Conde-Pumpido oculta al TC la impugnación de un contrato de 722.000 € que adjudicó sin concurso

En una nota informativa del Tribunal Constitucional, emitida el 4 de septiembre de 2024, Cándido Conde-Pumpido sacaba pecho sobre la actividad de la Corte que preside, durante su primer año de mandato, e informaba a SM el Rey Felipe VI de las diferentes actividades llevadas a cabo durante ese tiempo. Entre ellas, cómo en marzo de 2023, el órgano había sido «elegido por unanimidad como anfitrión del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional que se celebrará en Madrid en otoño» de 2025. En concreto, del 28 al 31 de octubre del año en curso.

Pues bien, la organización y logística del evento, que dará cita a más de 500 asistentes, de diferentes delegaciones internacionales, fue asignada por el propio Conde-Pumpido, a través de un contrato negociado sin publicidad con concurrencia de ofertas, a la Escuela Internacional de Protocolo S.L. por un valor total de 721.799,90 euros (IVA no incluido). Una adjudicación que, según ha podido saber El Debate en exclusiva, ha sido impugnada y se encuentra paralizada, sin que, hasta la fecha el máximo responsable de la Corte de Garantías haya reportado sobre este extremo al resto de sus compañeros.

De hecho, este diario ha podido confirmar que el asunto no ha sido presentado, ni tampoco informado, a la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del órgano, encargada de los asuntos del día a día, que está compuesta por el propio Conde-Pumpido, su vicepresidenta Inmaculada Montalbán, los magistrados Concepción Espejel y Ramón Sáez y el secretario general de la institución.

Si bien todos los miembros de la misma conocían la celebración del Congreso, así como la necesidad de una habilitación concreta de gasto del TC, para este asunto, dado que los presupuestos se encuentran prorrogados como resultado de la prolongación, a su vez, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Tampoco, por el momento, se ha reflejado en modo alguno la nueva situación denunciada del contrato en la propia página de Transparencia del TC donde, hasta la fecha, sólo se ofrecía información sobre el otro único contrato formalizado por procedimiento negociado desde el año 2023 y que, en su caso, corresponde con los «servicios de mantenimiento de licencias de software de gestión de recursos humanos, actualmente prorrogado».

Así las cosas, frente a la adjudicación resuelta por Conde-Pumpido se ha interpuesto un recurso especial en materia de contratación, lo que en la práctica ha supuesto la aplicación del régimen de suspensión previsto en el artículo 53 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. Un escenario que sugiere la existencia de discrepancias de uno o varios de los otros tres interesados (de un total de cuatro) no agraciados con la resolución del procedimiento; o, en su defecto, de un tercero ajeno al mismo que podría haber entendido que la concesión de los servicios debió ofertarse a través de un concurso público, con pliego de condiciones. El dato del impugnador y los motivos de su queja, sin embargo, tampoco son públicos.

No en vano, la fórmula elegida por el presidente del TC para la asignación de las tareas, servicios y suministros necesarios para el buen fin del evento previsto, ha sido cuestionada por varios expertos consultados por este diario. Todos ellos coinciden en que «no hay irregularidad» en la forma elegida para llevarlo a cabo, en sí misma, pero que lo «deseable» en este tipo de casos habría sido «decantarse por un proceso lo más abierto y objetivo posible».

Entre otras cuestiones porque el Tribunal de Recursos Contractuales (TACRC), competente para decidir en la materia, está «muy saturado» y no acostumbra a resolver este tipo de cuestiones con agilidad. A lo que habría que añadir el hecho de que, por el momento, y dado que no se ha informado de la situación a la propia Corte, ni siquiera se ha podido poner en marcha la maquinaria necesaria para solucionarlo. Además, si para minimizar la suspensión Conde-Pumpido se plantease «acudir a una nueva contratación, por ejemplo, de urgencia» todavía sería «mas discutible la elección del procedimiento».

Una nueva brecha abierta, en su caso, en el TC si bien en esta ocasión por cuestiones que se alejan, en parte, de las habituales discrepancias jurídicas del Pleno y las maniobras doctrinales de la mayoría del mismo, afín al Gobierno, en los asuntos política e ideológicamente más sensibles de la legislatura.