El Supremo ve indicios de delito en Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por la contratación de Jessica

El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha apreciado indicios de delito en la actuación de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera por la contratación de Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en la empresa pública Ineco, y ha deducido testimonio al Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para que el juez que investiga aquí el caso decida si le pide declarar como investigada.

En el auto, al que ha tenido acceso El Debate, el juez del Supremo advierte que existen «indicios bastantes» para considerar que Pardo de Vera «habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas [Ineco y Tragsatec] de una persona escogida libérrimamente» por Ábalos, que también, señala el magistrado, también habría contado en este tema con la «relevante participación» de Koldo García. Así, encuentra «particularmente reveladoras» las comunicaciones que mantuvieron Pardo de Vera y el exasesor de Ábalos que recoge el informe de la UCO.

El juez Leopoldo Puente indica que, según los documentos de Tragsatec, Jessica Rodríguez mantuvo una relación laboral con esta empresa pública entre marzo y septiembre de 2021 y sus actividades profesionales «se desarrollaron quedando la trabajadora adscrita a la Presidencia de Adif», cargo que en ese momento ostentaba Pardo de Vera. Y, a la luz del informe de la UCO, esta «habría tenido también una decisiva participación en la contratación previa, aparentemente irregular,» de Jessica por la empresa Ineco, adscrita al Ministerio de Transportes, desde marzo de 2019 a febrero del 21.

Destaca en el auto que la propia Jessica ha asegurado en su declaración como testigo que «ni en una ni en otra empresa prestó, en realidad, actividad profesional o laboral de ninguna naturaleza, sin asistir nunca siquiera a su puesto de trabajo, más allá de la realización de un curso de riesgos laborales, aunque percibiendo puntualmente los correspondientes salarios durante, aproximadamente y unidos ambos períodos, dos años y medio».

Además, el juez instructor acuerda citar a Claudia Montes, otra expareja de Ábalos que fue contratada en la empresa pública Logirail, también vinculada a Transportes, y a César Moreno, uno de los socios del presunto cabecilla de la trama, Víctor de Aldama. Por el contrario, rechaza citar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska como pedía la defensa de Ábalos, al no ver «qué datos o extremos relevantes» podría aportar a la causa.