El Gobierno redacta una ley de partidos a la carta para cortar la financiación extranjera de Vox

El Gobierno prepara una reforma de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos con la que pretende poner todas las trabas posibles a los préstamos que recibe Vox del extranjero, lo que comprometería gravemente las cuentas de la formación. Puesto que, en la campaña de las municipales y autonómicas de 2023, Vox pidió un crédito de 6,59 millones de euros a un banco húngaro porque los españoles no le financiaban, según justificaron los de Santiago Abascal.

Así figura en el anteproyecto que ha elaborado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños, que aún tiene que ser elevado al Consejo de Ministros para una primera lectura y al que ha tenido acceso El Debate en exclusiva. Entre los cambios que quiere introducir el Ejecutivo, hay dos que claramente van dirigidos a Vox: créditos de bancos extranjeros y venta de merchandising.

El Ministerio ha introducido un nuevo punto en el artículo 4, el referido a Aportaciones, donaciones, operaciones asimiladas y acuerdos sobre condiciones de deuda, que reza: «Los partidos políticos que concierten un préstamo o crédito con entidades de crédito que no estén radicadas en España deberán remitir al Tribunal de Cuentas, en el plazo de un mes desde la operación, el contrato o documento del préstamo o crédito y una memoria justificativa en la que se identifique la entidad concedente, su país de procedencia, el importe otorgado, el tipo de interés, el plazo de amortización del crédito o préstamo y la deuda pendiente al cierre del ejercicio». Estas operaciones estarán sometidas a un segundo filtro: «Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación directa o indirecta por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos».

Vox es el único partido que reconoció al Tribunal de Cuentas haber suscrito un crédito con una entidad extranjera. En concreto, con el banco húngaro MBH por valor de 6.592.152,78 euros en junio de 2023, y a un tipo de interés del 11 %. Según el partido, lo devolvieron en septiembre de 2024. El PSOE y sus socios siempre han creído que detrás está el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. En aquel año electoral, Vox recibió otros dos préstamos: uno del BBVA por importe de 1.831.770 euros y otro del Banco Santander de 795.109 euros, ambos liquidados el pasado verano.

En la exposición de motivos de la futura norma, el departamento de Bolaños lo justifica en la necesidad de «asegurar la calidad de la democracia española en un contexto global cada vez más complejo». Se trata, según Justicia, de «contrarrestar las injerencias que, a través de la financiación de partidos políticos, se pretenden realizar en nuestro sistema, menoscabando la democracia. En un escenario de creciente desinformación, es clave que la normativa de financiación no solo cumpla una función administrativa, sino que también actúe como un mecanismo de protección de la integridad democrática. Un compromiso con la defensa de los valores democráticos y la transparencia».

Además, la propuesta del ministerio de Bolaños pasa por un mayor control sobre el merchandising, puesto que los socialistas creen que Vox se ha estado financiando ilegalmente por esa vía. De hecho, en diciembre presentaron una denuncia contra Vox ante la Fiscalía General del Estado en la que les acusaban de haber obtenido cinco millones de euros por esa vía «absolutamente irregular».

La reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos es una de las medidas que figura en el Plan de Acción por la Democracia que el Ejecutivo aprobó el pasado mes de septiembre. El plan es un totum revolutum de reformas legislativas en respuesta al caso Begoña que el Gobierno va desarrollando a trompicones, dada su debilidad parlamentaria.

Por lo que respecta a las cuotas de los afiliados, estos tendrán que hacer el ingreso desde una cuenta de su titularidad, no valdrán las de terceras personas. Quien done más de 25.000 euros a un partido deberá presentar una declaración responsable en la que diga que no tiene un contrato vigente con la Administración. El resto de las aportaciones privadas que no sean cuotas deberán ir a una cuenta distinta.

La actual ley prohíbe a un partido recibir o aceptar donaciones «anónimas, finalistas o revocables»; «procedentes de una misma persona superiores a 50.000 euros anuales; y «procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica». En la nueva redacción, el Ministerio aumenta la prohibición también a las aportaciones, para que ningún partido utilice esta figura como puerta lateral.

Obligación de un plan de saneamiento

Los partidos que durante dos o más ejercicios económicos consecutivos tengan números rojos —«presenten una situación patrimonial negativa», lo llama el Ministerio— deberán elaborar un plan de saneamiento para «alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial». Será obligatorio. Además, deberán disponer de un sistema de prevención de riesgos penales (…) que incluya, al menos, un código ético y un sistema disciplinario que cuente con todas las garantías legales para empleados y afiliados.

El anteproyecto que Justicia llevará al Consejo de Ministros también aumenta las sanciones a los partidos que incumplan la ley de financiación. Las infracciones muy graves estarán castigadas con un mínimo de 50.000 euros y, las graves, con un mínimo de 25.000.

No solo los partidos deberán remitir informes de situación al Tribunal de Cuentas, como hasta ahora. También los grupos parlamentarios y las coaliciones electorales. El anteproyecto da más poder de fiscalización al organismo que preside Enriqueta Chicano, pero menos a la Comisión parlamentaria de Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Ahora, el Tribunal de Cuentas envía al Congreso los informes que recibe de todos los partidos. La reforma lo limita a los que reciben subvenciones públicas.

Al anteproyecto aún le espera un largo periplo. De entrada, una vez que lo revise el Consejo de Ministros, será enviado al Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central —entre otros organismos— para que emitan sus informes al respecto. En paralelo, se abrirá un trámite de audiencia e información pública. Con todo, después volverá al Consejo de Ministros ya como proyecto de ley y de ahí al Congreso.