las partes, su disposición a formular una cuestión prejudicial ante el TJUE al considerar que el TC se ha «extralimitado» por la «interpretación alternativa» que hizo de los delitos de prevaricación y malversación que permitieron absolver, entre otros, a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Durante la reunión de la Sala Primera del TC celebrada el pasado 24 de marzo, Conde-Pumpido trasladó a sus compañeros sus dudas sobre la posibilidad de que los jueces y tribunales españoles pudieran acudir a la corte de Luxemburgo para cuestionar las sentencias del Constitucional, y lo hizo aludiendo a un caso similar surgido en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pero apuntando también al 'caso ERE'.

Al día siguiente, el asunto se abordó en el Pleno previsto, a pesar de que no constaba en el orden del día y ante el desconcierto entre varios magistrados, incluidos los enmarcados en la mayoría progresista del TC.

De acuerdo con fuentes conocedoras de dicho debate, en ese momento la postura de Conde-Pumpido ya contó con pocos apoyos, a excepción de su siempre fiel compañero el magistrado Ramón Sáez y de la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán. El resto de las posiciones fluctuaron desde quienes consideraron incuestionable -«de primero de derecho UE»- que los jueces españoles pueden preguntar al TJUE cuando tengan dudas sobre la aplicación de las normas comunitarias al caso que tienen entre manos, en especial si en las mismas se ven afectados «fondos europeos» como sucede con los ERE.

Esa «primera aproximación» al «conflicto» entre «la obligación de cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional» y «el planteamiento de cuestiones prejudiciales ante el TJUE», según lo calificó el propio TC, comenzó el martes y continuó el miércoles. En esa segunda jornada, la postura del propio Conde-Pumpido se vio matizada, al hablar ya de la búsqueda de consenso interno en cualquier decisión que pudiera adoptarse, a instancias de una reflexión de la magistrada María Luisa Balaguer.

El presidente del TC incluyó, formalmente, en el orden del día del Pleno que comenzará el próximo martes el «debate jurídico» sobre el «planteamiento de cuestiones prejudiciales en la ejecución de sentencias definitivas dictadas por el TC u otros tribunales superiores nacionales, con suspensión de la ejecución».

Con un total de cinco informes jurídicos contrarios a la tesis del presidente del TC, la resistencia de los dos tribunales concernidos por la maniobra y un Pleno cuasi unánime en la materia, a Conde-Pumpido no le quedaba más remedio que enmendarse a sí mismo, sin que lo pareciera.

Es más, eran varias las reflexiones que apuntaban cómo la mera «interferencia, injerencia, condicionamiento, impedimento u obstaculización por el TC del planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales ordinarios nacionales constituiría un grave atentado a la independencia judicial de esos tribunales ordinarios, que podría motivar la responsabilidad del Reino de España, exigible mediante un procedimiento por infracción (...), sin descartar que se haya podido incurrir ya en esa responsabilidad», al menos, desde el punto de vista europeo.

Así las cosas, el «conflicto» que identificó el TC ha quedado rebajado a un «debate jurídico» sine die, que «no es tal», de acuerdo con el enfoque propuesto por el propio Conde-Pumpido para salir más o menos indemne de lo ocurrido. La «cuestión novedosa» de la que habla el presidente del TC ha sido el «intento» de algo «muy grave» en lo que muchos juristas creen que «no es consciente todavía».