Banderas frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo
El Gobierno plantea ahora una oficialidad light del catalán y euskera para convencer a la Unión Europea
Pretende que a partir de 2027 solo se traduzca obligatoriamente de toda la legislación europea, los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, menos del 3 % de los actos jurídicos
El Gobierno de Pedro Sánchez continua empeñado en que se use el catalán, el euskera y el gallego en las instituciones de la Unión Europea, que sean reconocidos como idiomas oficiales. Aunque ese empeño es más que nada una imposición de los independentistas de Junts y ERC, de cuyos votos depende Pedro Sánchez.
Tan desesperada es el ansia por retener el apoyo independentista que el Gobierno ha presentado una nueva propuesta a los países de la Unión Europea que, muy probablemente, ni tan siquiera acepten los catalanes.
Propone una modificación del marco lingüístico para ampliar el paraguas a las tres lenguas cooficiales a partir de 2027. La reforma incluiría una «derogación» inmediata por la que las instituciones de la Unión Europea no estarán obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en catalán, euskera y gallego. A partir de esa fecha únicamente se traducirían de toda la legislación comunitaria los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que en la última legislatura supuso menos del 3% de todos los actos jurídicos.
La propuesta matiza que este freno no afectará a los reglamentos, es decir, a las normas que, a diferencia de otros actos jurídicos como las directivas, son de aplicación directa en toda la UE y no necesitan transposición nacional. Según las estadísticas de la UE, en la última legislatura, se tramitaron un total de 12.065 actos jurídicos de los que el 2,6% (316) fueron reglamentos.
Además, para superar las reservas de los países con dudas sobre el coste de la reforma, el Gobierno añade una declaración en la que afirma que será España quien asuma todos los costes de la oficialidad del catalán, euskera y gallego, aunque no pone por el momento una cifra de lo que supondría. Este compromiso figura como un considerando, frente al marco actual, que establece que la oficialidad corre a cargo de las arcas comunitarias.
A falta de un plan detallado de cómo aplicar en la práctica el paso de 24 a 27 lenguas oficiales, España apunta que «en los próximos meses» y «antes de que se aplique el acuerdo» se coordinará con las instituciones de la UE para presentar al Consejo una propuesta de los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para «no aplicar o reducir gradualmente» la derogación prevista en el reglamento para cada una de las tres lenguas.
El asunto se mantiene en la agenda como punto para «adopción» en el Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE del martes, 27 de mayo, aunque se trata de una reforma que requiere la unanimidad de los Estados miembro y plantea dudas legales y financieras no resueltas para varias delegaciones, según han indicado a Europa Press distintas fuentes diplomáticas.
