El plan maestro de Sánchez para vengarse de jueces y prensa crítica se derrumba

El jueves hizo un año desde que el suelo se abrió a los pies de los socialistas durante cinco días; los cinco días que Pedro Sánchez estuvo aislado en la Moncloa, supuestamente para reflexionar si le merecía la pena seguir al frente de la Presidencia del Gobierno por la «campaña de acoso y derribo» contra su mujer.

El presidente salió de aquel encierro prometiendo un «punto y aparte», «una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio». Pasó el verano. El pasado martes 17 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó su Plan de Acción por la Democracia, su particular respuesta al caso Begoña. Se trataba de un amasijo de reformas legislativas que suponía una involución en libertades y derechos fundamentales y un ataque indiscriminado contra la prensa libre. Enseguida se intuyó que era un enorme castillo en el aire levantado por el Gobierno con menos apoyos de la democracia, 147 escaños de 350.

El Plan de Acción por la Democracia era y es un amasijo de reformas legislativas en respuesta al caso Begoña

Un año después del aldabonazo de Sánchez, su plan maestro amenaza ruina. Las medidas contenidas en él o no han arrancado o se han chocado con la realidad de unos socios discontinuos, que nunca dan su apoyo a cambio de nada.

La llamada ley Begoña es el mayor ejemplo. A la vuelta de las navidades, el PSOE registró una proposición de ley en el Congreso para intervenir la Justicia por la vía rápida, ante el avance de los casos de corrupción que le afectaban. Con ella, los socialistas pretendían cercenar la acusación popular, impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa, aumentar los motivos para recusar a un juez y, de propina, borrar de un plumazo el artículo 525 del Código Penal, el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Pero el PSOE ni siquiera la ha podido llevar aún al Pleno para su toma en consideración (el primer paso) porque no tiene los apoyos: Junts votaría en contra.

El plan B que maneja el Gobierno es incluir su contenido, al menos en parte, en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está a punto de aprobar el Consejo de Ministros. Ésta quitará a los jueces la instrucción de los procedimientos penales para dársela a la Fiscalía General del Estado. Aunque Sánchez está en las mismas: si sus socios no quieren, el proyecto de ley puede quedarse eternamente varado en el trámite parlamentario.

Allí, dando vueltas en el Congreso, se encuentra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, otro de los compromisos de ese Plan de Acción por la Democracia, en lo referido a la despenalización del uso de imágenes o datos personales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (salvo en casos muy puntuales). En este caso, hay una proposición de ley que registraron en octubre en el Congreso el PSOE, Sumar, Bildu y el PNV, pero Podemos es el escollo: a los morados, la reforma le sabe a poco y quieren más.

Tampoco termina de arrancar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que el PNV lleva nueve años reclamando y que Sánchez incluyó en su Plan de Acción. En febrero, antes de que Aitor Esteban dejara el Congreso para centrarse en presidir el PNV, el presidente le prometió que aceleraría esa reforma. La pasada legislatura, el Consejo de Ministros llegó a aprobar un anteproyecto, pero fue tan criticado que lo congeló.

De la reforma de la ley que regula el derecho de rectificación, el Gobierno tiene aprobado un anteproyecto desde el pasado mes de diciembre, pero aún le queda un enorme recorrido. En la misma fase, la de anteproyecto, está la reforma de la Ley del Régimen Electoral para que las empresas demoscópicas tengan la obligación de publicar los microdatos y que haya debates electorales. También ha sido aprobado un anteproyecto de la ley sobre servicios digitales, que entre otras cosas crea un registro público estatal de medios de comunicación controlado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ésta tendrá la capacidad de enviar inspecciones y multar, con un régimen de sanciones que irá hasta los 600.000 euros.

Más largo es el camino que tiene por delante la reforma de la Ley de Financiación de Partidos: el Ministerio de Félix Bolaños está trabajando en un documento que aún no ha elevado al Consejo de Ministros para una primera lectura (lo que se llama fase de anteproyecto). Como desveló El Debate, esa reforma es parcialmente ad hominem contra Vox, porque pretende dificultar las formas de financiación extranjera y por la vía del merchandising, que son dos recursos utilizados por el partido de Santiago Abascal.

De la modificación de la ley orgánica que regula el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, también contenida en el Plan de Acción por la Democracia, de momento no hay noticias. El ministro Bolaños anunció en febrero que la llevaría pronto al Consejo de Ministros, pero hasta hoy.

Las dos excepciones

No por casualidad, las únicas medidas de ese plan que el Gobierno ha podido completar son las que ha articulado a través de dos reales decretos aprobados en octubre; porque los reales decretos tienen rango de reglamento, los aprueba el Gobierno y no necesitan siquiera la convalidación del Congreso. Con uno ha creado la Autoridad Independiente de Protección del Informante y con el otro ha aumentado la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades especializadas en la lucha contra la corrupción.

De la Ley de Administración Abierta no hay nada. De la reforma de la Ley de Publicidad Institucional, tampoco. De la aprobación de una Estrategia Nacional contra las campañas de desinformación y de una comisión parlamentaria sobre el asunto, tampoco. Y la reforma del Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación, que era otra de las medidas del plan del Gobierno, la ha acabado llevando al Congreso el PP y no el PSOE.

El Ejecutivo se dio tres años para culminar todas las reformas. Pero el problema es que no está en sus manos hacerlo, sino en las de sus socios. En las de todos.