Carles Puigdemont pasa por delante de Pedro Sánchez y de José Manuel Albares en la Eurocámara, en una imagen de archivo
Junts quiere resultados
El Gobierno culpará al PP si pierde la votación de la oficialidad del catalán en la UE como se teme
Sánchez ha movido sus hilos en los últimos días para cumplir un compromiso de investidura que no depende de él, pero Feijóo también. Albares no estará en la reunión decisiva, lo que es revelador
Pedro Sánchez se juega este martes en Bruselas algo más que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas. Se juega el rumbo de la legislatura, toda vez que Junts empieza a impacientarse por la falta de avances respecto a uno de los compromisos que adquirió el presidente con ellos a cambio de su investidura.
El Gobierno lleva este martes a debate y votación del Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea -a partir de las 10.30 horas- una propuesta para que las tres lenguas cooficiales en algunas comunidades autónomas de España se sumen a las 24 lenguas oficiales de la UE; un asunto por el que Sánchez nunca se interesó y que ahora sus ministros defienden con la misma convicción que en su día lo hicieron con la amnistía. «Tan español es el castellano como lo son el catalán, el euskera y el gallego», señaló este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. «Es un asunto de identidad nacional española», resumió el de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien recordó que 20 millones de españoles hablan catalán, gallego o euskera.
Para que la propuesta salga adelante, ninguno de los 27 países tiene que votar en contra. El Ejecutivo se dice optimista, pero el hecho de que el ministro Albares se haya borrado de la reunión y envíe en su lugar al secretario de Estado para la UE es señal inequívoca de que no las tiene todas consigo, más bien al contrario.
Las opciones del Ejecutivo de Sánchez pasan por que los Veintisiete acepten una oficialidad light que consistiría en que no se aplicaría hasta 2027 y, además, la traducción solo sería obligatoria para los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que no llega al 3 % de los actos jurídicos de la UE de la pasada legislatura. Otra cosa es que Junts se conformara con eso.
Además, en los últimos días Alberto Núñez Feijóo se ha arremangado para impedir que Sánchez y Carles Puigdemont se salgan con la suya, hablando directamente con sus colegas del PP europeo. El PPE tiene 14 primeros ministros y bastaría con que uno de esos gobiernos se oponga para que el castillo de naipes de Sánchez caiga, aunque los populares confían en que sean más de uno. Este lunes, en el PP se mostraban confiados, aunque sin dar nada por sentado.
Si el Gobierno gana la votación se apuntará el tanto y, si pierde, lo achacará al boicot del PP
Por lo pronto, en la Moncloa ya tienen preparado el argumentario, tanto si la moneda cae de cara como si resulta ser cruz. Si ganan la votación será mérito suyo y de su intenso trabajo en defensa de la pluralidad española. Si la pierden será culpa del PP, al que acusarán de haber maniobrado con sus socios del PP europeo para boicotear la oficialidad de las tres lenguas.
De hecho, los socialistas ya empezaron ayer a utilizar el comodín del antipatriotismo del PP, que ya usaron cuando los populares trataron de frenar la designación de Teresa Ribera como vicepresidenta primera de la Comisión Europea. Hay una tercera opción: el Ejecutivo español tiene la posibilidad de retirar in extremis la votación del orden del día del Consejo de Asuntos Generales si ve que va a una derrota segura y no quiere que se visibilice.
El Gobierno lleva tiempo en una frenética carrera diplomática para que ningún país miembro ponga objeciones, prometiendo incluso con que España correrá con los gastos de las traducciones, calculado en 132 millones de euros al año. Ahora bien, ¿con qué métodos? El Financial Times publicó este lunes una información en la que fuentes diplomáticas acusaban al Ejecutivo de Sánchez de emplear el chantaje con los países bálticos, amenazándolos con replantearse su ayuda militar si a alguno de ellos se le ocurre oponerse en la votación de este martes. Desde Exteriores la desmintieron: «El compromiso de España con la seguridad del Este de Europa es firme e incondicional», aseguraron desde el departamento de Albares.
Pase lo que pase, el Gobierno ha querido demostrar a Junts que ha puesto todo de su parte para cumplir un compromiso que, por otra parte, cuando Sánchez adquirió ya sabía que dependía de él cumplir. Y eso es algo que también sabía Puigdemont desde el principio, aunque en público no acostumbre a ser comprensivo con el presidente del Ejecutivo.
La de la oficialidad del catalán en la UE será la primera de las dos pruebas a las que Junts someterá la legislatura en las próximas semanas. La segunda y más importante será la decisión que tome el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido sobre la amnistía en el pleno del 24 de junio. De ambas dependerá cómo termine el curso y empiece el próximo.