
La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido
Balance Judicial
Los seis letrados del TC destinados en exclusiva a la amnistía terminan un primer borrador favorable a la norma
El grupo de trabajo conformado para reforzar a la vicepresidenta de la Corte y ponente de la sentencia del primer recurso, Inmaculada Montalbán, han concluido los trabajos previos que les fueron asignados
Un cónclave a puerta cerrada y con una «discreción» insólita. Los seis letrados del Constitucional destinados en exclusiva por el presidente del Tribunal, como desveló El Debate, a informar sobre la que será, previsiblemente, la primera sentencia favorable la Ley de Amnistía, se reunían a finales de esta misma semana para poner en común el resultado de los trabajos de los que, hasta ahora, se habían venido encargando cada uno de ellos por separado y 'ensamblarlos' en un único documento.
Según ha podido adelantar este diario, cinco de los técnicos seleccionados por Cándido Conde-Pumpido para la misión —coordinados por el letrado del Parlamento de Asturias y vicesecretario general del TC, Juan Carlos Duque Villanueva— han concluido así el borrador inicial de la futura resolución, como parte de su refuerzo a la labor de la ponente, la magistrada Inmaculada Montalbán. No en vano, tras la recusación del magistrado José María Macías, a quien correspondía resolver el recurso cabecera presentado por el Partido Popular contra el polémico borrado penal del procés, el turno recaía sobre la vicepresidenta de la Corte.
De esta manera, con el texto terminado sobre las cuestiones de fondo, Conde-Pumpido habría superado con éxito la fase inicial de su plan para dar luz verde a la amnistía que, como él mismo adelantó en un desayuno informativo celebrado recientemente en el Ateneo de Madrid, quedará vista «antes de este verano».
A partir de este momento, será la propia Montalbán (quien ya firmó la anulación de las condenas de los ERE de Andalucía a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros), la encargada de 'limarlo' para que se ajuste, jurídicamente, «a los compromisos políticos» de Pedro Sánchez. También, por descontado, «a los tiempos» exigidos por los socios de investidura del Gobierno. En especial, los diputados separatistas de Junts que ya han amenazado en varias ocasiones con dinamitar la legislatura si no se cumple con la aplicación de la amnistía a su líder, el prófugo Carles Puigdemont.De hecho, este segundo aspecto –controlar, sin riesgos, el cómo y el cuándo– fue uno de los motivos por los que Conde-Pumpido resolvió, envuelto en la más absoluta polémica, su recusación en los asuntos de la amnistía, reactivándose para participar tanto en ellos como en la reincorporación de su compañera del bloque izquierdista, Laura Díaz, también cuestionada por su condición de ex alto cargo de Moncloa.
Una maniobra que, a su vez, les permitió a ambos incorporarse a la reunión del Pleno, y la posterior votación, recurrida por la Comunidad de Madrid, en la que se excluyó definitivamente a Macías, garantizando una mayoría de 6 a 4, a favor de la constitucionalidad de la amnistía, tras la abstención voluntaria del magistrado Juan Carlos Campo, el exministro de Justicia que firmó los indultos concedidos a los líderes independentistas catalanes que encabezaron el 1-O.
Cocinando el 'encaje' de la amnistía
La forma en la que se ha conformado el equipo de trabajo técnico y el hecho de que, desde su renovación a la medida del Gobierno y sus socios, el Tribunal no haya puesto en riesgo ninguna de las aspiraciones de Moncloa, apuntan a un único objetivo: salvar la amnistía que el Supremo se ha negado a aplicar, de manera reiterada, al delito de malversación por que el fueron condenados la mayoría de los políticos separatistas de Esquerra (ERC) y Junts.
Si bien es cierto que, de acuerdo con las fuentes consultadas por El Debate, el borrador ya entregado justificaría la «admisión parcial de alguna de las impugnaciones» planteadas contra la polémica norma en el recurso del PP. En realidad, «se trata de reparos menores», analizan las mismas fuentes, «que no tendrán otra finalidad que la de aparentar cierto equilibrio» en lo que es un resultado cocinado para el 'encaje' del borrado penal del procés en la Constitución, al dictado de Sánchez y sus aliados.