El Constitucional cerrará la última vía para que el magistrado Macías participe en las causas de la amnistía

La recusación en la amnistía del magistrado José María Macías, incorporado al Pleno del Constitucional en su última renovación, a propuesta del Senado, se aprobó en un procedimiento inédito dentro de la propia Corte y admitiendo a trámite la tacha planteada fuera de plazo por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando ya había sido imputado por un presunto delito de revelación de secretos ante el Supremo. En dicho trámite, además, no estuvieron admitidos ni el Partido Popular, que fue uno de los primeros en recurrir la polémica norma, ni tampoco las comunidades autónomas que pleitean contra la misma, un total de 16.

Más tarde, la expulsión del magistrado se «extendió» a todos los recursos de inconstitucionalidad del texto, en una nueva maniobra instada por el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido para evitar que tanto las administraciones regionales como el PP pudieran pronunciarse formalmente. Y ello pese a que antes de resolver sobre su compañero, tanto él como la magistrada Laura Díez –ambos también cuestionados en la materia– se reactivaron mutua y sucesivamente para poder participar y votar en la sesión en la que se decidió prescindir de Macías.

Así las cosas, varias de las autonomías y los 'populares' presentaron recurso de súplica contra los efectos expansivos de la decisión inicial sobre el magistrado que, además, era el encargado de resolver la impugnación cabecera de la amnistía y, por lo tanto, el guardián de los tiempos para dar respuesta a la legalidad, o no, del borrado penal del procés. Escapando así al control del sector mayoritario de la Corte que, como adelantó El Debate en exclusiva, ya dispone de un primer borrador de informe, confeccionado por el equipo de letrados destinados en exclusiva al trabajo técnico previo, que sería favorable a la constitucionalidad de la amnistía.

Todos ellos se quejaron de que, con el enjuague ad hoc perpetrado con Macías se había vulnerado tanto su derecho al juez predeterminado por la ley (que entendían que debía ser un tribunal que incluyese al magistrado), como a la posibilidad de participar en el procedimiento en el que se determinase la recusación (lo que se impidió con el pretexto de resolver donde ninguno de ellos estaba personado para, después, ampliarlo al resto de causas).

Ahora, en el Pleno ordinario convocado la próxima semana, el TC se prepara para resolver todos estos nuevos recursos, con una propuesta de auto desestimatorio de la magistrada y vicepresidenta Inmaculada Montalbán, para primera toma de contacto, que contará, según ha podido adelantar este diario, con el respaldo del ala izquierdista en su totalidad.

Es decir, con ello, el TC cerrará la última vía posible para permitir que el magistrado Macías participe en la discusión y votación del encaje de la amnistía en nuestro ordenamiento, bajo el pretexto de que participó en la confección de un comunicado del anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde era vocal, sobre la materia y pese a que él mismo ha declarado, por escrito, que dicho pronunciamiento ni entró en el análisis de fondo que corresponde en último término a la Corte, ni le incapacita para abordarlo con independencia e imparcialidad.