El Gobierno planea reformar la Ley de Financiación de Partidos contra Vox antes del nuevo ciclo electoral

El Gobierno ha incluido en su Plan Anual Normativo 2025 la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos, con la que pretende estrangular las vías de financiación de Vox, especialmente la extranjera. Según el Ejecutivo, la ha incorporado a su hoja de ruta legislativa para este año con el objetivo de «dar cumplimiento al Plan de Acción por la Democracia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 17 de septiembre de 2024».

Los socialistas quieren tener la norma lista antes de que España se zambulla en un nuevo ciclo electoral. Sobre el papel, las próximas elecciones serán en 2026 en Castilla y León (aunque se especula con que pudieran adelantarse al otoño de este año) y en Andalucía. Aunque, dadas las dificultades de Pedro Sánchez para gobernar esta legislatura, el adelanto de las elecciones generales nunca está descartado del todo.

Para llevar a cabo su plan, los socialistas tendrán que darse mucha prisa, puesto que la reforma de esta ley orgánica aún está en una fase muy inicial. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones de Félix Bolaños ha elaborado un anteproyecto de ley orgánica que todavía no ha elevado al Consejo de Ministros para una primera lectura. Y luego quedarán los informes de los órganos consultivos del Estado, los trámites de audiencia e información pública (en paralelo a lo anterior), la segunda vuelta en el Consejo de Ministros y el trámite parlamentario.

El pasado 25 de febrero, El Debate desveló en exclusiva el contenido ese anteproyecto que, al menos en parte, constituye una reforma de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos ad hominem. Porque, entre los cambios que quiere introducir el Ejecutivo, hay dos que claramente van dirigidos a Vox: créditos de bancos extranjeros y venta de merchandising.

Se trata de dos vías de financiación que el partido de Santiago Abascal ha venido utilizando, a mayores de las subvenciones públicas que recibe y de las cuotas de sus afiliados. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción abrió en marzo una investigación contra el partido por presuntas irregularidades en su financiación, a propósito de una denuncia que había presentado el PSOE en diciembre.

El anteproyecto introduce un nuevo punto en el artículo 4 de la ley actual, el referido a Aportaciones, donaciones, operaciones asimiladas y acuerdos sobre condiciones de deuda, que reza: «Los partidos políticos que concierten un préstamo o crédito con entidades de crédito que no estén radicadas en España deberán remitir al Tribunal de Cuentas, en el plazo de un mes desde la operación, el contrato o documento del préstamo o crédito y una memoria justificativa en la que se identifique la entidad concedente, su país de procedencia, el importe otorgado, el tipo de interés, el plazo de amortización del crédito o préstamo y la deuda pendiente al cierre del ejercicio». Estas operaciones estarán sometidas a un segundo filtro: «Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación directa o indirecta por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos».

Vox es el único partido que reconoció al Tribunal de Cuentas haber suscrito un crédito con una entidad extranjera. En concreto, con el banco húngaro MBH por valor de 6.592.152,78 euros en junio de 2023, y a un tipo de interés del 11 %. Según el partido, no les quedó más remedio porque las entidades nacionales no le daban crédito, y lo devolvieron en septiembre de 2024. El PSOE y sus socios siempre han creído que detrás está el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

Además, la propuesta del Ministerio de Félix Bolaños pasa por un mayor control sobre el merchandising. No por casualidad, ésta era la segunda presunta irregularidad que el PSOE incluyó en diciembre en su denuncia contra Vox. Según los socialistas, las «huchas» o «cajas de caudales» que los de Abascal sitúa en sus mesas informativas, junto con objetos como pulseras con la bandera de España, tienen como objetivo «captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco». Los socialistas calculan que Vox se ha embolsado cinco millones de euros por esta vía.

La reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos es una de las medidas que figura en el Plan de Acción por la Democracia que el Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre. El plan es un totum revolutum de reformas legislativas en respuesta al caso Begoña que el Gobierno va desarrollando a trompicones, dada su debilidad parlamentaria.

Más novedades

El anteproyecto desvelado por este periódico incluye más reformas. Los afiliados tendrán que hacer el ingreso de su cuota desde una cuenta de su titularidad, no valdrán las de terceras personas. Quien done más de 25.000 euros a un partido deberá presentar una declaración responsable en la que diga que no tiene un contrato vigente con la Administración. El resto de las aportaciones privadas que no sean cuotas deberán ir a una cuenta distinta.

La actual ley prohíbe a un partido recibir o aceptar donaciones «anónimas, finalistas o revocables»; «procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales; y «procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica». En la nueva redacción, el Ministerio amplía la prohibición también a las aportaciones, para que ningún partido utilice esta figura como puerta lateral.

Además, los partidos que durante dos o más ejercicios económicos consecutivos tengan números rojos deberán elaborar obligatoriamente un plan de saneamiento para «alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial». La nueva norma también aumenta las sanciones a las formaciones que la incumplan. Las infracciones muy graves estarán castigadas con un mínimo de 50.000 euros y, las graves, con un mínimo de 25.000. Y no solo los partidos deberán remitir informes de situación al Tribunal de Cuentas, como hasta ahora. También los grupos parlamentarios y las coaliciones electorales.