El Supremo obliga al Gobierno a entregar más de 9.000 informes de Hacienda a una senadora

Más de 9.000 informes elaborados por la Abogacía e Intervención del Estado para el Ministerio de Hacienda y sus organismos autónomos en el último cuatrimestre del 2023 es lo que tendrá que entregar el Gobierno a la senadora del PP, Eva Ortiz, después de que el Supremo haya dado la razón a ésta.

Tras registrar la petición en febrero y junio de 2024, el Gobierno alegó que «existen múltiples informes» y las peticiones realizadas no identifican «de forma suficiente» la información requerida, por lo que no se la proporcionó alegando que «sería necesaria una mayor concreción».

El Ejecutivo amplió esas respuestas iniciales para precisar que, en el caso de los informes solicitados de la Intervención, se trata de «alrededor de 5.000 informes» y «solo» de la Intervención Delegada en Hacienda, sin organismos autónomos y demás entes dependientes y, en el caso de los emitidos por la Abogacía, «más de 4.000». En total, más de 9.000 informes.

En la respuesta que dio a la petición referida a los informes emitidos por la Abogacía, el Gobierno indicó que, si bien tal volumen «hace materialmente imposible atender la solicitud efectuada», «con el fin de compatibilizar el derecho de acceso de la senadora con la posibilidad material» de llevarlo a cabo, le ofreció «la posibilidad de acotar el expediente o materia que resulte de interés para la senadora» para enviárselos o darle «algún tipo de acceso» a los mismos.

Derecho a la participación política

Ortiz recurrió ante el Supremo al considerar que «la denegación de la información solicitada supone la violación de su derecho fundamental a la participación política», reivindicando que su petición es «un medio constitucionalmente garantizado para el correcto ejercicio de la función parlamentaria de control político sobre el Gobierno».

Sin embargo, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, para el alto tribunal, «las razones dadas por el Gobierno en sus respuestas no cabe reputarlas como suficientes en Derecho para no facilitar la documentación requerida por la senadora».

«Ni la generalidad de la petición ni el volumen de la información solicitada son razones técnicas de entidad suficiente que impidan facilitar la información requerida, cuando además esta afirmación esta huérfana de cualquier justificación de las razones o motivos técnicos concretos que impiden cumplimentar la petición de la senadora, acotada a los últimos cuatro meses del año 2023», afirma.

4.000 euros en costas

Además, el Supremo recuerda que «la información pública está comprendida en el derecho fundamental de los parlamentarios a la participación en los asuntos públicos», así como que «el interés público superior de la senadora reside en ejercitar el control de la acción de Gobierno, a través del conocimiento y evaluación de la información solicitada, y ello sin perjuicio del derecho a la protección de datos personales en los casos que resulte de aplicación».

En consecuencia, estima los dos recursos presentados por Ortiz y ordena «que por el Gobierno se le entregue, en plazo no superior a 30 días, la información solicitada». También condena en costas a la Abogacía del Estado hasta un máximo de 2.000 euros por asunto, un total de hasta 4.000 euros.