La Fiscalía pide imputar a la ex presidenta de Adif por la contratación irregular de Jessica

Dos delitos, malversación y tráfico de influencias, se ciernen sobre la que fuera presidenta de Adif durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, Isabel Pardo de Vera. La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado su imputación ante la Audiencia Nacional, en al marco del 'caso PSOE' que se sigue ante el órgano central de instrucción penal para los no aforados. De acuerdo con el informe jurídico entregado por el Ministerio Público, este mismo lunes, Pardo de Vera intervino, presuntamente, en la contratación irregular de Jéssica Rodríguez, la expareja de Ábalos, hasta en dos empresas públicas: Tragsatec e Ineco.

Según ha podido confirmar El Debate, de fuentes próximas a la Fiscalía, la participación de la ex secretaria de Estado de Transportes podría ser objeto de una investigación judicial que, en todo caso, tendrá que decretar el magistrado Ismael Moreno, al frente de las pesquisas.

De hecho, fue el propio magistrado que investiga a Ábalos en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien consideró que podría haber «indicios bastantes» de delito en la actuación de Pardo de Vera y decidió remitir las actuaciones relativas al caso en el que se ocupa de las actuaciones tanto del ex ministro Ábalos, como de su ex asesor Koldo García y del comisionista principal de la trama, Víctor de Aldama, a su homólogo de la AN, en su caso, el órgano competente para investigarla.

Antes de decidir al respecto, el juez Moreno quiso conocer el criterio de la Fiscalía que, ahora, cumpliendo con el trámites, ha enviado su dictamen favorable a la imputación. No en vano, las fuentes consultadas por este diario, el fiscal competente considera que Pardo de Vera pudo haber incurrido en sendos delitos de malversación o tráfico de influencias.

Presuntamente, Pardo de Vera participó en una contratación, la de Jessica, irregular y caprichosa de una persona «escogida libérrimamente por Ábalos», quien habría contado «con la relevante participación» del exasesor ministerial Koldo García para las gestiones necesarias.

Y, además, «sin que aquélla durante el período en el que estuvo contratada, desplegara actividad laboral alguna», pese a que sendas empresas, tanto Ineco como Tragsatec, dependientes de Adif, remitieron dos informes en los que certificaban que Jéssica Rodríguez sí había trabajado. Para el juez Puente, magistrado instructor del Supremo, resultaron «particularmente reveladoras» las comunicaciones mantenidas entre Pardo de Vera y Koldo García, obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en este sentido.