Cinco asociaciones de jueces y fiscales convocan paros y anuncian medidas legales si el Gobierno no retira su reforma judicial

Cinco asociaciones profesionales, tres de jueces y dos de fiscales, han emitido este viernes un comunicado conjunto exigiendo «la retirada» del proyecto de ley aprobado por el Gobierno para la Justicia española, por «recoger medidas altamente perjudiciales» que afectan «gravemente a la independencia judicial, no responder el cambio a una verdadera demanda social y no contribuir a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta nuestro Estado de Derecho».

Además, tras analizar el anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), derivado de la modificación normativa prevista, con la idea de preparar la futura atribución a los fiscales de la instrucción de los delitos, han concluido que el mismo «supone una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas, dando incluso pasos atrás en ello, al incrementar injustificadamente el poder del Fiscal General del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora».

De ahí que las cinco entidades -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-, en unidad de acción, han vuelto a instar «la retirada» del anteproyecto anunciado por el Ejecutivo, la semana pasada, a través del titular de Justicia Félix Bolaños, a fin de comenzar a construir un Estatuto «que dé verdadera respuesta a las exigencias de independencia de la institución y que cuente con los trabajos de todas las asociaciones de fiscales y de la carrera fiscal».

No en vano, todas ellas recuerdan en este nuevo comunicado Finalmente, el compromiso alcanzado por este Gobierno en los acuerdos firmados el 23 de mayo de 2023 por los que se desconvocó la huelga entonces anunciada; y, «yendo más allá, se realice desde ya una amplísima convocatoria de los turnos libre y cuarto turno, sostenida en años sucesivos, a fin de alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura y fiscalía española que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad».

Activar los canales europeos

Con el fin puesto en estos objetivos, las asociaciones firmantes han acordado «remitir los informes que hicimos en su momento al proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, y los informes que elaboremos relativos al Anteproyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, y ello con la idea de activar los canales europeos, especialmente GRECO y la Comisión de Venecia, denunciando cómo las dos reformas pueden vulnerar la independencia judicial y la actuación del Ministerio Fiscal y afectar la separación de poderes».

También solicitarán «reuniones con todos los grupos parlamentarios, con el Consejo General de la Abogacía Española, con el Consejo General de Procuradores de España, con la Asociación de Abogados del Estado y otras instituciones, y ello con el fin de explicarles los peligros y las consecuencias de ambos proyectos para el Estado de Derecho y la degradación de la calidad de la justicia que pueden suponer».

Sin renunciar a medidas de conflicto

Y anuncian que "en caso de seguir adelante el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos tal y como está proyectado, las cinco asociaciones firmantes nos comprometemos a impugnar judicialmente dicho proceso, asumiendo los costes de forma conjunta”.

Así las cosas, además, han previsto «un paro de diez minutos el día 11 de junio, a las 12:00 horas, a las puertas de las sedes judiciales, a fin de que los miembros de las carrera judicial y fiscal visibilicen el descontento por tales proyectos y el apoyo a los objetivos referidos».

Todo ello, «sin perjuicio de mantener nuestra plena disposición a seguir debatir con el Ministerio de Justicia y los grupos parlamentarios, con rigor y sincera colaboración, como siempre hemos hecho, la base de los referidos proyectos, y sin renunciar, así mismo, a ninguna medida de conflicto colectivo que fuese necesaria adoptar en la consecución de nuestros objetivos», han concluido en el comunicado conjunto emitido este mismo viernes.